Nueva infraestructura digital
¿Qué es la "nube pública soberana" que se construirá en Catalunya?
La apuesta por infraestructuras europeas de cloud busca garantizar el control y la protección de los datos frente a posibles usos coactivos por parte de gobiernos extranjeros, reforzando el control comunitario

Vista de la Región Cloud de Microsoft en Aragón. / Microsoft

La Generalitat de Catalunya ha anunciado este martes que invertirá 481 millones de euros en la creación de una "nube pública soberana" que sostenga de forma segura los servicios digitales de la administración catalana, así como del sector privado. Pero, ¿de qué se trata realmente este proyecto?
Todo lo que haces en Internet se sostiene sobre la nube, un concepto etéreo que sobre el terreno se traduce en infraestructuras colosales llenas de servidores informáticos que almacenan grandes volúmenes de datos y realizan cálculos sin descanso para que puedas mandar correos electrónicos, acceder a las redes sociales, ver series o utilizar aplicaciones de inteligencia artificial. Sin estos sistemas, el mundo digital se hunde, también los servicios digitales de la administración pública.
Durante las dos últimas décadas, la Unión Europea ha dependido de proveedores de cloud extranjeros para gestionar los datos de sus ciudadanos, también los más sensibles. Casi un 70% de la nube europea está en manos de Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud. Esa dependencia tecnológica de Estados Unidos ha pasado a ser vista como una amenaza, especialmente tras el regreso al poder de Donald Trump, que no ha dudado en utilizarla como herramienta de coacción.
Soberanía como tendencia
Ese contexto explica que cada vez más países y regiones de la UE, también Catalunya, apuesten por empresas europeas de computación en la nube que permitan un control total de los datos y que pongan su gestión bajo la jurisdicción comunitaria. La Generalitat define su proyecto de "nube pública soberana" como "una infraestructura estratégica que sitúa al país como líder en el desarrollo de servicios digitales alineados con las estrategias europeas".
Con ello, las administraciones públicas quieren garantizar que la información que gestionan cumple con leyes como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), pero, sobre todo, que no se envía a terceros países como EEUU que no tienen el mismo respeto a la privacidad. Y es que la Cloud Act estadounidense, una ley aprobada en 2018, obliga a las empresas tecnológicas a facilitar el acceso del Gobierno a los datos que gestionan —tanto dentro como fuera del país— con una solicitud gubernamental válida.
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