El Gobierno aprueba la inversión de 719 millones de euros para impulsar la gigafactoría europea de IA en Tarragona

El Gobierno ha formalizado este martes la candidatura de España para acoger una de las cinco gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea. El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión pública de 719 millones de euros para desplegar este ambicioso proyecto en Móra la Nova (Tarragona), con un apéndice en San Fernando de Henares (Madrid). Una candidatura "multisede", según la ha calificado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacando la apuesta por la "soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en una forma de IA fiable y sostenible".

La reunión ministerial de este mediodía ha servido para dar a luz la sociedad mercantil que se encargará de desarrollar y gestionar esta infraestructura, siempre que la candidatura española sea una de las seleccionadas por Bruselas. A través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), el Ejecutivo de Pedro Sánchez se hará con una participación del 47,99%.

"Esta inversión es una apuesta del Gobierno de España por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en IA fiable y sostenible", ha señalado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un comunicado. "Tener acceso europeo a cómputo avanzado supone que nuestras pymes y grandes empresas puedan innovar más rápido y competir mejor; que nuestra ciencia disponga de una infraestructura que hoy es escasa y muy cara y que las administraciones puedan desarrollar servicios públicos más avanzados y seguros".

Esta inversión es una apuesta del Gobierno de España por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en IA fiable y sostenible

Óscar López

— ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

La Generalitat de Catalunya también formará parte de este proyecto estratégico y contará con una participación 1% en la fase inicial. Aunque el Govern de Salvador Illa aún no ha confirmado una cifra, la aportación económica catalana podría ascender a unos 15 millones de euros. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Consell Executiu también aprobará este martes la constitución de una sociedad mercantil cuyo domicilio social estará fijado en Móra la Nova. De contar con el beneplácito europeo, la gigafactoría de la IA se construirá sobre un solar del polígono industrial de El Molló.

Consorcio en manos privadas

El consorcio público-privado de la gigafactoría de IA también estará formado por Telefónica, que ha liderado la propuesta; Banco Santander y ACS, el gigante de la construcción propiedad de Florentino Pérez. Estos tres inversores controlarán de forma conjunta el 47% del capital, con una participación individual del 15,67% cada uno, según adelanta Expansión. Aunque las tres compañías no han confirmado las cifras de su inversión en el proyecto, su participación apunta a que podría situarse alrededor de 235 millones de euros cada una.

La sociedad creada hoy por el Gobierno estará controlada por el bloque privado, que ostentará el 51% del capital gracias a la entrada de la compañía vasca de IA cuántica Multiverse Computing, que tendrá una participación del 4%. Las autoridades abren la puerta a que otros socios privados puedan incorporarse al proyecto más adelante.

La iniciativa está siendo dirigida el directivo catalán Francesc Fajula, que dejó su cargo como consejero delegado de Mobile World Capital Barcelona para dedicarse "a tiempo completo" a ello, según adelantó La Vanguardia y confirmó EL PERIÓDICO.

Proyecto europeo de soberanía

La candidatura española de Móra la Nova responde a la propuesta de la Comisión Europea de movilizar hasta 20.000 millones de euros para la construcción de varias gigafactorías de la IA. Bruselas ve en estas infraestructuras colosales habitadas por servidores informáticos la respuesta para disparar la potencia computacional del continente y reforzar así su autonomía estratégica en un momento de creciente dependencia tecnológica de países como Estados Unidos o China. Ese objetivo explica que la recién anunciada estrategia de soberanía digital de la UE quiera adelgazar la normativa para agilizar la construcción de centros de datos en Europa y triplicar su capacidad en los próximos cinco a siete años.

El Ejecutivo de Ursula von der Leyen anunció la iniciativa en febrero de 2025 y, tras recibir 77 candidaturas de 16 Estados miembros, fechó para finales del año pasado el plazo para la convocatoria de un concurso público. Sin embargo, este se ha ido retrasando y no se lanzará hasta las primeras dos semanas de julio. Será entonces cuando se detallarán las cláusulas para aspirar a alojar una de las gigafactorías y tanto las administraciones públicas como los actores privados involucrados deberán elaborar su propuesta formal de candidatura, explican fuentes internas a EL PERIÓDICO. La resolución europea debería dictarse a finales de 2026.

El plan de la Comisión también podría variar. Y es que, según un documento interno filtrado al portal Euractiv, Bruselas estaría considerando dejar atrás la misión de desplegar cinco centros con más de 100.000 chips de IA cada uno, para abrazar un mayor número de infraestructuras con una potencia de cálculo más limitada.

Dudas sobre su impacto

Aunque las administraciones y el sector privado defienden la necesidad de apostar por una gigafactoría de la IA, también existen dudas sobre su impacto. Hasta un 46,2% de los economistas de Tarragona cree que el despliegue de esa nave industrial "puede tener efectos beneficiosos, pero con retos a gestionar", según una encuesta elaborada por el Colegio de Economistas de Catalunya.

Algunos vecinos de Móra la Nova tienen clara su oposición al proyecto. La recién creada plataforma ciudadana 'Aturem la gigafactoria d’IA', formada por colectivos sociales, sindicales y ecologistas del territorio, han denunciado el impacto energético y laboral que podría tener. En declaraciones al portal Directa, el ingeniero e investigador del CSIC Ramon López de Mántaras, pionero de la IA en España, ha calculado que los 150 megavatios que podría consumir esta planta industrial equivaldrían a la energía que impulsa unos 350.000 hogares en Catalunya.

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