Ciberataque
Filtrados los datos personales de Ayuso y otros 47 políticos de 15 comunidades autónomas
El ataque expone información sensible de Ayuso, Moreno, Guardiola y otros diez presidentes autonómicos, así como de altos cargos y políticos de España. Su presunto responsable amenaza con nuevas filtraciones en un mensaje que cierra con un "Viva España"

Madrid. 09.04.2024. Isabel Diaz Ayuso en el Encuentro del Comercio de CEOE

Una campaña de ciberataques ha filtrado este viernes datos personales de hasta 47 políticos, muchos de ellos altos cargos, de 15 comunidades autónomas, según ha adelantado elDiario.es.
Entre los afectados por esta nueva violación de la privacidad de la clase política en España destacan Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; José Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía; María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura; Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León; Imanol Pradales, lehendakari del País Vasco; Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Comunidad Valenciana; María Chivite, presidenta de Navarra o Jorge Azcón; presidente de Aragón.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Transportes, Óscar Puente y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante una atención a medios, a 19 de enero de 2026 en Adamuz, Córdoba. / Joaquin Corchero - Europa Press
Datos expuestos
La filtración se ha producido en un portal de Internet especializado en publicar información sensible de las víctimas. El material expuesto sobre cada uno de los políticos atacados varía. Así, en el caso de Ayuso solo llega a su correo electrónico personal, mientras que en el de Pradales podría afectar a una persona que el atacante ha identificado como su pareja.
Los datos más repetidos en esta filtración masiva son el teléfono móvil y el DNI de esos y otros políticos autonómicos. En algunos casos, incluso se muestran detalles personales como la dirección de su vivienda, el número de su cuenta bancaria, la matrícula de su coche e incluso el código del contador del gas.
Esta práctica de revelación de identidad, habitual entre cibercriminales y conocida como doxeo o doxing, puede ser considerada como un delito contra la intimidad, amenazas, coacciones o incluso terrorismo. Este último sería el ataque que dos jóvenes de 19 años perpetraron el año pasado para filtrar en Telegram datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de ministros como Margarita Robles o José Manuel Albares. La Audiencia Nacional ha investigado en secreto ese caso por delitos de ciberterrorismo.

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez speaks during a media conference at the end of the EU summit in Brussels, Friday, Jan. 23, 2026. (AP Photo/Omar Havana) / Omar Havana / AP
¿Quién está detrás?
El autor de este ataque se identifica como 'Eurogosth'. Aunque no ha dejado pistas sobre la motivación de sus acciones, sí ha compartido un mensaje de amenaza a otros políticos. "Sé que faltan CCAA, no se van a salvar, dentro de poco haré la V2 [versión 2] de esta db [base de datos], probablemente con familiares, o sin familiares, no lo sé, no afirmo nada. Viva España". Según indica elDiario.es, entre los afectados hay consejeros autonómicos del PSOE, PSC o Coalición Canaria, pero ninguno de Vox.
Ataques por Adamuz
Esta filtración llega pocas horas después que un nuevo ataque lograse extraer datos personales de cuatro altos cargos del Ministerio de Transporte español, entre ellos el ministro Óscar Puente; el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; y el actual presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.
El autor de ese último ataque, apodado 'Vindex', difundió sus documentos de identidad, números de teléfono y direcciones de su domicilio en un portal de piratería informática, un robo que aparentemente perpetraron como castigo al trágico accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 42 personas. El ciberdelincuente describía a sus víctimas como "los culpables" del mortal descarrilamiento y las acusaba de "las desastrosas instalaciones del tercer mundo que causan averías y accidentes mortales". La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre el caso.
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