Competencia
La Comisión Europea impone una multa de 800 millones de euros a Meta por violar las leyes antimonopolio
Bruselas acusa a Meta de vulnerar la ley de la competencia

Edificio de Meta

Duro revés a Meta. La Comisión Europea ha impuesto este jueves una multa de 797,72 millones de euros al gigante de las redes sociales por haber incumplido las leyes antimonopolio de la Unión Europea.
En un comunicado, Bruselas denuncia que la compañía estadounidense abusó de su posición dominante al vincular su servicio de anuncios clasificados en línea Facebook Marketplace a Facebook, de manera que todos los usuarios de la famosa red social quedan expuestos a su plataforma de compraventa de productos aunque no lo quieran. También señala que Facebook Marketplace tiene "una ventaja sustancial de distribución que los competidores no pueden igualar".
Además, el Ejecutivo comunitario concluye que la empresa también incurrió en prácticas abusivas al imponer de forma unilateral condiciones comerciales desleales a otros proveedores de servicios de anuncios en línea que se anuncian en sus plataformas, principalmente Facebook e Instagram. Eso, remarca el comunicado, "permite a Meta utilizar datos relacionados con anuncios generados por otros anunciantes en beneficio exclusivo de Facebook Marketplace".
La CE exige a Meta, también propietaria de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, que ponga fin a esa conducta y adopte cambios en su forma de operar para dejar de infringir el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. "Esto es ilegal según las normas antimonopolio de la UE", ha apuntado Margrethe Vestager, Vicepresidenta Ejecutiva responsable de la política de competencia.
Para fijar esa sanción económica de casi 800 millones de euros, Bruselas tuvo en cuenta la duración y la gravedad de la infracción, así como también el volumen de negocios de Facebook Marketplace y el de Meta.
Meta recurrirá
El gigante tecnológico dirigido por Mark Zuckerberg ya ha anunciado en un comunicado de respuesta que acudirá a los tribunales para recurrir una decisión que, asegura, "no aporta ninguna prueba de perjuicio competitivo para los rivales ni para los consumidores", que "ignora la realidad del mercado" y que "sólo servirá para proteger a los mercados tradicionales".
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