Un documento filtrado desvela que España quiere rastrear tus mensajes privados para detectar delitos

España está presionando para prohibir el cifrado de extremo a extremo y permitir que se puedan rastrear los mensajes privados, fotos y vídeos de cientos de millones de ciudadanos de la Unión Europea (UE). Así lo desvela un documento filtrado a la revista Wired que expone el posicionamiento entre bastidores de los socios europeos en relación a una controvertida ley que busca frenar la difusión en internet de contenido ilegal como el abuso sexual infantil.

Esa legislación en la que trabaja Bruselas pretende permitir a las grandes empresas tecnológicas como Google, Meta o Microsoft escanear todo lo que circula dentro de sus plataformas en busca de ilegalidades. A la práctica, eso podría acabar con la encriptación que protege las comunicaciones en aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Signal. Aunque la propuesta ha despertado la indignación de tecnólogos, juristas y defensores de la privacidad, la medida avanza.

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El documento filtrado a Wired –y que el Ministerio del Interior rechaza– se trata de una encuesta interna en la que el Consejo Europeo pide la opinión a una veintena de los miembros de club comunitario. Entre todos los posicionamientos, el de España es el "más radical". "En nuestra opinión, lo ideal sería impedir por ley que los proveedores de servicios con sede en la UE apliquen el cifrado de extremo a extremo", señalan los técnicos del Gobierno español en el texto, revisado por EL PERIÓDICO.

Agilizar el trabajo a la policía

Ese tipo de cifrado –recomendado por la ley europea de protección de datos y que usan muchas de las principales aplicaciones de mensajería instantánea– es el que permite que sólo el emisor y el receptor de un mensaje puedan leerlo, nadie más. La encriptación evita que tus comunicaciones puedan ser interceptadas por estafadores, pero también dificulta a la policía cuando busca contenido ilegal, como pornografía infantil.

El reglamento en construcción pretende despojar los mensajes de esa capa de protección con el objetivo de agilizar la captación de contenido ilegal. Así, podría obligarse a las empresas tecnológicas a escanear y desencriptar de forma automatizada los mensajes, fotos y vídeos de sus usuarios que puedan incluir abuso sexual infantil. Esos archivos serían después comparados con las bases de datos gubernamentales que albergan material de abuso infantil para poder detectar coincidencias.

"La autoridad encargada de hacer cumplir la ley podría solicitar acceso al material cifrado y, si el proveedor de servicios de Internet se niega a proporcionarlo, la autoridad podría presentar una orden judicial para obtener acceso a los datos cifrados", según especifica la posición española. Esa detección automática de los contenidos interpersonales, eso sí, debería ser "informada al usuario en las condiciones de uso de los servicios, para no vulnerar su derecho a la intimidad.

"Las autoridades policiales deben disponer de los medios necesarios para poder seguir cumpliendo sus obligaciones legales ahora que muchos delincuentes se han trasladado al mundo virtual", reza en el capítulo del documento dedicado a España. "Es imperativo que tengamos acceso a los datos y es igualmente imperativo que tengamos la capacidad de analizarlos, por grande que sea su volumen".

El Ministerio lo niega

Fuentes conocedoras de la elaboración de la ley han matizado a 'El Confidencial' que en el documento filtrado solo se refleja el punto de vista de "los altos cargos técnicos de Policía Nacional y Guardia Civil, que sí impulsan la eliminación o prohibición del cifrado", mientras que la posición española de conjunto "aboga por no tocar el cifrado".

Consultado por este diario, el Ministerio del Interior ha negado que el documento sea real y que no recoge su posición ni la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, Wired asegura en su artículo que "ningún Estado negó su veracidad".El Ministerio también señala que su objetivo es dar un "mayor poder para acceder a las comunicaciones bajo orden legal" y obligar a las grandes tecnológicas a colaborar con las autoridades judiciales en la detección de pederastia y abuso sexual 'online'. En alguna ocasión, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido a las comunicaciones encriptadas como "amenaza".

Denuncias de la sociedad civil

Sin embargo, son muchas las organizaciones de la sociedad civil que han denunciado que esta ley no solo violará el derecho de privacidad de los ciudadanos, sino que su aplicación no será útil para combatir el abuso sexual infantil. "La tecnología no funciona bien. Y lanzar un sistema con 'espías en los bolsillos' es simplemente un error, incluso cuando se hace en nombre de la protección de los niños", reza un comunicado de la Electronic Frontier Foundation. Más de 118 oenegés europeas han firmado una carta oponiéndose a esta draconiana medida.

La encuesta interna filtrada revela un fuerte apoyo entre los países de la UE a esa polémica ley. De los 20 países encuestados, 15 ven con buenos ojos el escaneo de comunicaciones privadas cifradas en busca de contenidos ilegales.