Plataformas digitales
Acusan a Uber, Cabify y Bolt de ser "opacos" con las propinas de sus conductores
Una auditoría en la que participan taxistas, 'riders' y organizaciones de autónomos sugiere que las VTC en España actúan como un posible cártel para pactar precios
Carles Planas Bou
Periodista
Periodista tecnológico entre el mundo digital y la política internacional. Centrado en capitalismo de plataformas, IA, vigilancia y derechos digitales. Excorresponsal en Berlín durante más de cuatro años, cubrió los gobiernos de Merkel, la crisis de los refugiados y el auge de la extrema derecha. También ha trabajado en Europa Central y en Canadá. Graduado en Periodismo por la URL y máster en Relaciones Internacionales por la UAB. Ha colaborado con TV3, TVE, Deutsche Welle, Catalunya Ràdio, El Orden Mundial o El Salto.
Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
La opacidad de los algoritmos que usan Uber, Cabify y Bolt dificultan saber si esas empresas podrían estar violando la legislación española. Así lo denuncia una auditoría externa realizada por una alianza entre una consultoría algorítmica, taxistas, 'riders' y organizaciones en defensa de los trabajadores autónomos que ha sido presentada este miércoles. Los resultados de este informe "sugieren" —aunque no demuestran— una posible triple infracción de las leyes de trabajo, competencia y protección del consumidor.
La auditoría ha sido realizada por Eticas, consultora de investigación algorítmica liderada por Gemma Galdón-Clavell, una de las expertas de cabecera del Ministerio de Trabajo en lo que a algoritmos se refiere, junto al lobi del taxi Taxi Project 2.0 y el Observatorio de Trabajo, Algoritmos y Sociedad (OTAS), una alianza entre taxistas, 'riders' y organizaciones de autónomos. Estos dos últimos proyectos están encabezados por el activista del taxi Tito Álvarez.
Opacidad con las propinas
La auditoría denuncia que Uber, Cabify y Bolt se sirven de algoritmos opacos para crear perfiles de los trabajadores. Y, a través de estos, deciden su salario y ello "puede dar lugar a discriminación de empleados en caso de baja por motivos legalmente protegidos", lo que supondría una ilegalidad. Es por eso que, según ha avanzado Álvarez en rueda de prensa, en abril presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que tome las medidas oportunas.
Además, afirma que un conductor de alguna de estas plataformas no puede saber de manera detallada qué parte de su sueldo lo forman las propinas que recibe de sus clientes a final de mes. Y, en consecuencia, tener la certeza de que las cobra todas. En Estados Unidos, por ejemplo, la justicia probó que el 40% de las propinas se las quedaba la multinacional. En España se desconoce de qué porcentaje se trataría.
Fuentes consultadas de Uber afirman que los conductores reciben un mensaje cada vez que finalizan un trayecto con la propina que les ha dejado el pasajero. Desde Cabify alegan lo mismo y que toda la información está concretada en la aplicación, tal como refuerzan con capturas de pantalla del aplicativo.
No obstante, la mayoría de conductores operan a través de una empresa que gestiona las licencias VTC, que es la que les remite a final de mes la nómina y decide cómo de explícita es la misma. Desde Uber y Cabify insisten en que, por contrato, todas las empresa con las que trabajan están obligadas a detallar esta cuestión a sus empleados.
"No sabemos de qué depende el salario", reconoce a EL PERIÓDICO uno de los autores del estudio. "Queríamos poner en el punto de mira que hay servicios no transparentes al remunerar a los trabajadores y eso ya genera desigualdad al competir con el taxi".
Impacto sobre la competencia
La auditoría "sugiere" que esas plataformas de transporte colectivo podrían estar actuando como un cártel, es decir, fijando precios de forma indirecta mediante el uso de sus algoritmos. La auditoría encuentra indicios especialmente en algunas de las rutas más importantes de Madrid y Sevilla. Eso, apuntan, permitiría a estas compañías influir en el precio de los viajes "de manera que perjudique la elección del consumidor incluso en ausencia de un cártel establecido para fijar los precios".
El estudio apunta más a ser un toque de atención a las autoridades para que investiguen a las plataformas VTC que no evidencias que presentar ante un tribunal. "Hemos usado una muestra pequeña de datos que nos han mandado usuarios de Uber, por eso esa parte está cogida con pinzas. Los datos analizados presentan indicios de sesgos, pero no podemos afirmarlo con rotundidad", añade ese autor.
A diferencia de los taxis, Uber, Cabify y Bolt establecen la tarifa de un trayecto mediante un algoritmo que tiene en cuenta la oferta y la demanda. Ese 'precio dinámico' ha llevado a situaciones controvertidas en las que los usuarios denuncian precios desorbitados. La Ley de Defensa de la Competencia prohíbe la fijación directa o indirecta de precios, con lo que esa influencia algorítmica en el coste final del viaje, sospechan los autores del informe, podría suponer una ilegalidad.
"Con los algoritmos, las empresas ya no tienen que sentarse alrededor de una mesa para acordar precios o repartirse el mercado", afirma el economista Sergi Cutillas, autor de la informe. Aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desestimó dos denuncias similares en 2018 y 2019, los responsables de la auditoría creen que es necesaria una "mayor investigación".
La auditoría también apunta a otra "posible discriminación", en este caso geográfica y socioeconómica, que perjudicaría a los barrios más pobres de las localidades en las que operan Uber, Cabify y Bolt. De nuevo, se trata más de una sospecha que de un hecho constatado. "La naturaleza opaca de los algoritmos de fijación de precios utilizados hace difícil determinar si se basan en criterios objetivos para las diferencias en las condiciones de acceso, pero nuestro análisis preliminar sugiere que esta cuestión merece una mayor investigación desde una perspectiva tanto jurídica como social", reza el informe.
A pesar de encabezar esta auditoría, son los taxistas los que actualmente están en el punto de mira de la Autoritat Catalana de Competència, que tiene abierto un expediente sancionador contra Taxi Project y Élite Taxi por un supuesto boicot a Uber cuando esta quiso volver a Barcelona como empresa de intermediación de taxis. Ese expediente debería resolverse antes de mediados de junio y podría terminar con una sanción de 122.000 euros, según informa Carlos Márquez Daniel.
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