Tarragona aprueba, con los votos de PSC, Junts y PP, actuar como acusación para "expulsar" a multirreincidentes de la ciudad

El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado este viernes una moción que pide al consistorio ser parte acusatoria en los procesos penales que juzguen casos de hurtos en delincuentes multirreincidentes, con el objetivo de prohibirles acceder en determinados barrios o llegar a expulsarlos del municipio. El texto, que no tiene carácter vinculante pero que se adhiere a la ley contra la multirreincidencia aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados, estaba presentada por Junts per Tarragona y se ha aprobado con los votos a favor del PSC y el PP.

La Ley 1/2026, de 8 de abril, afecta directamente a los ayuntamientos en materia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y les permite convertirse en acusación en los juicios por hurtos, especialmente si se trata de casos de multirreincidencia delictiva. Amparándose en este texto legislativo, que abre la puerta a que los municipios ejerzan la acusación penal y que pidan a los tribunales medidas cautelares como la prohibición de acceder a determinadas zonas, barrios, o calles argumentando la reiteración delictiva, Junts ha presentado una moción en el pleno de este viernes para que el consistorio tarraconense asuma esta posibilidad.

"El que la hace, la paga"

"Cuando atacan a un tarraconense, atacan a Tarragona, el objetivo es poder luchar contra aquellos que se pasan la ley por el forro", ha defendido el portavoz de Junts en el pleno, Jordi Sendra, que ha afirmado: "Quién la hace, la paga". El texto insta a la alcaldía a "encargar a los servicios jurídicos municipales o a letrados externos la elaboración de un protocolo de selección de casos" que se base en "criterios objetivos, públicos y no discriminatorios", y en este sentido, Sendra ha señalado, en referencia al alcalde Rubén Viñuales (PSC), que "sabrá imponer el orden en nuestra casa".

Este protocolo deberá tener en cuenta los casos en los que existan por los menos tres condenas ejecutorias previas y que el hurto se haya cometido necesariamente dentro del término municipal de Tarragona. La moción también prevé la "habilitación de dotación presupuestaria específica" para afrontar estas acciones penales municipales, los costos procesales y el seguimiento de los casos, sin llegar a concretar la cantidad económica. Sendra utiliza la prohibición de acceder a determinados barrios o zonas como la herramienta para "expulsar" a los ladrones multirreincidentes de Tarragona.

En el debate de la moción, el alcalde Viñuales ha puntualizado que la Guàrdia Urbana de Tarragona tiene acceso a la base de datos SIRAJ, de medidas judiciales, antecedentes y delitos. "Tenemos potestad para saber si un ladrón es multirreincidente", ha avisado Viñuales, que ha asegurado que, en temas de seguridad, "si podemos ayudar desde el Ayuntamiento, lo haremos".

Apoyos y rechazos políticos

El texto ha recibido el apoyo del PP y del PSC, partido que gobierna en Tarragona; los votos en contra de En Comú Podem (ECP) y los concejales no adscritos; y las abstenciones de ERC y Vox. Así, la moción se ha aprobado con 14 síes, 5 noes y 6 abstenciones.

Desde el gobierno local, Sandra Ramos (PSC) ha dicho que es necesario abordar problemas de seguridad "desde la izquierda" y que la sensación es que la multirreincidencia provoca "la degradación de las instituciones públicas", con lo que la extrema derecha gana terreno. Desde el PP, Maria Mercè Martorell ha defendido del voto a favor porque la multirreincidencia "preocupa y mucho a la sociedad" pero ha avisado que la situación no mejorará sin un cambio legislativo.

Al frente, Jordi Collado (ECP) ha afeado a Sendra hacer "lo más próximo a lo que haría Aliança Catalana" y ha vaticinado que la moción carecerá de efectos "porque cuando se empiece a aplicar veremos la magnitud de la burocracia que representa". "Esto no pasará de una declaración en el pleno", ha dicho. Los concejales no adscritos, exmiembros de Vox, Javier Gómez y Jaime Duque, han señalado las dudas que genera la moción, como "la coordinación con fiscalía, el papel de los cuerpos judiciales y los costes económicos".

ERC se ha abstenido porque, a pesar de "compartir la preocupación por la multirreincidencia y los problemas de seguridad" aseguran que "el problema es el sistema judicial, que no puede dar una respuesta ágil", en palabras de Maria Roig, que también ha calificado la moción como un "gesto político" sin consecuencias. La concejal de Vox, Judit Gómez, ha criticado que la medida "llega tarde y es insuficiente" porque no responde a la "raíz del problema, la inmigración masiva".

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