La residencia ICASS de Reus será demolida en 2027 para dar paso a un nuevo centro asistencial

La Generalitat de Catalunya, el Gobierno y el Ayuntamiento de Reus han desbloqueado la situación de la residencia pública de ancianos ICASS, situada en el norte de la ciudad. Un nuevo compromiso de las tres administraciones marca que el centro, que lleva más de un año y medio cerrado, deberá ser derribado en 2027, y que posteriormente el Govern construirá una nueva residencia, esta vez "adaptada al modelo residencial" catalán. La consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha desvinculado las acciones de la nueva residencia de la aprobación de los presupuestos catalanes y ha señalado que es "una prioridad" para el Govern.

La residencia ICASS, situada en la avenida Segle XX del norte de la capital del Baix Camp, cerró sus puertas en 2024 y dejó en la calle a las familias a las que prestaba servicio. Desde entonces, más de un año y medio con la situación bloqueada, el centro se ha mantenido igual a la espera de una decisión por parte de la Generalitat, titular del equipamiento, y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), propietaria de los terrenos. Esta división, según Martínez Bravo, es la que ha alargado los trámites administrativos.

Este miércoles por la tarde, la consellera ha visitado el Ayuntamiento de Reus para anunciar el acuerdo a tres partes para desbloquear la situación y agilizar estos procedimientos. Martínez Bravo ha comparecido acompañada de la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y de la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero. El acuerdo contempla una doble licitación: por una parte, el derribo de la actual residencia, que deberá ser efectiva en un año, y la construcción de un nuevo centro.

Un nuevo centro para un nuevo modelo

"Tenemos que explicar a la ciudadanía que los trámites no son fáciles ni rápidos, esperamos que a inicios del 2027 tengamos la licitación hecha para poder proceder a la demolición de la antigua residencia", ha explicado la titular de Drets Socials, que ha revelado que el Govern ha descartado la rehabilitación del edificio por razones presupuestarias y arquitectónicas: "La reforma no era ideal porque la rehabilitación era extremadamente cara, teníamos unas instalaciones de una residencia de hace años".

La proyección de la nueva residencia en la misma ubicación permitirá que el equipamiento esté "adaptado al modelo asistencial", que según la consellera destaca por "unos nuevos estándares de calidad, sostenibilidad y con pequeñas unidades de convivencia que afectan positivamente a la calidad asistencial. Martínez Bravo se ha comprometido, desde los departamentos de Drets Socials y Territori de la Generalitat, a "agilizar los trámites" tanto del derribo, que debería ser a lo largo del año 2027, como de la construcción, que todavía no tiene fecha de inicio. Hace dos años, el plazo que se dio el Govern fue de cuatro años para reabrir nuevamente el centro.

La alcaldesa Sandra Guaita ha reconocido que "no se trata de una competencia municipal, sino de incumbencia municipal" y ha aprovechado para reclamar "una residencia del siglo XXI". Por su parte, la subdelegada Romero ha hecho referencia a los "procesos garantistas" ya realizados y ha reivindicado que la atención a la gente mayor "es una prioridad".

Presupuesto asegurado

Martínez Bravo ha rechazado imponer calendarios más allá que la licitación del derribo debería estar lista a principios del año que viene, pero también ha asegurado que "la residencia es prioritaria" para el Govern, lo que garantiza liquidez económica para su construcción. "Debemos ver el proyecto técnico y las necesidades del terreno; la partida de presupuestos de inversión es sólida, la residencia no dependerá de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat", ha dicho.

Con el desbloqueo de la situación de la residencia ICASS, tanto el Govern como el Ayuntamiento quieren entablar conversaciones con las asociaciones de familias y usuarios del antiguo centro para hacerles saber los próximos pasos. El acuerdo al que se ha llegado es que la propiedad de los terrenos la mantendrá el Estado, por medio de la TGSS, y que la titularidad de la nueva residencia será de la Generalitat.

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