Tarragona exigirá el catalán en la rotulación de nuevos comercios y estudia ayudas económicas

El Ayuntamiento de Tarragona está trabajando en una nueva ordenanza de obras y licencias que contará con una cláusula lingüística para rotular en catalán en los nuevos comercios de la ciudad. La intención del consistorio y del grupo municipal con el que se ha pactado esta inclusión en la nueva ordenanza, Junts, es presentarla antes de este mismo verano, y se abre la posibilidad a contar con ayudas económicas municipales para garantizar que la información de los establecimientos esté en catalán.

En octubre del año pasado, el gobierno local del PSC pactó con Junts la modificación de la ordenanza de obras con el objetivo de agilizar y facilitar los trámites para conseguir licencias y reducir el tiempo de respuesta de la Administración. Esta sustituirá la actual ordenanza sobre el régimen de comunicación previa de obras. Ahora, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el texto de esta nueva ordenanza contendrá una cláusula lingüística que reforzará algo que ya es obligatorio en Catalunya, como la rotulación en catalán de los comercios, sin perjuicio de que puedan usarse otros idiomas. Así lo están promoviendo desde Junts, que aseguran que solo se trata de "aplicar al municipio" la legislación actual.

Aplicar la ley

La Ley catalana 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística, dispone claramente que "la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para los usuarios y consumidores de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, como mínimo, en catalán". De hecho, desde el consistorio ya se recuerda, por escrito, el cumplimiento de esta ley a los ciudadanos que realizan una petición, cuando los servicios técnicos municipales emiten un informe favorable.

Sin embargo, desde el partido independentista aseguran que muchos de los comercios de Tarragona están al margen de la ley y que el catalán en la rotulación brilla por su ausencia en las calles de la ciudad. En cuanto al uso de la lengua en el ámbito comercial, el estudio Ofercat de 2022 revelaba que uno de cada cinco comercios de Tarragona (un 20,5% de los analizados) incumple la ley con la rotulación identificativa, y el 37,3%, con la información del horario. El análisis, presentado hace un año, también avisaba de que solo uno de cada tres comercios de Tarragona utiliza el catalán para dirigirse a los clientes.

Por ahora, cuando un negocio nuevo quiere abrir en la ciudad, el propietario debe presentar un proyecto al Ayuntamiento junto a la petición de la licencia de actividades. El consistorio, entre otras cuestiones, puede preguntar si el proyecto contempla la información y la rotulación en catalán y, en caso contrario, puede requerir su corrección mediante una enmienda. Según Junts, la cláusula de la nueva ordenanza irá en este sentido, estableciendo que para las nuevas licencias será preceptivo especificar que se incluirá el catalán en el exterior y en los documentos informativos del establecimiento. Cabe añadir que la ley catalana no habilita al Ayuntamiento para sancionar en caso de incumplimiento, y esto no lo cambiará la ordenanza.

El portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Sendra, habla de un "un paso pionero" con la incorporación de la cláusula lingüística, lo que "garantizará la rotulación en catalán" de los nuevos comercios a la hora de otorgar futuras licencias de actividad. Sendra explica que el catalán es "una línea roja" desde el inicio del mandato en las negociaciones con el gobierno, y señala la reapertura de la Oficat y la futura Taula pel Català como ejemplos, lo que define como "herramientas necesarias para defender y promover la lengua con hechos". "Defender el catalán, el hilo rojo de nuestra nación, es defender la identidad de Tarragona y hacer cumplir la ley", afirma el portavoz.

Financiación municipal

En plena redacción de la ordenanza, que una vez presentada deberá seguir los cursos habituales de aprobación en el pleno y exposición pública, desde el partido independentista explican que han propuesto al Ayuntamiento que la medida cuente con ayudas económicas concretas. En este sentido, señalan la partida de 100.000 euros destinada a la promoción del catalán en los presupuestos de 2026, que todavía cuenta con liquidación tras la ampliación de cursos del Oficat. Junts avisa que se deberá "materializar en un futuro", pero que la intención pasa por destinar parte de ese dinero a ayudar a los nuevos comercios a cumplir con la obligación de rotular en catalán.

Sería con una normativa paralela a la ordenanza, que todavía se tiene que analizar por parte del Ayuntamiento y en la que será necesario un cálculo aproximado de la demanda y los topes, pero desde Junts subrayan como importante esta aportación, y recuerdan que cualquier comercio que no cumpla con la ley puede ser denunciado a la oficina municipal de información en consumo. Se abre la puerta, de esta forma, a que el consistorio contribuya con los gastos de una rotulación mayor o de ofrecer más cartas de menú: sin ir más lejos, dentro del Oficat ya existe el servicio de traducción de cartas para los establecimientos.

Posición de los partidos locales

Preguntados por este medio, los grupos municipales de ERC y los Comuns se han mostrado a favor de la regulación y el PP rechaza la "imposición". Maria Roig (ERC) celebra que la apuesta por el catalán esté en la ordenanza de licencias: "Valoramos positivamente el fomento de la presencia del catalán en el comercio y apoyar para que la rotulación en catalán sea una realidad en la ciudad". En este sentido, Roig recuerda la aprobación de una moción de ERC, el pasado abril, que abogaba por el impulso de la lengua catalana en la ciudad, en especial en el entorno comercial.

Desde En Comú Podem, Jordi Collado se muestra muy a favor de la cláusula lingüística: "Es imprescindible proteger el catalán y nos parece buena idea acompañar y financiar a los pequeños comercios", asegura el portavoz, que rechaza "trincheras identitarias": "El catalanismo político debemos entenderlo mediante la construcción con propuestas".

Y en el PP, Maria Mercè Martorell evita manifestarse en contra pero apela al "poder de decisión de cada empresario" para que rotule su negocio como quieran: "Cada uno debe tener la libertad para escoger, las imposiciones muchas veces tienen el efecto contrario y lo vemos con el uso del catalán, que no para de retroceder". Martorell aprovecha para instar al ayuntamiento a "agilizar las licencias, que es lo que más preocupa a la ciudad".

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