Justícia realiza una prospección en el centro de Reus en busca de una posible fosa franquista

El Departament de Justícia de la Generalitat llevó a cabo este pasado martes una prospección en la calle Jacint Barrau de Reus con el objetivo de localizar el pozo de una posible fosa franquista situada en el entorno de la antigua fábrica de Pich i Aguilera. Con la ayuda de un georradar, los técnicos inspeccionaron varios puntos del terreno en una actuación que supuso un paso adelante en la investigación iniciada.

La intervención se centró en cuatro ubicaciones delimitadas previamente en un estudio elaborado por el Arxiu de Reus. Dos de ellas se encuentran en la propia calle Jacint Barrau, mientras que las otras dos están situadas en el patio del institut Baix Camp, cercano a las prospecciones. Una vez finalizada la inspección, la Dirección General de Memoria Democrática prevé publicar un informe con las conclusiones en un plazo de dos o tres semanas, aunque la prospección no garantiza la localización del pozo.

Los trabajos se impulsaron después de que, el pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de Reus presentara a la Generalitat de Catalunya un informe que identificaba cuatro posibles emplazamientos de fosas. En caso de localizarse el pozo, desde justícia se plantea la posibilidad de iniciar una intervención arqueológica para determinar la presencia de restos humanos y, en este caso, proceder a su exhumación y a la dignificación del espacio.

La concejal de Buen Gobierno, Transparencia y Participación de Reus, Montserrat Flores, subrayó que la investigación permite “pasar del testimonio oral a la memoria y el conocimiento, a la ubicación física del objeto y del lugar”. En la misma línea, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, destacó el trabajo del Arxiu y afirmó que esta labor permitirá delimitar “un espacio más o menos acotado” para llevar a cabo la prospección.

Un testimonio clave desde 2001

El origen de la hipótesis se remonta a 2001, cuando un vecino de Reus, Antoni Batlle, dejó constancia por escrito de la existencia de un pozo de unos dos metros y medio de diámetro y cien metros de profundidad entre la antigua Escuela del Trabajo —actual institut Baix Camp— y la fábrica de Pich i Aguilera. Según este relato, un familiar suyo descendió al pozo en 1951 y descubrió decenas de cadáveres apilados. Tras comunicarlo, el propietario decidió sellarlo.

La principal hipótesis apuntó a que estos cuerpos podrían corresponder a víctimas de la represión franquista durante los primeros meses de la posguerra. El 15 de enero de 1939, las tropas franquistas entraron en Reus y establecieron un campo de concentración de prisioneros de guerra en el edificio de la Escuela del Trabajo y en pabellones adyacentes. Diversos testimonios señalaron que algunos presos murieron a causa de las duras condiciones y los malos tratos, y que sus cuerpos podrían haber sido arrojados al pozo.

La investigación histórica acota la zona

En el último año, varios historiadores locales han trabajado para localizar este punto. Joan Olivella y Cristian Muñoz, junto con el arquitecto Miquel Pich Aguilera, bisnieto de los antiguos propietarios de la fábrica, identificaron una posible ubicación gracias a una imagen aérea de un bombardeo de la Guerra Civil. Este análisis situó el pozo en la calle Jacint Barrau, y no dentro del recinto industrial, como se creía inicialmente.

Desde el Arxiu de Reus se ha profundizado en la investigación mediante la consulta de documentación urbanística para reconstruir la evolución de la zona, que ha experimentado una gran transformación a lo largo del siglo XX. Entre los documentos aportados a Memoria Democrática figuraba un convenio entre el Ayuntamiento, la fábrica y la Escuela del Trabajo que hacía referencia a la cesión de un pozo, así como un plano con su posible ubicación. Flores remarcó que todo este trabajo permite avanzar hacia una concreción física del lugar: “Si se encuentra, será la suma de todos estos elementos y lo que permitirá dar un paso más en la investigación”, concluyó, recordando que, a partir de este punto, la competencia recae en la Dirección General de Memoria Democrática.

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