Amposta, el difícil equilibrio entre el crecimiento poblacional por la inmigración y unos Servicios Sociales de calidad

La realidad social actual de Amposta contrasta con la de hace dos décadas. Un simple paseo por el centro en un día de mercado sirve para constatar el cambio de paisaje que han conllevado 15 años de crecimiento a través de la inmigración: la capital del Montsià ha incorporado cerca de un 20% más de empadronados en los últimos diez años, con el desembarco en la ciudad de 4.000 nuevos habitantes. La administración local, con los medios propios de un consistorio de tamaño medio, ha acogido el crecimiento poblacional con los mecanismos a su alcance: servicios públicos, la vivienda y seguridad. Pero la necesidad de colaboración de administraciones de rango superior se ha convertido más bien en un grito de auxilio del gobierno local para hacer frente a una demanda disparada de Servicios Sociales.

El área de Serveis Socials i Ciutadania del Ayuntamiento de Amposta engloba, además de los servicios sociales básicos, la ayuda a jóvenes e infancia en situación vulnerable, programas de acogida para inmigrantes y la atención a la mujer y a las personas LGBTI. Portavoces locales aseguran que las prestaciones públicas "no están en peligro" pero avisan de la preocupante "situación de tensión" que provoca la ampliación de los tiempos de espera para recibir ayudas y atención municipal. El mensaje municipal es claro: "La administración pública tiene la responsabilidad de adaptar los servicios a las necesidades; culpar a la inmigración solo aumenta ciertos discursos", advierte Assumpta Eixarch, responsable del área municipal de Servicios Sociales.

La ciudad, gobernada desde hace más de 10 años por ERC con mayoría absoluta, ha destinado millones de euros a ampliar la atención social a la ciudadanía. Pero ahora el consistorio reconoce, implícitamente, que las administraciones supramunicipales deberían aportar más para que el esfuerzo no recayera tanto en los presupuestos municipales. Todas las prestaciones sociales de Amposta las gestiona el propio ayuntamiento, sin externalizar el servicio, que cuenta con 13 trabajadores: cuatro educadores, seis trabajadoras sociales y tres administrativos.

"Amposta destinó este 2025 cerca de 2,7 millones de euros a los servicios sociales, la mitad de ellos en sueldos; y desde hace diez años hemos dedicado muchos esfuerzos a poner más dinero, pero la responsabilidad de rebajar la tensión de las ayudas no debe ser solo nuestra", asegura Eixarch. Apunta que "el recurso más preciado" son los propios trabajadores: "Vocacionales, atentos y casi siempre mujeres, porque lo que más necesitan los usuarios de servicios sociales es gente que les escuche".

Amposta cuenta con cerca de 23.000 habitantes y tiene abiertos actualmente unos 2.000 expedientes, que en este caso es sinónimo de hogares, lo que significa que hay unas 4.000 personas atendidas por los servicios sociales locales. Uno de cada cinco habitantes pide ayuda, en definitiva. Entre seis trabajadoras sociales, significa una carga de centenares de expedientes para cada una. La tensión ha provocado, en algunos casos, saturación de servicios estratégicos como en la primera acogida.

"Tenemos una media de atención de dos semanas, entre que una persona solicita la ayuda y que se la damos; pero en la primera acogida tenemos tiempos de espera de hasta un mes: para mí esto es un signo de saturación, estamos atendiendo a mucha gente", reconoce la responsable del área social. Una situación a la que ya están buscando soluciones: "Tendremos que aumentar de dos a tres las mañanas que destinamos a ello, lo que significa que deberemos dejar de atender otras tareas", señala.

Cambios de perfil

En cambio, en el ámbito de la pobreza, Eixarch explica que "ha cambiado el perfil de los solicitantes" pero que no ha bajado la cantidad de peticiones. La aparición en 2020 del ingreso mínimo vital permitió que mucha gente tuviera una renta que les permitiera pagar su vivienda o la alimentación: "Con esto se han dignificado sus vidas, a esta gente cada vez la vemos menos, pero sin embargo, ha aumentado la cantidad de personas migradas que ahora se concentran en los servicios de primera acogida". Eixarch lo cifra en unas 900 personas que acuden al servicio, 200 de las cuales son menores: "La pobreza infantil es el problema más grave que tenemos entre manos".

La Ley de Extranjería establece que los migrantes en situación irregular solo tienen derecho a lo más básico, la alimentación. "Únicamente les podemos ofrecer comida, pero no vivienda ni otros servicios sociales, y esto es grave porque son personas muy vulnerables", remarca la responsable municipal. "Así que la presión asistencial y la tensión no llega toda directamente de la inmigración, de hecho la mayor cantidad de horas y presupuesto los destinamos a las personas mayores, no a la nueva ciudadanía".

Una ciudad como Amposta, con más voluntarios de servicios sociales que policías, es una ciudad envidiable

Assumpta Eixarch

— Responsable del área de Serveis Socials i Ciutadania del Ayuntamiento de Amposta

Otro indicador es la ayuda a domicilio, con unos 70 casos gestionados de forma municipal: una decena son "de Amposta de toda la vida" y hay sólo tres personas de origen extranjero. El resto, explica Eixarch, son personas llegadas de otros puntos de la geografía catalana, expulsadas de sus ciudades por el precio de la vivienda o por contextos sociales y familiares adversos. "Esto genera otra tensión importante en los servicios sociales porque se trata de algunos de los casos más difíciles de gestionar", dice.

La amenaza del discurso ultra

"En estos temas, según como los trates, das carne de cañón a personas que solo se quedan con lo que les interesa para reforzar su discurso", alerta Eixarch, en referencia al ascenso de partidos de extrema derecha. "Si queremos ser coherentes -asevera-, el aumento de personas en una ciudad o un país debe hacer incrementar los servicios sociales, por lo que la saturación de las prestaciones es responsabilidad del Estado, no de las personas que llegan". "Culpar a la inmigración de toda la presión en los servicios sociales es falso", espeta.

"Los servicios sociales estamos estigmatizados, demasiada gente cree que nos dedicamos a los 'maltrabajas', a los inmigrantes, a los 'moros' y a los 'gitanos', y no es así; destinamos gran parte de los esfuerzos a gente de toda la vida", recalca la responsable municipal ampostina. En este sentido, echa de menos poder explicar su trabajo: "Debemos hacer pedagogía para dar a entender que atendemos a todo el mundo, que cualquiera puede ser usuario de servicios sociales, y esto es algo que las instituciones no han hecho".

Mientras el alcalde de Amposta, Adam Tomàs, ha dicho en más de una ocasión que la ciudad debería aumentar los agentes de seguridad, Assumpta Eixarch valora positivamente que "hay más voluntarios de servicios sociales que policías": "Una ciudad así solo puede ser envidiable". Sin embargo, remarca la necesidad de adaptar las prestaciones municipales "a las necesidades locales", y que esto es algo que debe hacerse con la complicidad de otras administraciones más allá del ayuntamiento: "Como todos los servicios públicos, los servicios sociales estamos tensionados porque cada vez las realidades sociales y familiares son más complejas, somos más gente viviendo en los municipios pero no se han redimensionado las ayudas a la ciudadanía".

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