El Ayuntamiento de Reus, denunciado por un sindicato de funcionarios por "incumplir acuerdos laborales" en la Guàrdia Urbana

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado un recurso contencioso laboral contra el Ayuntamiento de Reus por supuestos incumplimientos de acuerdos en materia laboral en la Guàrdia Urbana. Desde el sindicato denuncian que el convenio colectivo no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPT) y que se ha suprimido el pago de ocho semanas de permiso parental. También reclaman que se aplique la equiparación retributiva con los Mossos d'Esquadra.

Por otro lado, el representante de los trabajadores avisa que el equipo de gobierno municipal está "bloqueando" los servicios extraordinarios, de forma que no se pueden activar agentes extras en caso de que sea necesario. El gobierno del Ayuntamiento de Reus desmiente al sindicato y lo acusa de "generar desconfianza sobre la seguridad ciudadana".

La CSIF avisa de que el ejecutivo reusense no quiere "negociar" con los sindicatos varios acuerdos firmados en materia laboral. "Hay cosas firmadas el año pasado que todavía no se han firmado", explica el delegado de la CSIF en el Ayuntamiento de Reus, César Polo. Desde el sindicato señalan directamente a la alcaldesa, Sandra Guaita (PSC), y al regidor de Servicios Generales, Manel Muñoz (PSC). El sindicato ha presentado la queja tanto al Ayuntamiento de Reus como al Departamento de Trabajo de la Generalitat a través de un contencioso laboral, a pesar de que el consistorio asegura que todavía no ha recibido la notificación.

Denuncian que el convenio colectivo no se publicara en el BOPT y por eso consideran que se encuentra en un "limbo legal". El equipo de gobierno ha recordado que el convenio se firmó durante el anterior mandato, y que el ejecutivo de Sandra Guaita "lo ha asumido como propio y vinculante, sin cuestionar en ningún caso su contenido" por el hecho de no haber sido publicado al boletín.

En cuanto a la supresión del pago de ocho semanas de permiso parental, el Ayuntamiento dice que no había ningún "acuerdo", sino una "voluntad de proceder con este pago". Sin embargo, el gobierno local defiende que no se ha podido sacar adelante después de que se aprobara el Real Decreto 9/2025 del 29 de julio que dice que el permiso parental para la cura de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior en un año, hasta el momento en que el menor cumpla 8 años, "no tendrá carácter retribuido".

En cuanto a la equiparación con los Mossos d'Esquadra, el Ayuntamiento de Reus apunta que se llegó a "un preacuerdo" con la CSIF para impulsar unas "nuevas condiciones" de la Guàrdia Urbana, pero no salió adelante porque el resto de sindicatos mostraron su "disconformidad". "En ningún caso es imputable al Ayuntamiento que no se lograra un acuerdo con relación a esta cuestión", remarca el gobierno local a través de un comunicado.

Sin servicios extraordinarios

Uno de los puntos que también denuncia el sindicato es que se están "bloqueando" los servicios extraordinarios. De este modo, el jefe de turno no puede activar agentes que no estén trabajando en aquel momento en caso de que fuera necesario. El pasado 22 de noviembre hubo una manifestación de vehículos para protestar contra la Zona de Bajas Emisiones. Se preveían unos cincuenta coches, pero finalmente asistieron más de 200. Polo ha apuntado que solo había cuatro patrullas trabajando y tres se destinaron a la movilización, una coyuntura que el equipo de gobierno también niega, afirmando que hubo hasta dieciocho agentes.

La CSIF también asegura que ahora los recursos que se destinan a los servicios extraordinarios de la policía local no se aprueban desde la misma Guàrdia Urbana, sino que se hace desde otros estamentos del Ayuntamiento sin "conocimiento policial". "Esto comporta un gran peligro tanto para los compañeros como para la ciudadanía", remacha Polo. Este "bloqueo" de los servicios extraordinarios también implica que no se puedan mantener las vacaciones de los agentes porque se tiene que cubrir el personal, ha indicado la CSIF. Con toda esta situación, el sindicato advierte de que si no se pone solución no se podrá "garantizar la seguridad" durante la campaña de Navidad en la capital del Baix Camp.