Exigen una legislación catalana para regular la emisión de compuestos cancerígenos de la petroquímica de Tarragona

La plataforma Cel Net, formada por ecologistas del Camp de Tarragona que exige un mayor control sobre las emisiones de la industria petroquímica, ha presentado este miércoles las conclusiones de unos informes de tres universidades catalanas que demuestran la presencia de dos compuestos cancerígenos en las emisiones de las fábricas. Los estudios, además, constatan "la posibilidad y la necesidad" de un control de las emisiones contaminantes, una legislación catalana y la existencia de sanciones contra lo que definen como perjudicial para la salud de los vecinos del complejo petroquímico, algo que hasta ahora no se había demostrado.

Los ecologistas reclaman al Govern de la Generaliat la redacción y aprobación de una legislación catalana para controlar la emisión de compuestos volátiles que se han demostrado que son cancerígenos, en concreto el 1,3 butadieno y el benceno, detectados en las emisiones de la petroquímica de Tarragona, así como del control de los picos de exposición de la ciudadanía a estos compuestos. Cel Net sustenta la petición y demuestra la presencia de estos contaminantes a varios estudios sobre la calidad del aire de los municipios próximos a los polígonos petroquímicos Nord y Sud de Tarragona, realizados por la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Estos estudios, en sus conclusiones, también piden la regulación de los compuestos.

"La Generalitat puede y tendría que aprobar la normativa para limitar la emisión de butadieno, ser más exigentes, y aplicar esa normativa, para lo cual tiene muchas herramientas, como planes de calidad del aire o de acción a corto plazo", ha asegurado Alexandre Peñalver, profesor de Derecho en la UB, miembro del Observatori del Dret Públic de Barcelona y coautor de uno de los estudios. Por su parte, Neus Roig, miembro de la plataforma Cel Net, también ha señalado a la Generalitat de "tener todas las herramientas disponibles y la información necesaria para controlar, legislar y sancionar adecuadamente los graves problemas de contaminación que vivimos diariamente en el Camp de Tarragona".

Desde Cel Net acusan al Govern de no hacer nada ante la emisión constante de unos compuestos cancerígenos: "No se trata de un problema de desconocimiento, porque tienen información de las empresas y sus actividades; es una cuestión de inanición", ha dicho Adrià Pallejà, también de la plataforma.

Emisiones cancerígenas

"Se trata de un hecho científicamente probado", aseguran desde la plataforma, que ha impulsado, junto a la UPC, varios estudios de la calidad del aire con el apoyo de ayuntamientos como el del Morell (Tarragonès), una población que se sitúa a menos de 500 metros del polígono petroquímico Nord. "Se demuestra que la población del Camp de Tarragona respira sustancias altamente tóxicas como el benceno y el 1,3 butadieno, dos compuestos cancerígenos reconocidos. La continuidad de estas emisiones sin medidas de regulación efectivas supone una grave amenaza para la salud y una vulneración del derecho a respirar un aire limpio", acusa Cel Net.

Ante esta situación, tanto la plataforma como los informes de la URV, la UB y la UPC señalan que la legislación vigente en este campo resulta "insuficiente" a la hora de tratar la contaminación atmosférica del territorio, ya que actualmente las normativas solo contemplan el control de las medias anuales, sin análisis de las emisiones diarias, y favorecen que se produzcan episodios graves de contaminación.

Es en este marco que, por primera vez tras cerca de 13 años analizando, de forma temporal y parcial, la calidad del aire del Camp de Tarragona, se ha señalado la "posibilidad y necesidad" de una regulación legislativa. Según se ha apuntado en la presentación, los estudios realizados han analizado las competencias legislativas de la Generalitat de Catalunya y "han constatado que existe un marco jurídico suficiente para adoptar medidas inmediatas y efectivas", como una hipotética ley catalana de la Calidad Atmosférica.

Esta regulación pasaría, según la plataforma y los informes, por una revisión y renovación de las autorizaciones ambientales que tienen las empresas petroquímicas y que están concedidas por la Generalitat, y la incorporación de límites anuales y puntuales marcados por el estudio de la URV. La exigencia de los ecologistas también pasa por "mecanismos sancionadores" a las empresas para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Nueva red de vigilancia

Igualmente, la plataforma también ha exigido que se fije una fecha para la entrada en funcionamiento de la Red de Vigilancia y Prevención de la Contaminación que la Generalitat anunció en 2023 que instalaría alrededor del complejo petroquímico. La intención es que estaría en marcha un año más tarde, en 2024, pero esta red, que deberían medir compuestos de las industrias, todavía no se ha instalado, por lo que tampoco se está recopilando información. Desde la plataforma han pedido también que los datos que se registren sean públicos a través de un portal de transparencia, consultables en línea y a tiempo real, y que no se tengan que coger de forma manual.

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