Cae en Tarragona una red de familias que estafó 1,5 millones de euros haciendo pasar a sus hijos por menores no acompañados

Se trataba de un fraude “sofisticado y con un patrón sistemático” que aprovechaba el sistema de protección de Menores Extranjeros No Acompañados en la provincia de Tarragona para sacar un benefició que ascendió a los 1,5 millones de euros. Así lo ha detectado la Policía Nacional dentro de la operación "AME" en la que se ha detenido a 30 personas por presuntamente abandonar deliberadamente a sus hijos para explotar los recursos asistenciales y de tutela del Estado.

La investigación comenzó en noviembre de 2023 cuando los agentes detectaron que las familias traían a sus hijos menores a España con visados de turismo tipo C, de una o múltiples entradas, obtenidos a pesar de los estrictos requisitos de solvencia económica exigidos. Según la Policía, una vez en territorio nacional, estos menores son abandonados intencionadamente cerca de comisarías, centros de menores u otros organismos públicos.

Siguiendo instrucciones de sus progenitores, los menores se declaran en situación de desamparo para activar el sistema de protección y ser ingresados en centros tutelados. El objetivo principal es que las instituciones públicas asuman los costes de manutención, educación y salud, a la vez que se facilita el camino para una futura reunificación familiar y la obtención de permisos de residencia para los menores.

La Policía Nacional ha identificado dos perfiles de familias implicadas en este fraude que en la mayoría de los casos. En primer lugar, se trata de progenitores con un poder adquisitivo medio-alto y múltiples visados Schengen, que abandonan a los menores y regresan a su país, manteniendo visitas programadas a los centros. La segunda tipología incluye a padres con menor capacidad económica que, tras instruir a sus hijos, permanecen en España y mantienen contacto telefónico con ellos.

Los agentes remarcan que esta práctica fraudulenta no solo desvirtúa el sistema de protección de menores, sino que también supone un alto coste para la administración. Los datos generales indican que el mantenimiento de estos supuestos menores no acompañados, incluyendo mayores de 18 años, puede oscilar entre 31 y 140 euros al día.

Ante esta situación, la Policía Nacional ha establecido una colaboración bilateral y directa con la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència de la provincia de Tarragona. Este organismo remite informes de menores ingresados que podrían estar en esta situación fraudulenta, permitiendo a la UCRIF, Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, recopilar información detallada sobre su entrada al país y localizar a los progenitores.

Los padres localizados han sido detenidos por presunto abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la administración. Además, se están cuantificando los gastos acarreados por estos menores mientras estuvieron bajo la tutela de la Administración para incluirlos en el atestado final. Las investigaciones continúan activas para el resto de los expedientes.

Los investigadores han localizado 124 expedientes de menores en centros de protección de la provincia de Tarragona que cumplen con estas características. De estos, 109 expedientes han sido analizados. Además, se han realizado 28 atestados. El resultado se salda con un fraude a la Seguridad Social de 1.589.747, 31 euros. La operación acabó con 30 detenidos y 22 menores entregados a sus padres con el correspondiente cese de tutela por parte de la Direcció General. Los padres detenidos están acusados de abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la administración pública.

Más allá de Tarragona

Por su parte, la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, ha condenado los hechos y ha añadido que se investiga si hay más casos fuera de Tarragona. "El sistema tiene una tarea fundamental para proteger a los menores vulnerables y estamos velando para que siga protegiendo a quien realmente lo necesita en nuestro país", ha indicado la consellera.

Además ha añadido que una vez ha cesado la tutela de los 22 menores por parte de la Dirección General ha pasado a estar tutelados por sus padres: "Se considera que ha habido un delito de abandono de menores y, por tanto, se ha comprobado que estas familias se podían hacer cargo de estos menores en buenas circunstancias".

La consellera también ha remarcado que "el sistema funciona" y por eso seguirán, aunque ha lamentado el fraude. "Si ya es estremecedor que a la administración se le acerquen personas con intención de fraude, es especialmente estremecedor que se utilicen menores", ha señalado.

Explicaciones en el Parlament

A raíz de esta detención, el PP catalán ha solicitado la comparecencia urgente de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, para que dé "explicaciones al detalle" del operativo. Los populares creen que podría haber más redes de este tipo operando por otras provincias y consideran que, pese a que la acción policial ha logrado atrapar a estos "estafadores", se debe incrementar el control sobre estas mafias.

"Queremos transparencia", ha exigido el portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Fernández. Por ello, reclaman una "macro auditoría", la implementación de un "protocolo" coordinado con el resto de provincias para detectar "patrones" de este tipo de delitos y una unidad de análisis conjunta con la policía, los Ministerios de Interior y Seguridad Social y la conselleria de Drets Socials.

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