Medio ambiente

Fiscalía vigila posibles vertidos de pélets en las playas de Tarragona y abrirá una investigación si se repiten

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Pelets de plastico en la playa de La Pineda, en Vila-seca (Tarragonès).

Pelets de plastico en la playa de La Pineda, en Vila-seca (Tarragonès). / Zowy Voeten

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La Fiscalía ha abierto un expediente gubernativo para hacer un seguimiento y control de las playas tarraconenses, especialmente la de la Pineda, en Vila-seca (Tarragonès), a raíz del archivo de la investigación de los derrames de pélets el septiembre del año pasado. Entonces, el ministerio público argumentó que no se habían podido localizar el origen ni el momento en que se habían derramado los microplásticos. Desde el archivo, el fiscal de Medio Ambiente se reúne trimestralmente con los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y los Agentes Rurales para analizar muestras que recogen para crear una base de datos. En una entrevista con la ACN, la fiscal jefe, María José Osuna, afirma que si consiguen localizar el origen de los vertidos, no descartan abrir una nueva instrucción.

Osuna explica que las reuniones entre el fiscal de medio ambiente y los cuerpos policiales y de los rurales permitirán crear una base de datos para conocer en un futuro el posible impacto de los microplásticos en las playas de Tarragona, Salou y Vila-seca. Esta última es la playa que acumula el número más grande de pélets. “Quieren saber si cambia la composición y qué componentes tienen para hacer un estudio”, detalla la fiscal. “Es un control que tiene un impacto de tipo administrativo, no penal, por ahora, pero nunca se sabe”, avisa Osuna.

Más pruebas "podrían derivar en otra investigación"

De hecho, el archivo de la investigación el mes de septiembre pasado se dio por el hecho que no se pudo concretar el origen de los derrames ni atribuir episodios concretos a las empresas inspeccionadas. Entonces, Fiscalía determinó que las investigaciones de los Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Agentes Rurales no permitieron detectar un vertido "con entidad suficiente" que supusiera un "comportamiento delictivo". “No teníamos suficientes datos para llegar a una conclusión, ahora, estamos controlando más por saber si a la larga tendremos suficientes datos para llegar a una conclusión del origen de estos pélets”, defiende Osuna.

En los encuentros trimestrales, se valoran los resultados de las muestras tomadas por los agentes. A pesar de que reconoce que se trata de un futurible, la fiscal jefe no descarta que los datos recogidos permitan abrir una nueva investigación. “Si llegamos a la conclusión del origen y del impacto de los microplásticos, es evidente que podría derivar en otra investigación”, subraya. En este sentido, destaca que este control también puede contribuir a hacer que las compañías de la industria química apliquen medidas preventivas. “Es importante el control porque las empresas del entorno, que pueden estar provocando este fenómeno, saben que los estamos controlando, y quizás solo con esto pueden tomar las medidas adecuadas para evitar que continúe pasando”, sostiene.

El archivo de la investigación

El ministerio público empezó a investigar los posibles derrames de pélets en las playas tarraconenses el 16 de enero de 2024 a raíz de los vertidos de estos microplásticos en varios puntos de la costa atlántica y cantábrica el diciembre de 2023. De hecho, incorporó a las nuevas diligencias, las investigaciones que ya habían hecho agentes de la Guardia Civil el 2019, a pesar de que el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona había archivado la instrucción. Durante la segunda investigación, se inspeccionaron doce empresas: Katoen Natie, SK Pri-macor Europe S.L.Uno., Transformadora de Etileno A.I.E., Berry Globales PGI Spain SLU, Ravago Plásticos S.A, Polymers Service Logistics SA (Chemieuro), Schmidt Ibérica SA, Repsol Química S.A., Traxpo SLU y Soprema Ibérica, Logis Puerto SL, Elyx Polimers SL y Macresac SA.

Finalmente, el ministerio público concluyó que no se había detectado un derrame "con entidad suficiente" que permitiera "intuir un comportamiento delictivo por parte de las empresas investigadas y otras personas o compañías no investigadas". Entre sus conclusiones, también indicó que es complejo determinar la autoría y el grado de responsabilidad, puesto que las empresas se encuentran en los polígonos industriales, donde muchas veces comparten lugar físico y sistemas de aguas fluviales.