Las plataformas ecologistas de Tarragona optan ahora por la vía administrativa para frenar Hard Rock

Nuevos recursos contra el proyecto de Hard Rock. Ahora, las entidades ecologistas han optado por la vía judicial administrativa para conseguir frenar el macrocasino que está previsto instalar en los términos municipales de Salou y Vila-seca (Tarragonès), a apenas 6 kilómetros de Tarragona, y que ha dado mucho de que hablar en los últimos años en Catalunya. La plataforma Aturem Hard Rock y el Grup d'Estudi i Protecció dels ecosistemes catalans - Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) esperan que sea la "estocada final" a un proyecto que cada vez genera más dudas.

La plataforma y el grupo ecologista han presentado ahora dos recursos administrativos contra la licencia de casino que la Generalitat de Catalunya otorgó a Hard Rock para construir un gran complejo de ocio en los terrenos del Consorci Recreatiu i Turístic (CRT) de las dos poblaciones tarraconenses. Las entidades consideran que la empresa norteamericana incumple uno de los requisitos base en el concurso para acceder a la licencia, en concreto, el que hace referencia a la acreditación que tiene la promotora sobre el derecho de acceso a la propiedad del suelo.

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Mientras los alcaldes del territorio, como Pere Granados desde Salou, mantienen que el proyecto se hará, el complejo de ocio va acumulando retrasos y dudas. Igualmente, tanto Aturem Hard Rock como el GEPEC reconocen que no tienen muchas esperanzas puestas en estos recursos sobre la vía administrativa contra la licencia de casino y dan por hecho que no prosperarán, pero después de eso irán al tribunal contencioso-administrativo, donde sí que esperan que les den la razón. Este sería, en la opinión de las entidades, "la estocada definitiva al complejo". Así lo han explicado este jueves en una rueda de prensa en Reus.

"No tenían acceso a los terrenos"

En el recurso presentado, las dos entidades sostienen que la compañía no tiene "ni la propiedad ni la disponibilidad" de los terrenos donde se tendría que levantar el área de ocio y juego, y que la empresa pudo acceder a la licencia cedida por la Generalitat "porque había un acuerdo entre ellos, el Incasòl y la Caixa". "El Govern de Pere Aragonès hizo patente que los contratos estaban caducados y que no tenían acceso a los terrenos", ha manifestado Anna Recasens, portavoz de la Plataforma Aturem Hard Rock.

En el documento presentado a la directora general de Tributos y Juego de la Generalitat de Catalunya, las organizaciones recuerdan las cartas intercambiadas entre la Incasòl y la Caixa, donde la entidad bancaria negaba que tuviera ningún compromiso con la Generalitat para venderle los terrenos a la administración porque, después, esta los transfiriera a Hard Rock. También remarcan que el Govern anuló la orden de compraventa y que, paralelamente, instó a Incasòl a rehacer los acuerdos con las partes.

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Finalmente, ambas entidades citan el informe del gabinete jurídico de la Generalitat, en el que los mismos letrados admitían que los contratos con opción a compra sobre los cuales se asentaba la posibilidad de la empresa de disponer de los terrenos de Vila-seca y Salou "estaban caducados". Del mismo modo, el informe jurídico también "se cuestiona la capacidad de Incasòl" para traspasar esa disponibilidad a Hard Rock. Por todo ello, las entidades consideran estos hechos como incumplimientos de los requisitos, y reclaman "la revocación de la autorización a Hard Rock de la instalación y explotación de un casino de juego".

Sobre la posible indemnización

A raíz de todo ello, Anna Recasens ha manifestado que "si la Generalitat adopta las medidas legales para hacer unos trámites administrativamente correctos" no se tendría que pagar ninguna indemnización que podría ser millonaria, de la Generalitat a la empresa norteamericana, en caso de no realizar finalmente el macrocomplejo. "Es cómo si tú quieres abrir una tienda pero no tienes el local para hacerlo", ha ejemplificado Xavier Jiménez, presidente del GEPEC. "Estamos a tiempo para ver las cosas que no se han hecho be y evitar indemnizaciones, que en caso de que se hicieran seria por negligencia de la Generalitat", ha remarcado Recasens.

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Según los contrarios al proyecto, la única manera por la cual la compañía podría reclamar una indemnización sería que saliera adelante el Plan Director Urbanístico (PDU). Este documento fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en 2020. El anterior Govern de la Generalitat, de ERC, intentó la tramitación, pero a día de hoy todavía no se ha aprobado.

En este sentido, Jiménez ha asegurado que el ejecutivo catalán actual "ha encargado unos nuevos informes ambientales al secretario general de Transición Ecológica para que sean favorables a Hard Rock" y ha denunciado que serían "informes hechos a medida". "El informe previo técnico dice que el proyecto no se puede llevar a cabo por los impactos que crearía", y el hecho que se hubiera encargado un nuevo documento les "hace sospechar que tienen ganas de aprobar el PDU y llevar adelante Hard Rock", ha explicado.