La adjudicación del contrato de la basura de Tarragona vuelve a estar parado a la espera de nuevos recursos jurídicos

Este lunes, el secretario del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, defendió la actuación de los técnicos del consistorio en el caso del nuevo contrato de la basura, tras la suspensión puntual este fin de semana. La situación se encuentra nuevamente congelada, a la espera de la resolución de los últimos recursos presentados por dos de las empresas ante la decisión del pleno, el pasado 24 de abril, de adjudicar el mayor contrato de la historia del Ayuntamiento, de más de 200 millones de euros en 10 años, a Urbaser.

Tras el pleno de finales de abril, las dos empresas que se quedaron sin el contrato de la limpieza pública de Tarragona, Fomento de Construccions y Contratas y GBI Paprec, presentaron recursos ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic para frenar la decisión del consistorio. Una decisión, cabe añadir, que fue respaldada por la mayoría absoluta de los partidos presentes en el pleno en medio de una polémica por las acusaciones de delitos: el gobierno municipal recibió el apoyo de Junts y los concejales no adscritos, mientras que ERC opinaba que el consistorio podía estar incurriendo en un posible delito de prevaricación.

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En ese mismo pleno, el secretario del Ayuntamiento descartó la comisión del delito y desaconsejó nuevos informes, de modo que se inició el proceso para entregar a Urbaser el nuevo contrato. Tras la presentación de los recursos de las empresas contrarias, el consistorio decidió suspender temporalmente las gestiones, tal como avanzó el Diari de Tarragona, a la espera de la resolución del Tribunal de Contractes. Ahora, el Ayuntamiento y las empresas están a la expectativa de saber si la adjudicación del pasado día 24 fue válida o no.

Font: "Los recursos no tienen recorrido"

A todo esto, Joan Anton Font compareció este lunes ante los periodistas, en una rueda de prensa sin la presencia de ningún representante del gobierno municipal, para aclarar las dudas sobre el proceso, que ya acumula hasta siete recursos y varias reclamaciones en diferentes instancias judiciales. El secretario municipal aseguró que el consistorio "continúa adelante con el proceso de adjudicación del contrato a Urbaser", que quedó en segundo lugar del concurso público, tras la exclusión de la ganadora, GBI Paprec, por parte del Tribunal de Contractes.

Ante la posibilidad de que el Ayuntamiento tenga que afrontar indemnizaciones en el futuro, Font descartó esta opción y aseguró que los recursos no tendrían recorrido porque sobre el aspecto que reclaman las empresas, el tribunal ya se pronunció hace un año y fue un posicionamiento favorable al consistorio: "Estoy convencidísimo, sin ninguna duda". El máximo responsable jurídico del consistorio cree que el tribunal se manifestará en un plazo de dos meses, así que en el mes de julio prevé poder firmar el nuevo contrato con Urbaser.

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A pesar de ello, Font pronosticó que el enredo judicial no se resolvería hasta pasados "siete, ocho o nueve años", el tiempo que podría pasar hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos a la sentencia que se está esperando del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por la reclamación de GBI Paprec por su expulsión. Preguntado por posibles indemnizaciones, el secretario aseguró que no sería el Ayuntamiento el responsable de pagarlas, sino la Generalitat de Catalunya, ya que el Tribunal de Contractes del Sector Públic depende de la administración autonómica. "Sería absurdo que nosotros tengamos que pagar una indemnización a aquella persona a quién nosotros hemos resuelto a favor de ella; es una incongruencia jurídica", explicó Font. Unas indemnizaciones, sin embargo, que serían como máximo de "unos 3 millones de euros".