Tarragona adjudica el nuevo contrato de la basura a Urbaser por 20 millones anuales

Nuevo capítulo en la larga odisea del contrato de la basura del Ayuntamiento de Tarragona. Esta mañana el pleno del consistorio ha adjudicado el convenio, por más de 20 millones de euros anuales, a la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso público, Urbaser SA, tras haber anulado la primera empresa, GBI PAPREC, SA. La luz verde ha contado con los apoyos de Junts y de los dos concejales no adscritos, además del gobierno municipal del PSC, mientras que ha cosechado el rechazo de ERC, Comuns y Vox, y la abstención del PP. La oposición ha alertado de un posible delito de prevaricación, que el alcalde Rubén Viñuales (PSC) ha descartado al contar con los informes favorables de intervención del Ayuntamiento.

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El resultado de la votación ha sido muy parecido al que se obtuvo en el pleno de pasado 21 de junio de 2024, cuando el consistorio inició el proceso de adjudicación en medio de la polémica por un posible espionaje. Diez meses en los que el contrato se ha paralizado por la formulación de recursos por parte de la empresa ganadora, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), y de resoluciones del Tribunal de Contratos del Sector Público y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Ahora, el consistorio repite el paso de la adjudicación a Urbaser y abre un período de diez días para que la empresa presente la documentación necesaria, aunque el fantasma de un nuevo recurso que obstaculice nuevamente el proceso plana en el ambiente.

El contrato, de 234 millones de euros para la limpieza pública de Tarragona durante los siguientes 10 años, es el más grande de la historia del consistorio. Ahora, la esperanza del gobierno municipal es tener la nueva adjudicataria activa antes de que termine este 2025, tras un periplo de varios años en los que se cuenta un concurso público fallido en la era del alcalde Pau Ricomà (ERC) para renovar un contrato que lleva prorrogado desde 2010.

La adjudicación aprobada

Lo que ha aprobado este jueves el pleno del Ayuntamiento es el cumplimiento de la resolución del pasado junio en la que el tribunal catalán de contratos del sector público obligaba a la adjudicación del contrato a la empresa Urbaser. Esto corresponde al servicio de transporte y recogida de residuos urbanos, limpieza viaria, limpieza de playas, terrenos y caminos municipales e información ambiental, por un plazo de diez años a contar desde el inicio del servicio. El importe anual es de casi 18,4 millones de euros más IVA, que se convierte en un importe total de 20,2 millones cada año. Al final del servicio, el Ayuntamiento habrá pagado más de 200 millones de euros.

La empresa FCC reclama 1,5 millones al Ayuntamiento de Tarragona por el servicio de limpieza del año 2023

Esta adjudicación llega después de la resolución, el pasado 7 de abril, del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Tarragona, en la que se denegaban las medidas cautelares pedidas por GBI Paprec, SA, para suspender el acuerdo municipal del mes de junio del año pasado, donde se adjudicaba este mismo lote 1 a Urbaser. Es decir, diez meses más tarde, el pleno se ha manifestado de igual forma, ahora con la obligación judicial del TSJC. Del mismo modo, el consistorio ha ratificado el acuerdo que se tomó en el pasado pleno del mes de marzo por unanimidad, por el cual el Ayuntamiento se presentaba en este proceso contencioso.

Ahora, igual que ocurrió en junio, se abre un período de diez días para que la empresa adjudicataria presente la documentación necesaria para hacerse con el contrato, lo que más tarde dará paso a la compra de material y maquinaria necesaria para la prestación del servicio de limpieza pública. Desde el consistorio no se atreven a poner una fecha definitiva para la puesta en marcha de la nueva empresa, que cogerá el relevo de FCC en el servicio, aunque esperan que pueda ser antes de fin de año.

Sin embargo, la posibilidad de un nuevo recurso de FCC en los próximos días contra el acuerdo municipal de este jueves aparece con fuerza, lo que, de admitirse, eternizaría todavía más el proceso. Este recurso se sumaría a la reclamación de 1,5 millones de euros al Ayuntamiento que, asegura la empresa, fue el "sobrecoste" de la prestación del servicio de limpieza en 2023.

Viñuales: "No iré a prisión por sus órdenes"

La concejal de Contratación de Tarragona, Isabel Mascaró (PSC), ha recordado durante el pleno todo el largo proceso que ha llevado a la situación actual y ha explicado que la decisión del Ayuntamiento se remite al cumplimiento de la resolución del tribunal de contratos del sector público. Sin embargo, ERC, el principal partido de la oposición, ha levantado sospechas por lo que consideran una posible incursión "en un delito de prevaricación", y ha exigido "más seguridad" al consistorio. "Creemos que adjudicar el contrato sin una sentencia judicial firme es una temeridad que nos puede salir muy cara, con indemnizaciones que el Ayuntamiento no podrá afrontar; no estamos hablando de 2 millones, sino de más de 20 millones", ha afirmado el concejal Jordi Fortuny (ERC), el responsable de la limpieza pública en el anterior gobierno.

El alcalde Viñuales ha respondido que el proceso se está llevando a cabo con los informes a favor de los servicios económicos, técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, a lo que Fortuny ha pedido "nuevos informes" teniendo en cuenta los últimos hechos del proceso. Viñuales se ha referido al secretario general, Joan Anton Font, presente en el pleno, que ha respondido: "No hacen falta más informes porque la situación no ha cambiado desde junio de 2024". Acerca de la posibilidad de la prevaricación, Font la ha descartado si el acuerdo del Ayuntamiento fuera "en contra de los informes", y ha asegurado que no era el caso.

El TSJC retira las medidas cautelares que mantenían congelado el contrato de la basura de Tarragona

"No iré a la prisión por sus órdenes", ha establecido Viñuales, con tono de advertencia, a los partidos que han votado en contra de la adjudicación, y ha aprovechado para criticar a aquellos que "mezclan incivismo y limpieza". Los Comuns y Vox, además de ERC, han sido los otros partidos que han votado en contra. Jordi Collado (Comuns), ha augurado que "en unos meses" el contrato volverá a estar paralizado y que la decisión de este jueves "se recordará". Por su parte, desde el PP, que ha pasado del 'No' del año pasado a la abstención, Maria Mercè Martorell ha asegurado que "habrá recursos", en referencia a las otras empresas.

Entre los apoyos que han permitido el acuerdo, Jordi Sendra (Junts) no ha encontrado "ningún impedimento legal para la adjudicación" y ha afirmado que su partido ha votado "sin miedo" a las consecuencias jurídicas. El voto a favor de los dos concejales no adscritos, exmiembros de Vox, ha permitido aprobar la medida con la mayoría absoluta (14 concejales) del pleno tarraconense.