Los síndicos catalanes apremian a seis grandes ciudades a crear un Defensor Ciudadano mientras se tramita la futura ley

Tras un periplo legislativo marcado por la incertidumbre, la Ley de Sindicaturas Locales de Catalunya podría ver la luz en 2025. Así lo esperan desde el Fòrum de Síndicos Locales de Catalunya (FSD), entidad que agrupa a casi medio centenar de síndicos y grupo motor de esta iniciativa. El texto legal, que quedó a las puertas de su tramitación en el anterior mandato, sigue la senda de otras normativas frustradas, como la del tercer sector o la del sinhogarismo, que también esperaban su aprobación.

La propuesta pretende reforzar la presencia de los síndicos locales en el territorio y unificar su funcionamiento, garantizando así una supervisión homogénea de la Administración local. La iniciativa cuenta con el respaldo del nuevo presidente del FSD, Josep Escartín, quien asumió el cargo hace un mes con el firme propósito de consolidar estas figuras en todos los municipios. "Aunque a veces pueda generar incomodidad, la sindicatura local es esencial para asegurar un gobierno transparente y próximo a la ciudadanía. La ausencia de esta figura en ciudades grandes es un déficit de proximidad", explicó Escartín a EL PERIÓDICO. El propio síndico se está reuniendo estos días con los grupos políticos del Paralment para debatir el proyecto legislativo.

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La ausencia de un síndico en Tarragona, capital de provincia, ejemplifica las resistencias políticas que persisten. "No parece haber un consenso social ni político para establecer esta figura, aunque su incorporación sería un avance en transparencia y garantía de derechos", añade Escartín. La actual propuesta legislativa contempla la obligatoriedad de la sindicatura en municipios de más de 20.000 habitantes, lo que obligaría a 34 localidades a incorporar este mecanismo de control ciudadano. No obstante, según fuentes del Fòrum, se baraja la posibilidad de elevar el umbral a 50.000 habitantes, lo que reduciría el impacto de la ley a seis ciudades: Tarragona, Manresa, El Prat de Llobregat, Castelldefels, Granollers y Cerdanyola.

Sin embargo, tanto el Ayuntamiento de El Prat como el de Cerdanyola del Vallès manifiestan que su convenio con la Síndica de Greuges de Catalunya es "suficiente" y que no ven necesario instaurar una sindicatura local. "Es un tema que requiere una valoración política y organizativa, y en estos momentos no existe una decisión tomada en ese sentido", señalan fuentes municipales de Cerdanyola.

Los Síndicos de Greuges de Catalunya y de Barcelona se alían para atender las quejas de los barceloneses

Actualmente, las ciudades que no disponen de un síndico local han firmado un convenio con la Síndica de Greuges de Catalunya para que haga un seguimiento y una atención personalizada al municipio. Según datos recopilados entre 2020 y 2023, los más actualizados y facilitados a este diario, las sindicaturas locales recibieron una media de cinco veces más quejas por municipio en comparación con las que acogió la Síndica de Catalunya. En números absolutos, los síndicos locales tramitaron 3.877 quejas en el contexto de una población total de 4,2 millones de habitantes, mientras que la Síndica de Catalunya solo atendió 248 quejas en municipios con una población total de 1,3.

El análisis por ciudades refuerza esta tendencia. Mientras Girona y Lleida registraron medias de 29,2 y 8,7 quejas por cada 10.000 habitantes respectivamente, Tarragona apenas alcanzó 1,4. En una comparativa similar, Cornellà de Llobregat, con síndico propio, atendió 24,28 quejas, mientras que Manresa, que depende de la Síndica de Catalunya, solo tramitó 2,2. A escala nacional, la Síndica de Greuges mantiene una media de 14,24 quejas por cada 10.000 habitantes, una cifra similar a la de los síndicos locales y muy alejada de las estadísticas municipales donde su presencia es menor. En 2023, El Prat tramitó apenas 0,6 quejas por cada 10.000 habitantes, mientras que Granollers solo registró 1,5. "Las cifras avalan la proximidad", concluye el presidente.

El caso de Tarragona

La situación en Tarragona es excepcional porque la ciudad ya contó con un síndico local entre 2009 y 2012. La figura y el nombre del síndico, a propuesta del entonces alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC), se hizo para enmendar el hecho de ser la única capital de provincia sin un defensor del pueblo municipal y contó con el aval unánime de los partidos con representación. Al cabo de tres años con Francesc Ferrer al frente de la institución, Ballesteros le exigió la dimisión por la incompatibilidad del cargo de síndico con varias entidades locales. Desde ese momento, Tarragona es la ciudad más grande y la única entre las primeras 15 de Catalunya sin tener un síndico municipal.

Desde el FSD se han reunido con el Ayuntamiento de Tarragona, que rechaza tener la figura. El alcalde tarraconense, Rubén Viñuales (PSC), se limita a señalar la presencia de la Síndica de Greuges de Catalunya y del Defensor del Pueblo, "con quien hay una relación muy fluida". "No vamos a triplicar la misma figura cuando ya existen otras dos con similares funciones", afirma el alcalde a este diario. Las cifras y la comparación con otras ciudades, sin embargo, señalan que tener un síndico municipal facilita la proximidad y la participación de la ciudadanía.

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Este diario se ha puesto en contacto con el primer, último y único síndico local de Tarragona, Francesc Ferrer, que ha asegurado que "esta figura no se va a repetir" por falta de consenso entre los partidos con representación en el pleno. "Cuando dimití en 2012, Ballesteros me dijo que mientras él fuera alcalde no habría nunca más un síndico en Tarragona", dice Ferrer, que pone en duda que el consistorio de entonces llegara a creerse la figura del defensor del pueblo: "Yo sí me lo creí, el síndico local es imprescindible en todas las ciudades". Ferrer asegura que no ha hablado nunca de este tema ni con el exalcalde Pau Ricomà (ERC) ni con Viñuales.

En Reus, en cambio, la situación es radicalmente contraria: la figura del síndico existe desde hace 24 años. Anna Civit, la actual síndica, asegura que "es una significativa demostración de democracia". "Yo intento que la ciudadanía no vea la administración como un enemigo, tener un defensor del pueblo local es acercar el ciudadano, que tiene unos derechos, a la Administración, que tiene unas obligaciones", apunta la reusense. Civit fue nombrada hace dos años como síndica bajo el mandato del alcalde Carles Pellicer (Junts), y ratificada con la entrada de la alcaldesa Sandra Guaita (PSC).

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