Tarragona aprueba inicialmente su Zona de Bajas Emisiones

Tenso debate el que ha tenido lugar esta mañana en el pleno del Ayuntamiento de Tarragona con la votación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El consistorio del PSC ha aprobado por mayoría absoluta un texto que lleva trabajándose desde principios de 2024. Se trata del primer paso firme para llevar a cabo la zona de exenciones, que deberá volver al salón de sesiones antes del verano para poderse aplicar a partir del mes de diciembre de este mismo año, aunque no se sancionará por lo menos hasta 2027.

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“Tenemos la ZBE emisiones por imperativo legal pero la finalidad está clara y no queremos dejar a nadie atrás, por esto hay las excepciones y su aplicación es progresiva. Este es el camino, debemos ir unidos”, ha dicho el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), tras la aprobación inicial de la ordenanza. Esta unidad de acción, pero, no se ha visto durante el debate del pleno municipal, donde las posiciones alejadas de los partidos se han hecho patentes y con un resultado insólito: a pesar de que ERC y los Comuns están a favor de la ZBE, se han abstenido en la votación; y aunque dos exconcejales de Vox estaban en contra, han votado a favor. Todo ello ha sido imprescindible para que el texto saliera adelante por 14 síes, justo la mayoría absoluta, 5 noes y 8 abstenciones.

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Los números son nimiamente diferentes a los que se recogieron la semana pasada pero la conclusión es la misma: el pleno aprueba inicialmente una ordenanza de la ZBE que marca su entrada en vigor el 1 de diciembre de 2025, después de la campaña de comunicación, que se tiene que iniciar en verano. Durante un año, hasta diciembre de 2026, el principal objetivo será la sensibilización de los conductores y los ciudadanos, todavía sin multas que, por ahora, no tienen fecha definitiva de aplicación. Ya en 2028 será el momento para revisar la normativa y aplicar cambios en caso de ser necesario.

La concejal de Movilidad de Tarragona y responsable del equipo que ha impulsado la redacción de la ordenanza, Sonia Orts, ha remarcado que los objetivos de la ZBE son “disminuir la contaminación ambiental y preservar la salud pública” y que en el proceso de redacción “se incorporaron el 85% de las aportaciones de los grupos municipales”. La concejal ha cifrado los vehículos sin etiqueta en un 25% del total del parque móvil de Tarragona: estos serán los que se verán afectados por la zona de reducción de emisiones, con una larga lista de excepciones entre las que destacan las personas con movilidad reducida o rentas bajas, los ciudadanos empadronados o que tengan una plaza de aparcamiento en el interior de los límites de la ZBE y los vehículos municipales.

Los posicionamientos políticos

Sin embargo, estas excepciones a la regla han sido el caballo de batalla para alentar el debate. Xavier Puig (ERC) ha valorado positivamente las incorporaciones propuestas por su partido pero ha atribuido su abstención a “la falta de aparcamientos asequibles, a la adjudicación del estudio de la calidad del aire y a la planificación de una red de carriles bici en la ciudad”. “Ustedes no se creen los objetivos de la ZBE, lo hacen por imperativo legal porque les preocupan las multas”, ha lamentado Puig. También desde la abstención, Antonio Carmona (Comuns) ha dicho que “se debe tener en cuenta la realidad social y económica de la ciudadanía pero nos falta valentía” en una propuesta que llega sin el Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado. “Hablamos de salud humana, debemos hacer lo posible para reducir la contaminación”, han dicho desde el partido, que encuentran la medida “tan pequeña, floja y con tantas excepciones que prácticamente no pasará nada”.

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Al otro lado, entre los votos a favor, además del propio partido del gobierno municipal, Josep Manresa (Junts) se ha mostrado convencido por la aplicación progresiva de la norma, lo que permitirá “una mejor adaptación de la ciudadanía”, la excepción a las familias con rentas bajas y los horarios flexibles para el comercio, elementos que consideran “imprescindibles”. Por su parte, los concejales no adscritos y exmiembros de Vox, Francisco Javier Gómez León y Jaime Duque, han criticado “la vulneración de los principios de proporcionalidad, la falta de alternativas de transporte público y una medida discriminatoria”, pero a pesar de ello se han decantado por permitir la ZBE para evitar que “en un mes el gobierno se vea forzado a aplicar medidas más restrictivas”.

Y entre los votos en contra, Maria Mercè Martorell (PP) ha definido la ZBE como “innecesaria porque, dentro de la zona afectada, la calidad del aire es buena” y que sus medidas “crearán más problemas que beneficios porque afecta a los derechos de movilidad de la población”. En una posición similar se ha mostrado Judit Gómez (Vox), que con “un no rotundo” ha reprochado lo que considera como “el fanatismo climático, un ataque a la libertad de circulación y una medida de control social”.

El futuro de la ordenanza

Ahora, el próximo paso del consistorio acerca de la ZBE se espera en el pleno del mes de mayo, con la aprobación definitiva de la ordenanza. A lo largo del verano se iniciará la campaña comunicativa para sensibilizar a la ciudadanía, unas acciones que el Ayuntamiento quiere llevar también a las poblaciones vecinas; y paralelamente se instalará el sistema de control de accesos. Esto consiste en un conjunto de 44 cámaras de seguridad, sensores de la calidad del aire y de ruido y paneles de información dinámica, además del software de gestión. El 1 de diciembre es la fecha marcada por el consistorio para que la ZBE entre definitivamente en funcionamiento.