La Comisión Europea concede 205 millones a Repsol para un almacén de CO2 en la costa de Tarragona

La Comisión Europea ha concedido 205 millones de euros a un proyecto coordinado por Repsol y que tiene como objetivo reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en la zona petroquímica de Tarragona. La iniciativa, bautizada con el nombre de 'TarraCO2 – Storage', consistirá al habilitar un almacén submarino situado a unos 45 kilómetros de la costa y que tendrá la capacidad para almacenar 54 millones de toneladas de gases contaminados, tal como ha detallado el ejecutivo comunitario en un comunicado. Según la misma Comisión Europea, el proyecto beneficiará industrias de gran consumo de energía como el cemento o la cal, los productos químicos o la conversión de residuos, actividades en las que la descarbonización "es muy difícil de reducir".

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Repsol trabaja desde hace tres años en la evaluación del proyecto y está pendiente de la obtención del permiso de investigación sobre una superficie de 75.904 hectáreas a unos 45 kilómetros de la costa, justo tocando la plataforma petrolífera Casablanca, ante la costa del delta del Ebre y en el nordeste de la zona donde se encuentra el fallido proyecto Castor, que pretendía almacenar gas natural en el antiguo yacimiento petrolífero Amposta. El planteamiento inicial, que se tiene que concretar financieramente de forma definitiva en 2028, según precisa la nota técnica comunitaria, pasa por la construcción de un conducto submarino de 45 kilómetros con el cual se transportaría, en estado líquido, el CO₂ considerado como "difícil de abatir", inherentes al proceso pero que se pueden capturar.

La reducción de gases prevista

Son gases procedentes la actividad de la refinería y petroquímica, así como otras actividades industriales en un radio de 120 kilómetros: más de 6 millones de toneladas anuales en total. Según la Comisión Europea, la inyección al almacén, a un ritmo previsto de 2 millones de toneladas anuales, permitiría reducir las emisiones de estos gases en un 30%. El almacén, en realidad, es una estructura geológica situada a 1.600 metros de profundidad y basada en una formación arenosa, que contaría con sellos de arcilla en la base y el techo que garantizarían el almacenamiento de los gases en estado líquido de forma segura con la idea que no se extraigan en ningún momento.

La idea se inspira en otras instalaciones similares -en el mundo hay en marcha una cincuentena donde se inyectan 41 millones de toneladas anuales-. El proyecto no prevería instalaciones visibles ni plataformas offshore, sino un almacén intermedio sumergido y conectado con los jefes de los pozos submarinos, situado debajo en una lámina de agua de 100 metros. Con el anuncio de los fondos europeos y una vez se resuelva la concesión del permiso pedido al Ministerio para la Transición Ecológica, Repsol tendrá que poner en marcha la obra para efectuar los estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos sobre la idoneidad del subsuelo marino para albergar este almacén.

La compañía tiene conocimiento geológico previo de la zona después de explotar durante más de cuatro décadas la plataforma Casablanca y sus pozos asociados. Para evaluar y estudiar el espacio, pero, habrá que hacer nuevos estudios para caracterizar el fondo y monitorizar la sismicidad actual existente en la zona, especialmente después de la oleada sísmica que generaron las inyecciones de gas al proyecto Castor en 2013.

Neutralidad de emisiones

La financiación otorgada por la Comisión Europea va a cargo del Fondo de Innovación de la Unión Europea, el programa por excelencia de la Unión para impulsar el desarrollo de tecnologías que apuesten por la neutralidad de las emisiones. Según especifica el comunicado, los recursos proceden de los ingresos del régimen de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea.

Además del proyecto tarraconense, Bruselas ha firmado un convenio de subvención con un total de 77 proyectos europeos, después de que el octubre del año pasado se anunciaran los resultados de la convocatoria correspondiente en 2023 del Fondo de Innovación. Está previsto que las iniciativas seleccionadas -de 18 países diferentes- entren en funcionamiento entre el 2025 y el 2031. Las subvenciones, según datos facilitados por la Comisión Europea, oscilan entre los 1,4 millones de euros y los 262 millones. En global, se espera que los proyectos reduzcan las emisiones a la Unión en aproximadamente 397,6 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono durante los diez primeros años de funcionamiento.