La Guardia Civil denuncia dos talleres mecánicos ilegales en el Ebre

Dentro de las inspecciones que, en materia fiscal y medioambiental, vienen desarrollando las unidades de la Guardia Civil en Tarragona, agentes del Puesto de Amposta y de Protección de la Naturaleza, en colaboración con las Policías Locales de Amposta (Montsià) y de L’Aldea (Baix Ebre), respectivamente, han llevado a cabo destacadas actuaciones dirigidas al control de talleres mecánicos para verificar el cumplimiento de la normativa medioambiental en materia de residuos. Fruto de esta colaboración se han localizado en las localidades de Amposta y l’Aldea dos establecimientos que se dedicaban al mantenimiento y reparación de vehículos a motor de manera clandestina.

En el interior de los locales, se encontraron a operarios que realizaban trabajos mecánicos en los vehículos, por lo que se solicitó a los responsables del establecimiento la documentación acreditativa para ejercer dicha actividad pudiendo comprobar, en ambos casos, que no se disponía de licencia de actividad, ni de la exigida por los organismos competentes en materia medioambiental, laboral, industrial, de riesgos laborales ni tributaria. Además de vehículos a motor, se encontró maquinaria industrial, repuestos, así como numerosas herramientas relacionadas con la citada actividad. También se localizaron neumáticos usados, baterías de plomo y de litio y otras piezas de vehículos, además de restos de aceite usado y motores.

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La mayoría de los residuos detectados están calificados como peligrosos y están sujetos a las obligaciones establecidas en la legislación sobre residuos contaminantes. En ambos establecimientos se encontraron un total de tres trabajadores extranjeros que carecían de permisos que ampararan su legal estancia en el territorio nacional y el preceptivo contrato de trabajo. Dichos establecimientos ya habían sido denunciados en el año 2024 por la misma actividad irregular.

Se han extendido las correspondientes actas-denuncias por infracciones administrativas, relacionadas con los residuos, la seguridad industrial y la documentación necesaria para desarrollar esta actividad, así como infracciones tributarias y de las obligaciones económicas derivadas de la seguridad social. Algunas de estas infracciones, especialmente en materia de residuos, podrían ser calificadas como graves, con sanciones de hasta 300.000 euros si se trata de residuos peligrosos.