El Tribunal de Estrasburgo estudia una demanda por torturas en el CIE de Barcelona

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha admitido a trámite por primera vez una demanda presentada por una persona que denunció torturas y malos tratos cuando estaba internada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona. En concreto, el tribunal ha comunicado al Gobierno que examinara esta demanda presentada por Irídia, centro de defensa por los derechos humanos, en nombre del interno.

El hombre denunció haber sufrido agresiones y malos tratos por parte de funcionarios destinados en el CIE así como "la falta de una investigación efectiva de los hechos por parte de las autoridades españolas". Iridia remarca que, a petición del Tribunal de Estrasburgo, España "deberá dar ahora explicaciones sobre las deficiencias en la investigación de este caso en particular y sobre los protocolos de prevención de los malos tratos en los CIE a nivel general".

La demanda sostiene que las autoridades españolas no llevaron a cabo una investigación efectiva ante una denuncia por torturas y que hubo "deficiencias" en este procedimiento, como por ejemplo, que las imágenes de las cámaras de seguridad no fueron custodiadas adecuadamente por parte del CIE y no pudieron recuperarse cuando así lo ordenó el juez. Además, el denunciante fue expulsado del país antes de que pudiera declarar sobre los hechos, aunque posteriormente regresó a España y ratificarse íntegramente en su denuncia.

También se le practicó un reconocimiento médico-forense que acreditó tanto la existencia de un eritema compatible con la agresión como de secuelas psicológicas relacionadas con los hechos denunciados. La investigación judicial acabó con el archivo del procedimiento y por eso Iridia llevó el caso a Estrasburgo.

La entidad señala que la decisión del TEDH "es especialmente relevante porque permitirá examinar las obligaciones del Estado de proteger a las personas privadas de libertad y de investigar de manera rigurosa, independiente y efectiva cualquier denuncia de tortura o malos tratos". Además, recuerdan que "esta obligación resulta especialmente importante en los Centros de Internamiento de Extranjeros, unos espacios de privación de libertad en los que las personas internas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y bajo la custodia directa del Estado".

Irídia considera que "los CIE son un espacio de ausencia de derechos: no solo porque implican la privación de libertad por motivos estrictamente administrativos, vinculados a políticas públicas de control de fronteras, sino también porque no disponen de mecanismos reales y efectivos de prevención de la tortura". En este sentido, denuncian los "múltiples obstáculos estructurales" en las investigaciones por presuntos malos tratos dentro del centro, "que impiden a las personas internas acceder a la justicia en igualdad de condiciones con el resto de la población".

Por eso, Irídia espera que el proceso ante el Tribunal de Estrasburgo mejore "los mecanismos de prevención e investigación de los malos tratos y a evitar que situaciones como la denunciada queden impunes".

Cinco años de procedimiento

Iridia señala que sobre las 19.30 horas del 12 de enero del 2020 el interno estaba cenando en el comedor del centro y se acercó a un policía nacional para pedirle la medicación que necesitaba para dormir y que tomaba cada noche, ya que tenía varios problemas de salud mental, adicción a psicofármacos y síndrome. Los agentes le pidieron el número de interno y después le denegaron la medicación sin otra explicación. Pese a la insistencia del interno, el agente le denegó la medicación por no figurar en la lista de personas autorizadas, aunque la investigación posterior confirmó que tenía recetados los medicamentos.

La negativa a la medicación originó ansiedad en el hombre, según la demanda. Mientras subía a su habitación, como le habían ordenado, arrojó al suelo el yogur que llevaba en la mano. Esto provocó que el agente que le había denegado la medicación fuera hacia él y presuntamente le diera un puñetazo en el cuello, lo que le hizo caer al suelo. A continuación le arrastró escaleras abajo por los pies. Al llegar al rellano, el agente le aplastó el cuello con la rodilla contra el suelo y varios agentes se acercaron a él. Le inmovilizaron y le llevaron a enfermería, donde le pincharon un ansiolítico y luego le llevaron a la habitación. Esa misma noche el hombre intentó suicidarse, lo que impidieron a sus compañeros de celda. La Policía se lo llevó a enfermería de nuevo y le encerró en una celda de aislamiento. Al día siguiente presentó una queja al director del CIE.

Días después puso una denuncia en el juzgado por malos tratos y contra la integridad moral, y pidió poder declarar, ser visitado por un médico forense y detener la orden de expulsión. También pidió una investigación de los hechos y la aportación de los vídeos del CIE.

Sin embargo, el juzgado de instrucción número 6 de la capital catalana no detuvo la expulsión, que se produjo el 23 de enero, y el 9 de marzo, sin diligencia alguna, archivó la causa. Iridia presentó un recurso contra el archivo, pero antes de su resolución, el inmigrante pudo regresar a España y fue localizado, lo que hizo reabrir la causa el 19 de noviembre. El hombre declaró en el juzgado el 11 de febrero del 2021. El 7 de marzo de 2021, más de un año después de los hechos, el juzgado pidió las imágenes al CIE. La Policía remitió sólo una parte de las imágenes alegando que el horario pedido no coincidía con lo conservado, según Iridia.

Aunque la fiscalía quería juzgar a los policías por delito leve, los abogados del agredido pidieron más diligencias que acordó la Audiencia de Barcelona tras un recurso. La Policía Nacional admitió que no había abierto ningún expediente interno para investigar a los agentes implicados. Los tres agentes implicados declararon como investigados en enero del 2023, pero negaron los hechos.

En junio del 2024 el juzgado archivó la causa, decisión que la Audiencia de Barcelona ratificó en noviembre siguiente. Un posterior recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no fue admitido a trámite en abril de 2025. Por eso se decidió llevar el caso a Estrasburgo.

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