Un juzgado contencioso estudia tres demandas por vulneración de derechos fundamentales en la infiltración de docentes

La infiltración del pasado 6 de mayo de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes que se celebraba en el institut Pau Claris de Barcelona, donde se pretendía hablar de las acciones a llevar a cabo para los días de huelga, sigue dejando polémica política. La consellera d'Interior, Núria Parlon, y el director general de la Policía, Josep Lluis Trapero, han comparecido este martes en la comisión parlamentaria de "Investigación sobre la Infiltración de Policías de los Cuerpos del Estado en los Movimientos Sociales, Políticos y Populares de los Países Catalanes y sobre el Espionaje con Software Espía por parte del Reino de España".

Sin embargo, buena parte de la sesión ha estado centrada en debatir sobre la idoneidad de la presencia de Parlon y Trapero en esta comisión. Los dos habían pedido por carta al presidente del Parlament una aclaración de su comparecencia, ya que consideraban que la comisión se centra en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son Policía Nacional y Guardia Civil y no Mossos, y que ya dieron las explicaciones oportunas sobre la infiltración policial en la reunión de docentes en mayo pasado en la comisión de Interior.

Parlon ha señalado que se ha alterado "el objeto de la comisión" para hablar sobre la actuación de los Mossos cuando no son parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pese a que un informe de los letrados del Parlament aclaran que sí que se pueden considerar al referirse la comisión a "policías del Estado".

Pese a esto, Parlon ha recordado su anterior comparecencia sobre la presencia de Mossos en la asamblea de profesores ya explicó que no se trataba de una "instrucción política sino de una decisión operativa", que fue una "infiltración torpe en un momento delicado de las movilizaciones de docentes", un "error garrafal" y que "no volverá a suceder", ya que el procedimiento ha cambiado y ahora estas obtenciones de información las autorizará el comisario jefe.

Además, la consellera ha dejado claro que la información reservada anunciada ha quedado en suspenso, tal y como marca la normativa, mientras se sigue el proceso judicial abierto en la Sección Contencioso Administrativa del Tribunal de Instancia de Barcelona por tres demandas por vulneración de derechos fundamentales presentadas por los sindicatos CGT, Ustec e Intersindical. Parlon también ha añadido que la presencia de Mossos en esta comisión no tiene nada que ver con "la figura del agente encubierto".

Sin "mala fe"

En el mismo sentido, Josep Lluis Trapero ha recordado que los infiltrados están regulados por la jurisprudencia y que deben estar siempre autorizados por un juzgado en casos de crimen organizado y terrorismo. También ha señalado que esta figura es "ajena" a la búsqueda de información para evaluar riesgos y con la "inoportuna presencia de las policías" en la asamblea de docentes. Ha añadido que no fue con "mala fe", sino una cuestión "operativa".

"No se daba un principio de oportunidad la asistencia de las agentes, pero no fue una injerencia de los derechos ni libertades de nadie", ha añadido Trapero y ha remarcado que "para conseguir información no se elimina ningún otro derecho". También ha indicado que algunas presencias en asambleas no son para espiar a nadie sino para garantizar los derechos y la seguridad de los manifestantes, ya que en todo momento los agentes quieren evitar cualquier alteración del orden público.

Trapero ha indicado que el comisario general de Información de Mossos conocía la presencia de las agentes en la reunión docente. En su comparecencia ha destacado las tareas de mediación para obtener datos que ayuden a evaluar los riesgos de las protestas.

Además, ha remarcado que no tiene conocimiento sobre "la Infiltración de Policías de los Cuerpos del Estado en los Movimientos Sociales, Políticos y Populares de los Países Catalanes y sobre el Espionaje con Software Espía".

Sin suplantación

Por su parte, el comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, también ha señalado que los Mossos no han entrado "en dinámicas inerciales de infiltración policial que responden a la figura de agente encubierto" y que está regulado en la ley de enjuiciamiento criminal, sino que se requiere de autorización judicial y fiscal. Ha añadido que estas infiltraciones están reservadas para delincuencia organizada. En este sentido ha indicado que los Mossos no han utilizado identidades falsas ni han suplantado identidades" y que tampoco tiene conocimiento de actuaciones en este sentido de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Sobre la presencia de Mossos en la asamblea de docentes el comisario jefe ha recordado que una de las funciones policiales es proteger los derechos fundamentales para que se ejerzan de forma pacífica y compatible con el "resto de derechos de la ciudadanía", además de la prevención de riesgos. Por eso, ha destacado que la finalidad de la presencia policial en la reunión de los profesores era tener información sobre "escenarios que se interfiriera el orden público o los derechos fundamentales y las manifestaciones".

Quejas sindicales

La Federación de Profesionales de la Seguridad (FEPOL) ha lamentado la comparecencia de los responsables de Interior en esta comisión. Han recordado que los Mossos "no tienen nada que ver" con "las infiltraciones de policías de los cuerpos del Estado, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, en los movimientos sociales, políticos y populares, y el espionaje con software espía por parte del Reino de España".

"Se utiliza una comisión pensada para fiscalizar la actuación de los cuerpos del Estado, presuntamente para acabar señalando de nuevo y sin fundamento acreditado los Mossos d'Esquadra", remarca Fepol y añaden que citar a los responsables de Interior y de los Mossos "sólo se explica por la voluntad de convertir una herramienta de control democrático en un claro instrumento de desgaste".

Por eso, el sindicato considera que "esta maniobra como un nuevo intento de desprestigio del Cuerpo de Mossos d'Esquadra y, muy especialmente, de cuestionar unas funciones tan legítimas como estratégicas para la seguridad de Catalunya como son las de la Comisaría General de Información: que ya están sometidas al control judicial y legal".

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