Cae en Tarragona una red de empresas que ofrecían material para plantaciones de marihuana a gran escala

Eran mayoristas de marihuana que podían montarte una plantación con todo incluido. Una operación conjunta entre Mossos d'Esquadra y Guardia Civil ha permitido acabar con una banda criminal que operaba bajo empresas de venta de productos de growshop, pero que en realidad suministraba de forma coordinada el material necesario para la instalación y mantenimiento de plantaciones de marihuana a gran escala. La operación ha permitido detener a cuatro sospechosos además de investigar a otras dos personas.

Los dos supuestos cabecillas de la trama han ingresado en prisión mientras que por orden judicial se ha ordenado el cese de las actividades de las empresas y bloqueos de las cuentas bancarias y patrimonio, valorado en unos 800.000 euros. Los agentes han realizado trece entradas y registros, doce de ellos en la provincia de Tarragona, concretamente en Tarragona, Torredembarra, Salou y Perafort; y uno en Peligros, Granada. Han intervenido 240.000 euros en efectivo, cuatro vehículos (dos furgonetas, un turismo y una motocicleta), material tecnológico y numerosa documentación de interés para la investigación.

Las cuentas bancarias vinculadas a los principales responsables registraron movimientos de capital por un valor superior a los 80 millones de euros, mientras que la actividad económica declarada no llegaba a los 15 millones.

Los investigadores remarcan que los sospechosos presuntamente comercializaban productos aislados sobre cannabis y además ofrecían un servicio integral, suministrando todos los elementos necesarios para la instalación completa de cultivos ilegales de marihuana (iluminación, ventilación, sistemas de riego, fertilización y control ambiental), facilitando así la puesta en marcha y mantenimiento de las plantaciones.

El subinspector Marc Bayon y el sargento Xavier Tenorio de los Mossos en Tarragona y el capitán Jesús Valero y el sargento Alberto Sánchez de la Guardia Civil de Tarragona han explicado que la investigación se inició en 2023 y acabó en abril pasado, aunque ahora se está analizando documentación intervenida, por lo que no se descartan más arrestos. También han remarcado que se han encontrado por primera vez con una organización empresarial que facilitaba plantaciones para narcos además de funcionar como una "centrifugadora" de blanqueo de capitales.

En este sentido, han asegurado que el dinero conseguido lo "reinyectaban" en nuevas inversiones. "Si no atacamos la economía o intentamos contenerla, no hay forma de revertir el negocio del narcotráfico", ha indicado Bayon, que ha resaltado el nivel de discreción y modestia de los delincuentes, autóctonos y sin antecedentes, que no levantaron sospechas ni siquiera a los vecinos de los polígonos donde llevaban a cabo su actividad.

Banda jerarquizada

La organización tenía un núcleo directivo encargado de la toma de decisiones estratégicas y la coordinación de las distintas sedes. Estas empresas, ubicadas en diferentes puntos del territorio nacional, operaban de manera discreta, sin actividad comercial visible al público, funcionando habitualmente a puerta cerrada salvo en momentos puntuales de carga y descarga de mercancías.

La investigación ha permitido constatar que estas sociedades mercantiles, aparentemente independientes, funcionaban en realidad como una única estructura empresarial coordinada. Este entramado compartía recursos logísticos, operativos y comerciales, incluyendo plataformas de venta, gestión de personal y distribución de mercancía, actuando de forma unificada bajo una dirección común.

Aunque la actividad declarada era la venta mayorista a establecimientos, la investigación ha evidenciado una doble operativa diferenciada. Por un lado, la venta a otras empresas, con menor margen de beneficio y apariencia de legalidad, y, por otro, la venta directa a organizaciones criminales dedicadas al cultivo internacional de marihuana, con mayor rentabilidad económica y realizada al margen de los canales legales de facturación.

Estas ventas directas se efectuaban mayoritariamente en efectivo, sin emisión de factura, con el objetivo de evitar la trazabilidad de las operaciones.

Doble contabilidad

Los agentes han acreditado la existencia de una doble contabilidad: una oficial, declarada ante la administración; y otra paralela, vinculada a los ingresos procedentes de las ventas ilícitas. Estas operaciones se realizaban mayoritariamente también en efectivo para evitar su trazabilidad.

El capital de la contabilidad paralela, ascendía aproximadamente a 13 millones de euros, era almacenado, contabilizado internamente y redistribuido dentro de la misma trama para hacer frente a pagos a proveedores y gastos personales, así como para introducirlo progresivamente en el circuito económico legal.

Sin embargo, durante el periodo investigado, las cuentas bancarias vinculadas a los principales responsables registraron movimientos de capital por un valor superior a los 80 millones de euros, mientras que la actividad económica declarada no llegaba a los 15 millones.

Además, la organización contaba con una filial en Alemania, desde la cual se replicaba la misma operativa ilícita. Esta delegación, estratégicamente ubicada, permitía ampliar el alcance de la actividad a nivel europeo y facilitaba la gestión de importantes volúmenes de efectivo, aprovechando particularidades normativas en materia de pagos.

Contravigilancia

Los investigadores indican que la banda implementaba medidas específicas para preservar la identidad de sus clientes, muchos de ellos vinculados a grandes plantaciones de marihuana. Entre estas medidas se incluían sistemas de entrega indirecta, ocultación de direcciones finales y uso de intermediarios para la recepción de mercancías.

Supuestamente, los responsables y empleados del entramado eran plenamente conscientes del destino ilícito del material suministrado, participando activamente en la gestión de pedidos, fijación de precios y logística de distribución.

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