Visto para sentencia
El jurado considera culpable de asesinato con alevosía al acusado de matar y descuartizar a su compañero de casa en Piera
El jurado ha votado por unanimidad y ahora el caso queda visto para sentencia

El hombre en el banquillo de los acusados de la sala del jurado de la Audiencia de Barcelona. / TSJC
Culpable por unanimidad. El jurado popular ha declarado al acusado del crimen y descuartizamiento de Piera culpable de asesinato con alevosía, sin el agravante de ensañamiento, y con el atenuante de alteración psíquica. También lo considera culpable de un delito de profanación de cadáver.
Los 9 miembros del jurado emitieron el veredicto este martes por la tarde, después de que el juicio se iniciara la semana pasada con una primera declaración del acusado, J.R.H.E., en la que admitió que mató a su compañero de piso, un chalet que tenían ocupado en la urbanización Bosc de l’Àliga en Piera, tal como publicó Regió7 en el momento de los hechos.
El hombre reconoció que el 12 de diciembre de 2022 "las voces me empezaron a decir que o mataba a Alejandro, o él me mataría a mí". Era de madrugada y fue entonces cuando cogió un cuchillo y fue a la cama donde dormía la víctima, y le dio un fuerte golpe en la cabeza. El atacante se cortó con el cuchillo, mientras el agredido se levantaba de golpe. "Empecé a clavarle el cuchillo muchas veces, pero no se moría. Por eso fui a buscar un martillo, y le golpeé repetidamente hasta que murió".
A partir de ahí, y a preguntas de su defensor, el acusado admitió que cortó a la víctima en dos con una motosierra, y tiró las dos mitades "fuera de la casa". J.R.H.E. también pidió disculpas a la familia de la víctima, diciendo que "perdió el conocimiento y no quería hacer esto".
Ahora el juicio queda visto para sentencia, que deberá emitir el tribunal sobre la decisión de culpabilidad tomada por el jurado. La Fiscalía pedía para el acusado 23 años y 5 meses de prisión por un delito de asesinato con el agravante de la gravedad de los hechos, ocurridos en diciembre de 2022 en Piera. El ministerio público también solicitaba una indemnización de 150.000 euros para los familiares de la víctima y libertad vigilada durante cinco años una vez cumplida la condena.
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