Catalunya solo cobra el 25% de las multas impuestas por desobediencia o resistencia a la policía: en total, 144.000 euros en 2025

El Departament d'Interior de la Generalitat resolvió el año pasado 1.720 expedientes sancionadores por desobediencia a agentes de los Mossos d'Esquadra, pero únicamente se han pagado 444 de ellos, lo que supone un 25% del conjunto de las multas. El importe total ingresado en las arcas públicas asciende a 143.900 euros. Interior subraya que, del total de expedientes, 409 se han abonado con un 50% de reducción de las sanciones.

La mayoría de los expedientes no cobrados corresponden a sanciones que todavía están pendientes de pago porque el periodo voluntario no ha finalizado. También se incluyen aquellos casos en los que, una vez transcurrido el plazo, se ha iniciado la vía ejecutiva para proceder al cobro, así como los expedientes en los que consta la presentación de un recurso de alzada contra la resolución sancionadora, circunstancia que suspende la ejecución de la sanción hasta que se resuelva el trámite.

En 2025 los Mossos d'Esquadra impusieron 2.147 infracciones administrativas por desobediencia o resistencia a agentes de la autoridad en Catalunya, según datos de Interior. Se trata de una cifra superior a la de los últimos años, ya que en 2023 fueron 2.081 y en 2024 1.853.

Ascienden las acusaciones de desobediencia

Junto a las multas por el procedimiento administrativo, en 2025 los agentes también abrieron 1.423 diligencias penales por desobediencia o resistencia a la autoridad, en el marco de los delitos contra el orden público establecido en el Código Penal. En 2024 se registraron 1.297 delitos de este tipo, lo que supone un aumento del 10%.

Según datos de Interior, el conjunto de los delitos contra el orden público (entre los que figuran los de resistencia, desobediencia o atentado a agentes de la autoridad) aumentaron un 40% el año pasado si se compara con el anterior. En 2025 fueron 5.450, frente a los 3.880 de 2024 y los 3.541 de 2023.

Ante este incremento de la desobediencia y la resistencia, el sindicato de Mossos SAP-ME lamenta "la pérdida de autoridad" de los agentes en la mayoría de sus actuaciones en la calle, ya que, según esta organización, se encuentran con "actitudes hostiles" y con faltas de respeto. "Agredir a un policía no tiene ningún tipo de consecuencia", señalan a EL PERIÓDICO.

Por este motivo, las organizaciones sindicales reclaman medidas judiciales, como aumentar el castigo asociado a este tipo de delitos, y políticas para proteger a los policías. Entre ellas, reclaman la adquisición de un mayor número de pistolas táser, que ayudan a reducir a sospechosos violentos y fuera de control, y que se distribuyan entre las patrullas que hacen un servicio en la calle. Los sindicatos se personan como acusación particular cuando hay agresiones a agentes.

Armamento militar

Más allá de la desobediencia en la calle, SICPOL (Sindicat de Comandaments de Policia) y SUCPOL (Sindicat Unificat de Comandaments de Policia), organizaciones representativas de los jefes y mandos de las policías locales de Catalunya, han expresado su "preocupación ante el aumento sostenido de la violencia grave en el territorio y ante la evolución de los riesgos a los que deben hacer frente diariamente los profesionales de la seguridad pública".

"Constatamos que la realidad operativa actual ya no se limita a la presencia de armas blancas, sino que evidencia también un incremento preocupante del uso de armas de fuego y, en determinados entornos, la presencia de armamento con características propias de uso militar", señalan las organizaciones, que añaden que están gestionando "situaciones cada vez más complejas, imprevisibles y potencialmente letales" a diario.

Reclamaciones

Los sindicatos de mandos policiales creen que estas "dinámicas de violencia y criminalidad" afectan "al conjunto del sistema de seguridad pública y requieren una respuesta coordinada, estable y estructural". Por este motivo, piden "una reflexión seria sobre si el marco normativo, organizativo y operativo actual es suficiente para dar respuesta a los retos presentes y futuros".

Estas organizaciones reclaman "una revisión integral de la normativa vigente, para adaptarla a la actual realidad criminológica", exigen "el refuerzo de los recursos humanos y materiales, especialmente en el ámbito de la seguridad ciudadana", solicitan "la implantación de protocolos operativos y formación específica para afrontar situaciones con armas de fuego y escenarios de violencia grave" e instan a una "mayor coordinación entre cuerpos policiales y administraciones, para garantizar una respuesta eficaz y coherente", así como más "seguridad jurídica para los mandos policiales ante decisiones operativas cada vez más complejas".

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