Golpe al tabaco de contrabando: la Guardia Civil detiene a 20 sospechosos e interviene 100 toneladas

En una de las operaciones más importantes contra el tabaco falsificado en España, la Guardia Civil ha detenido a 20 sospechosos de pertenecer a una organización criminal dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de esta mercancía de contrabando a nivel nacional y con conexiones internacionales. En la operación se han intervenido más de 100 toneladas de tabaco en distintas fases de producción. La gran mayoría de cigarrillos eran falsificaciones de Marlboro (Philip Morris International), que ha colaborado activamente con la Guardia Civil, especialmente en aspectos técnicos claves para la valoración y estimación de producción de esta organización.

En la presentación de esta operación, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha señalado que “no estamos ante una actividad ilícita menor ni ante un fraude puntual”, sino ante “una organización criminal perfectamente estructurada, con capacidad industrial, logística y de distribución, que operaba al margen de la ley para obtener beneficios millonarios”. Además, ha añadido que “si se calcula una media aproximada de 14 gramos de tabaco por paquete de 20 cigarrillos, las 100 toneladas intervenidas equivaldrían a más de 7 millones de cajetillas. Colocadas en fila, esas cajetillas permitirían cubrir la distancia entre Barcelona y Madrid, más de 500 kilómetros”.

Prieto estaba acompañado del General Jefe de la Guardia Civil en Catalunya, Pedro Antonio Pizarro, y del Capitán Jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Girona, Daniel Gómez Moreno. El delegado también ha señalado que el golpe policial ha permitido “desmantelar una infraestructura logística de gran capacidad y asestar uno de los golpes más importantes de los últimos años contra este tipo de fraude”.

Casi 100.000 kilos de tabaco

Los agentes hicieron cinco registros en naves industriales, un domicilio y un garaje en Lloret de Mar, Vidreres, Granollers, Piera y Mollet del Vallès. Se intervino 29.600 kilos de hoja de tabaco, 72.800 kilos de picadura de tabaco, casi 7 millones de láminas serigrafiadas para cajetillas, más de 1.000 cajas de filtros, material de empaquetado, envoltorio y etiquetado, 129 bidones de pegamento y un vehículo, dispositivos electrónicos y abundante documentación.

Además, se requisaron 384.000 cajetillas de tabaco falsificado ya preparadas para su distribución, 107 toneladas de tabaco en hoja y picadura, valorado en más de 10 millones de euros, junto con maquinaria industrial.

Prieto también ha remarcado la importancia de la operación para las arcas públicas al señalar que “tres cuartas partes del precio de una cajetilla de tabaco corresponden a impuestos, de modo que, si los más de 7 millones de cajetillas que podrían haberse producido con el tabaco intervenido hubieran llegado al mercado, el Estado habría dejado de recaudar alrededor de 30 millones de euros en impuestos especiales”, calculados sobre el precio de venta en España. Además, ha añadido que el beneficio ilícito podría haber sido todavía mayor en otros mercados europeos,ya que una cajetilla de tabaco que en España tiene un precio aproximado de 6 euros puede alcanzar los 11 euros en Francia o los 14 euros en Noruega.

Trabajadores irregulares

En el momento de los registros las líneas de manufacturado y empaquetado de los cigarrillos se encontraban activas. La capacidad de producción diaria estimada de producto falso rondaba entre los 850.000 y 900.000 cigarrillos, unas 45.000 cajetillas de tabaco. Para ello disponían de la maquinaria suficiente valorada en unos 500.000 euros.

Durante el registro de una nave industrial en Granollers (Barcelona), los agentes descubrieron que once de los trabajadores de la organización que trabajaban allí se encontraban en situación irregular en España y que podían estar siendo explotados por la organización.

A estas personas se les imputó la presunta comisión de los delitos relacionados con la falsificación del tabaco y fueron puestos en libertad por la Guardia Civil e informada la autoridad judicial de su situación.

Los otros nueve detenidos, de entre 21 y 73 años y vecinos de Girona, Lloret de Mar y Mollet del Vàlles, están acusados de los delitos de contrabando, contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, contra la propiedad industrial, contra la Hacienda Pública y contra el derecho de los trabajadores. Cuatro de ellos han ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Igualada que coordina la operación.

La investigación continúa abierta para desarticular toda la estructura y las posibles ramificaciones de la organización, a escala nacional e internacional.

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