La jueza que investiga el accidente mortal en una pasarela en Cantabria investiga a dos funcionarios por la falta de mantenimiento

La investigación judicial sobre el derrumbe de la pasarela de El Bocal, en Santander, que el pasado 3 de marzo causó seis fallecidos y dejó un herido grave, da un paso decisivo. La jueza instructora, Rosa Martínez, ha acordado dirigir acción penal contra dos responsables de la Demarcación de Costas en Cantabria, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

En un auto conocido este martes, la magistrada considera que la Administración central es la “única responsable” del mantenimiento y conservación de la infraestructura siniestrada. Por ello, imputa al jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, como director de las obras de la senda costera ejecutadas en 2014, así como al jefe de Servicio de Proyectos y Obras.

Además, declara a la Demarcación de Costas posible responsable civil, al entender que las obras de la senda peatonal nunca se dieron por finalizadas ni fueron recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, lo que dejaba en manos del organismo estatal su mantenimiento íntegro.

La resolución judicial aprecia “serios indicios” de una actuación negligente. Según destaca la jueza, la única reparación documentada, realizada en el verano de 2024, se centró exclusivamente en la estructura de madera, pese a que informes de la Policía Científica detectaron que los elementos metálicos estaban completamente oxidados. Esta intervención parcial podría haber sido “insuficiente” y determinante en el colapso.

Irregularidades desde el origen

La investigación también revela que las obras de la senda arrastraban irregularidades desde su origen. El primer proyecto, iniciado en 2012, fue paralizado tras la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria, mientras que el proyecto posterior, de 2016, nunca llegó a aprobarse. A pesar de ello, la pasarela permaneció abierta al público durante años sin restricciones.

Asimismo, la jueza subraya que Costas era consciente del deterioro. Un informe interno de mayo de 2024 ya advertía del mal estado de algunas partes de la estructura, lo que motivó una intervención meses después que ahora se considera insuficiente.

Paralelamente, la magistrada ha ampliado el objeto del informe pericial en curso para determinar si las actuaciones de mantenimiento realizadas fueron adecuadas. También ordena investigar si el riesgo de colapso era visible antes del accidente.

Seguridad, competencia del ayuntamiento

En este punto, introduce la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Santander, que, aunque no fuera titular de la infraestructura, sí tenía competencias en materia de seguridad en espacios públicos. El consistorio debía haber acotado o señalizado la zona en caso de detectar peligro, especialmente al incluirla en rutas turísticas.

Para esclarecer este extremo, la Policía Judicial recabará fotografías previas al derrumbe y testimonios de usuarios habituales. Además, declararán varios testigos, entre ellos ciclistas que alertaron del accidente, un vecino que avisó al 112 el día anterior y una integrante de una plataforma vecinal que había denunciado el estado de la pasarela.

La causa sigue abierta a la espera de nuevos informes técnicos que permitan determinar las responsabilidades penales y civiles en una de las mayores tragedias recientes en la costa cántabra.