La familia kuwaití pide 9 años de cárcel al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca

La familia Al Hassawi, emparentada con la realeza de Kuwait, con importantes propiedades en Mallorca, solicita una condena de nueve años de cárcel para el encargado del mantenimiento de las numerosas fincas que tiene en la isla. Se le acusa de los delitos de estafa y apropiación indebida.

El tribunal de la Audiencia de Palma ha citado esta mañana al acusado, Miguel A.S., ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo, que suponía declararse culpable y devolver el dinero que se le reclama. Sin embargo, el acusado no ha alcanzado ningún acuerdo y ha decidido ir a juicio, cuya fecha no se ha podido concretar en la mañana de hoy. El tribunal ha establecido la lista de testigos y peritos que serán citados, así como los documentos que se analizarán como prueba.

No es la primera vez que la familia Al Hassawi sufre una estafa en Mallorca. Hace años ya se denunció a su hombre de confianza, Martín Ferriol, un administrador que protagonizó una millonaria estafa y que huyó a Londres, donde permaneció varios meses escondido hasta que fue localizado por la Policía, detenido y extraditado a Mallorca. Ferriol, que según se calculó en su momento pudo estafar más de 600 mil euros de aquella época (la denuncia se presentó hace más de 25 años) nunca llegó a ser juzgado, porque murió antes de que se fijara la fecha del juicio. Murió al sufrir un infarto mientras conducía. El dinero nunca se recuperó.

Esta familia kuwaití es propietaria de varias fincas muy significativas de Mallorca, como “Capocorb”, “Betlem”, “Ses Planes” o “Son Jaumell”. El pasado año vendió otras fincas al Govern, como Cala Torta o Cala Mesquida, con el objetivo de proteger todas los terrenos del Parc de Llevant de Mallorca. La operación tuvo un montante aproximado de unos tres millones de euros.

El hombre que se ha sentado hoy en el banquillo era el hijo de los antiguos posaderos de una de las fincas, al que se le encargó del mantenimiento de las propiedades que esta familia de origen kuwaití tiene en Mallorca.

Según se señala en el escrito de acusación, los propietarios le habían encargado a este empleado que se encargara de supervisar y realizar las tareas de mantenimiento que precisaban las fincas, así como la limpieza de los terrenos, de tal manera que todo estuviera en orden cuando la familia viniera a Mallorca para disfrutar de estas propiedades.

Sin embargo, los propietarios, según se señala en la denuncia, descubrieron que en septiembre del año 2017, su hombre de confianza, “simulando la autorización” de los propietarios, alquiló dos de estas fincas a un inquilino. Se trata de las fincas rústicas “Betlem” y “Capocorb”, que están en Llucmajor. El alquiler se prolongó durante un periodo de cinco años, por una renta anual de 20.000 euros. El dinero, según la acusación, se ingresó en una cuenta bancaria controlada por el encargado de la finca, sin informar de ello a sus jefes.

Sin embargo, no fue la única finca que alquilo. También hizo lo hizo, siguiendo el mismo sistema, con la finca “Ses Planes” de Calvià. El alquiler fue de cinco años, a 9.000 euros anual. En esta ocasión los inquilinos no pagaron al encargado de la finca, pero realizaron trabajos en las fincas de la familia kuwaití, que fueron cobrados a través de la empresa del acusado.

La acusación también denunció que en mayo de 2019, Miguel A.S., entregó a una persona una fotocopia de su jefa, con una firma falsa de ella, para que se tramitara en la conselleria de Medio Ambiente los permisos para poder practicar la caza en todas las fincas que pertenecían a la familia kuwaití. La persona que alquiló el coto para poder cazar también realizó trabajos de limpieza en las fincas, que fueron facturadas a la sociedad de los propietarios de la finca. El acusado también habría repetido esta misma operación y con la misma persona, para tramitar el permiso de caza de una finca de Madrid que poseen los kuwaities.

El encargado del mantenimiento también habría suscrito, en esta ocasión a nombre de su empresa, un alquiler de una de las fincas que no era suya para desarrollar una función cinegética. El dinero lo cobró en metálico y no habría dado cuenta a sus jefes.

También se le acusa de haber vendido pinos a una empresa, por un importe de 8.000 euros y él se habría quedado, supuestamente, con 1.500 euros que no le pertenecían.

El acusado actuaba a través de una empresa, de la que era administrador único. Los denunciantes aseguran que, aprovechándose de la confianza que habían depositado en este empleado, aceptaron que él se encargaría del mantenimiento de estas fincas y que los pagos se realizarían a través de esta sociedad. Sin embargo, se acordó que cada año se elaboraría y se enviaría un presupuesto detallado de los trabajos a realizar, se estudiaría y una vez realizados los trabajos se abonaría la factura. Una de las facturas, por un importe de 97.200 euros, correspondía supuestamente a los trabajos de mantenimiento de tres de las fincas. Tras ser abonada se descubrió que los trabajos realizados solo habían costado 12.000 euros. Meses más tarde habría cobrado otras facturas por trabajos que no se habrían realizado. Los denunciantes calculan que habrían sufrido un engaño calculado en unos 300.000 euros, un dinero que ahora reclaman al que fue su hombre de confianza en Mallorca.

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