Imponen a una okupa una orden de alejamiento de la casa donde lleva casi dos años viviendo

Una jueza de Manacor ha impuesto a una okupa una orden de alejamiento de la casa donde lleva casi dos años viviendo sin pagar ningún tipo de renta en Porreres como medida cautelar al ser condenada por usurpación.

La magistrada le prohíbe aproximarse a menos de 250 metros de la vivienda ocupada durante un plazo de seis meses. Según la reciente sentencia, dictada a principios de febrero y que todavía no es firme, esta medida de carácter cautelar estará vigente desde el próximo 11 de marzo de 2026. Transcurrido medio año, quedará automáticamente sin efecto.

El fallo establece que se requiera a la condenada para el cumplimiento de la medida cautelar y para que se abstenga de realizar cualquier acto que suponga una infracción de la prohibición impuesta, “apercibiéndole que, en caso de incumplimiento, podrá incurrir en un delito de quebrantamiento de condena”.

La sentencia concluye que la prohibición de aproximarse al inmueble “resulta pertinente”, pese al carácter leve del delito, para garantizar la tranquilidad de la perjudicada y evitar nuevas situaciones de ocupación que deriven en hechos más graves.

Además de imponer la orden de alejamiento de la casa, la jueza ha condenado a la okupa como autora de un delito leve de usurpación a una pena de multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros y a la efectiva restitución de la posesión, como había solicitado la fiscalía y el abogado de la acusación particular. Por ello, también la ha desahuciado de la vivienda. El lanzamiento tendrá lugar el próximo 11 de marzo de 2026 a las nueve y media de la mañana, si no se ha producido el abandono voluntario de la casa.

La sentencia establece que el lanzamiento se ha acordado como medida cautelar y se llevará a cabo con asistencia de la fuerza pública para el uso de la fuerza indispensable “cualesquiera que sean las personas que se hallen en la vivienda”. Además, oficia a los servicios sociales por si procediera su intervención en relación a los menores de edad que convivieran con la denunciada.

Por último, se requiere a la condenada para que abandone la casa de Porreres, propiedad de una mujer, en el plazo “más breve posible” y, en todo caso, antes del 11 de marzo de 2026.

Según se declara probado en la resolución, contra la que cabe recurso de apelación, en fecha no determinada alrededor del mes de mayo de 2024 la sospechosa accedió a la vivienda ubicada en el municipio de Porreres y estableció allí su domicilio, a sabiendas de que carecía de título u otro derecho que le autorizara a permanecer en el inmueble. Este acceso se produjo “sin autorización alguna” de la propietaria.

Denunciante

La perjudicada mantuvo la misma versión en el juicio que la que dio a la Guardia Civil cuando interpuso la denuncia. Afirmó que tuvieron conocimiento de la posible ocupación por parte de los vecinos y, cuando su hijo y ella se personaron en el inmueble, se encontraron con la okupa. Tanto la dueña como su hijo manifestaron que la vivienda había sido arrendada en diferentes ocasiones, además de que la familia le daba uso habitual. Incluso recordaron que habían acudido días antes a los hechos denunciados y no hallaron a nadie dentro.

La sentencia subraya que la declaración de la denunciante es coherente, lógica, carece de lagunas y cuenta con corroboración en las actuaciones policiales contenidas en el atestado. Las fotografías realizadas durante la inspección ocular por parte de los agentes demuestran que la cerradura de la puerta principal había sido forzada. Además, un informe de un detective privado identifica plenamente a la denunciada como la persona que reside en la casa.

La okupa manifestó en el juicio que conoció por las calles de Palma a un hombre llamado Antonio, que le dijo que si le pagaba 400 euros le proporcionaría vivienda. De esta manera, pudo acceder a la casa con las llaves que le dio Antonio, al que no ha vuelto a ver desde mayo de 2024, sin abonar renta alguna durante casi dos años porque, según ella, espera firmar un contrato de arrendamiento.

La denunciada reconoció que la Guardia Civil se personó en el inmueble con una mujer y que le manifestaron que la casa era de otra persona, pero que nadie le dijo que tuviera que abandonarla, por lo que ha permanecido allí desde mayo de 2024 sin pagar alquiler alguno.

La jueza analiza su versión y señala que no ha sido corroborada por ningún elemento periférico objetivo, ya sea un posible contrato de arrendamiento, un recibo de pago de 400 euros o la declaración de algún testigo. La okupa exhibió unas llaves de la vivienda con las que dice que accedió a la casa inicialmente, “siendo ello prácticamente imposible, dado que en la inspección ocular realizada el día de los hechos aparecen fotos donde se refleja que la cerradura de la puerta fue forzada, por lo que las llaves exhibidas han sido producto del cambio de cerradura”. Además, ella indica que no sabe cómo ocurrió el forzamiento de la cerradura, “algo poco creíble”, según la sentencia. Finalmente, la okupa reconoció que se le informó de que la casa era de una mujer y no del tal Antonio y, pese a ello, se mantuvo allí desde 2024 sin pagar renta alguna.

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