Piden tres años de prisión por encargar unas obras en unas casas en Das y crear un entramado para no pagarlas

Las obras de construcción en varios inmuebles situados en Das son el origen de un procedimiento penal que ha acabado con petición de penas de prisión para los 3 administradores de una mercantil de Terrassa. La fiscalía los acusa de un delito de alzamiento de bienes después de haber dejado impagadas facturas por valor de 86.986,17 euros y de haber desplegado, presuntamente, una estrategia para evitar que la constructora cobrara.

Los hechos se remontan al año 2008, cuando los administradores solidarios de una sociedad mercantil encargaron a una empresa constructora trabajos en unos inmuebles en la población de Das. Las obras se ejecutaron y generaron tres facturas principales, por valor de 66.253,76 euros, 18.378,60 euros y 853,81 euros. El total ascendía a más de 85.000 euros, cantidad que se formalizó mediante pagarés con vencimientos entre julio y noviembre de 2008, pero ninguno de estos importes fue finalmente abonado.

Cuando la empresa constructora intentó cobrar, se encontró con un escenario patrimonial que, según la Fiscalía, había sido deliberadamente desmantelado. El núcleo de la acusación no es el impago en sí, sino lo que pasó mientras la deuda estaba vigente. En el momento de encargar las obras, los administradores disponían de tres fondos de inversión con 126.353,71 euros en total. Estos fondos fueron cancelados entre septiembre y diciembre de 2008, coincidiendo con los vencimientos de los pagarés. Paralelamente, se produjeron diversos movimientos de capital relevantes que, según el Ministerio Fiscal, dejaron sin contenido real las cuentas desde donde se habría debido atender el pago de la deuda.

Además, los acusados constituyeron, el 19 de enero de 2009, una hipoteca por importe de 175.000 euros con Caixa Sabadell sobre las cuatro fincas vinculadas a los inmuebles de Das, pero el crédito hipotecario no se destinó a pagar la deuda con la constructora.

Un cobro simbólico: 85,89 euros

Ante el impago, la empresa perjudicada interpuso un procedimiento de juicio cambiario que derivó en ejecución judicial. El resultado económico fue prácticamente nulo: solo se pudieron embargar 85,89 euros en el año 2010. Es decir, de una deuda cercana a los 87.000 euros, se recuperó menos del 0,1%.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de alzamiento de bienes (artículo 257 del Código Penal), que castiga a quien, con conocimiento de una deuda, oculta o descapitaliza sus bienes para impedir la acción de los acreedores.

Por estos hechos, el ministerio fiscal solicita para cada uno de los acusados tres años de prisión, veinte meses de multa con cuota diaria de 20 euros y el pago de la responsabilidad civil (86.986,17 euros más intereses).

El juicio se celebrará el martes próximo, día 17 de febrero, en la sección tercera de la Audiencia de Barcelona.

Suscríbete para seguir leyendo