La Policía libera a 15 mujeres chinas que eran captadas por anuncios en redes y obligadas a prostituirse

La Policía Nacional ha desarticulado una banda de origen chino que había captado a 15 mujeres a través de anuncios en redes sociales y las obligaba a prostituirse en locales de Palma de Mallorca. Hay 12 detenidos en esta ciudad y otros 2 en Barcelona. Siete de ellos han ingresado en prisión provisional.

La Policía hizo registros en 10 inmuebles y se cerraron tres prostíbulos. Los sospechosos imponían a las víctimas un régimen de esclavitud, obligándolas a estar disponibles de forma permanente y controlando en todo momento su actividad.

Además, las mujeres eran forzadas a realizar servicios a domicilio, siendo trasladadas y vigiladas continuamente por los miembros de la red. La banda también vendía vigorizantes sexuales y drogas a los clientes de estos prostíbulos.

La investigación se inició en abril de 2025 cuando la Policía recibió dos comunicaciones anónimas solicitando ayuda. Las víctimas, mujeres de origen asiático, indicaron que estaban recluidas en pisos de alterne en Palma de Mallorca y que eran explotadas y agredidas sexualmente.

De forma paralela, una de las víctimas, tras haber conseguido huir del local en el que la tenían recluida y obligada a ejercer la prostitución, y en el que había sufrido agresiones físicas y sexuales, acudió a la Policía pidiendo auxilio. El resultado de las declaraciones y colaboración de esta víctima resultó crucial para el inicio de la investigación, según los agentes.

La Policía conectó esta investigación con otra operación de 2024, en la que se desmanteló parte de una red criminal dedicada a la trata de mujeres de origen chino con fines de explotación sexual en prostíbulos clandestinos de la ciudad de Palma de Mallorca. En concreto, la propietaria de uno de los locales investigados en aquella ocasión figuraba como una de las principales cabecillas de la organización criminal ahora investigada, logrando finalmente la desarticulación total de este entramado criminal.

Captadas en redes

Las víctimas eran captadas mediante anuncios en las redes sociales y engañadas sobre la verdadera naturaleza de la actividad que iban a desempeñar, siendo obligadas a ejercer la prostitución. Algunas de ellas manifestaron que ya estaban en la península y otras que habían viajado desde China hasta España tras aceptar supuestas ofertas de trabajo como masajistas de carácter terapéutico, con un salario aproximado de 2.000 euros mensuales, o bien como cocineras o cuidadoras. La red criminal asumía los gastos del traslado, generando una deuda que las mujeres debían saldar ejerciendo la prostitución.

La organización se hacía cargo del traslado desde la península a la la ciudad de Palma. Una vez en la isla, las víctimas eran recogidas y trasladadas hasta los prostíbulos, donde las obligaban a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin libertad ambulatoria y sin posibilidad de rechazar a ningún cliente, llegando a ser agredidas física y sexualmente. Además, eran obligadas a realizar servicios sexuales a domicilio e incluso sin preservativo, por lo que la organización cobraba más a los clientes. Todas las ganancias generadas debían ser entregadas íntegramente a la organización, recibiendo únicamente el 50% de los beneficios restantes una vez descontados los gastos de alquiler y manutención.

La red ofrecía a las víctimas la posibilidad de regularizar su situación administrativa en España a través matrimonios fraudulentos mediante el pago de elevadas cantidades de dinero. Una vez regularizada su situación, la red utilizaba su identidad para dar de alta el acceso a suministros, cuentas bancarias o números de teléfonos, con el fin de ocultar la identidad de los principales investigados como responsables de los negocios de prostitución.

Potenciadores sexuales

Los integrantes del entramado criminal también se lucraban con la venta de vigorizantes sexuales y sustancias estupefacientes a los clientes que acudían a los prostíbulos, lo que suponía un incremento considerable de sus ganancias. En uno de los tres prostíbulos investigados se ha constatado que, en el periodo de un año, los beneficios obtenidos ascendieron a 1.200.000 euros, lo que evidencia el elevado lucro derivado de la explotación de estas mujeres.

La Policía también ha podido constatar que la organización criminal llevaba un exhaustivo control económico de la actividad delictiva, utilizando distintas páginas web para interactuar con los clientes y ocultar la identidad de los cabecillas. Asimismo, se realizaban envíos de dinero a ciudadanos chinos encargados de efectuar el cambio de moneda a yuanes, ingresándose posteriormente en cuentas bancarias en China.

También se han incautado cinco vehículos de alta gama, 190.000 euros de dinero en efectivo, pistolas taser y de aire comprimido, puñales, cuchillos, katanas, nunchakus, xirequetes y otros armas. Así como joyas, relojes, teléfonos móviles y otros artículos de lujo. Además, de abundante documentación relativa a la actividad delictiva llevada a cabo por esta organización criminal.

Entre los bienes intervenidos se encuentran varios terminales punto de venta (TPV), propiedad de las principales investigadas, que se encuentran asociados a negocios comerciales sin actividad real, utilizados exclusivamente para el cobro de servicios sexuales.

En esta operación la Policía ha contado con la colaboración de la ONG Our Rescue.

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