Macrooperativo policial en el laboratorio investigado por peste porcina: 40 agentes y 12 horas previstas de registro

El dispositivo que desde antes de las nueve de la mañana ha accedido al laboratorio IRTA-CReSA, investigado por el brote de peste porcina y ubicado en las inmediaciones del campus universitario de la UAB, está formado por 40 agentes de la Unidad de Consumo de los Mossos d'Esquadra y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). El objetivo es recabar muestras de virus para determinar si se trata de una cepa similar a la detectada en los jabalís infectados con peste porcina africana (PPA).

Días atrás, el Ministerio de Agricultura informó de que se había encontrado material genético del virus similar a otro detectado en Georgia en 2007, el cual se utiliza en los estudios sanitarios y veterinarios sobre este patógeno similar a los que se tratan en el IRTA-CreSA.

Secreto de actuaciones

Además de cotejar las muestras obtenidas en el laboratorio con las detectadas en los animales muertos en Collserola, los agentes están requisando documentación y dispositivos electrónicos, como ordenadores, en los que se almacena información sobre la actividad del centro, según han explicado varias fuentes a EL PERIÓDICO. Lo hacen por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès, que ha señalado el secreto de las actuaciones.

El registro de las instalaciones podría alargarse cerca de 12 horas teniendo en cuenta que han reclamado documentación muy técnica y específica sobre experimentos y proyectos del laboratorio, así como el clonado de los ordenadores, un proceso complejo que requiere su tiempo. En este sentido, varias fuentes apuntan a que se ha tomado la decisión de copiarlos ante la imposibilidad de que los agentes puedan llevarse los aparatos debido a que el centro debe seguir funcionando.

Delito contra el medio ambiente

Fuentes policiales destacan que se deberá analizar la información obtenida y consultar a varios peritos para esclarecer, primero, si el virus salió o no de estas instalaciones y, en el hipotético caso afirmativo, si fue producto de una negligencia o incluso un sabotaje. En ambos casos se trataría de un delito contra el medio ambiente. Los agentes estiman que se tardarán semanas en procesar la información obtenida durante las horas de registro antes de presentar su atestado al juzgado de Cerdanyola.

Tanto los Mossos como la Guardia Civil han remarcado que la entrada y registro en las instalaciones se está llevando a cabo "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación". Por el momento, los agentes han tomado muestras y han pedido información sobre proyectos, experimentos, protocolos de seguridad y sanitarios así como los procesos para deshacerse de los animales usados para su actividad.

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