Urbanismo
Multa de 380.000 euros por construir una plaza de toros y un helipuerto ilegales en una finca de Mallorca
La Agència de Defensa del Territori, organismo insular que vela por la legalidad urbanística en suelo rústico, tramita un expediente sancionador por varias obras realizadas sin licencia en esta propiedad
La plaza de toros que se construyó en la finca de Esporles, en la zona de Canet / DM
Por qué confiar en El Periódico La Agència de Defensa del Territori de Mallorca (ADT), organismo insular que se encarga de la disciplina urbanística en suelo rústico, inició el pasado octubre un expediente sancionador contra la propiedad de una finca de Esporles que, entre otras obras ilegales, ejecutó una plaza de toros y un helipuerto sin la licencia urbanística preceptiva.
La resolución se basa en varias actas de inspección levantadas en noviembre de 2024, junio de 2025 y agosto de 2025, que detectaron actuaciones presuntamente ilegales en las parcelas 53, 54 y 56 del polígono 4. Si el proceso administrativo concluye tal y como se ha planteado, la sanción a la que se enfrenta la propiedad puede ascender a 381.314 euros.
Las obras realizadas sin licencia incluyen la construcción de un edificio revestido de piedra, una fosa séptica, una pista circular de arena de 700 metros cuadrados, un cercado para animales, muros de piedra seca, una estructura soterrada en ejecución, así como una pista ecuestre de 2.500 metros cuadrados y una losa de hormigón circular de 10 metros de diámetro.
Según la resolución oficial a la que ha tenido acceso este diario, la ADT valora el conjunto de las actuaciones materializadas en la finca en 127.104,87 euros, considerándolas constitutivas de una infracción urbanística muy grave, sancionable con una multa de entre el 250 % y el 300 % del valor de las obras. La propuesta fija la sanción en 381.314,61 euros, aplicando el porcentaje máximo al concurrir agravantes previstos en la Ley de Urbanismo de Balears (LUIB).
La resolución concedía a la empresa un plazo de 15 días para presentar alegaciones, si bien dicho plazo quedó suspendido mientras se cumplía el periodo de dos meses otorgado para solicitar la legalización de las obras o presentar un proyecto de restablecimiento de la realidad alterada.
El procedimiento, que tiene un plazo máximo de un año para resolverse, contempla reducciones de la sanción en caso de legalización o demolición voluntaria de lo construido, además de un posible descuento adicional si la empresa reconoce la infracción y paga de forma anticipada.
Finales de 2024
El caso de estas construcciones ilegales se conoció a finales del año pasado. Como adelantó en su día este diario, el Ayuntamiento de Esporles, presidido por el alcalde Josep Ferrà (PAS-Més), detectó la existencia de unas obras tras las quejas vecinales por ruidos y movimientos de maquinaria pesada en el entorno de un agroturismo de la zona de Canet.
Un helicóptero en la propiedad de Esporles / DM
El Consistorio constató la falta de licencia y el celador municipal elaboró un informe que se envió a la ADT. En ese momento, el alcalde Ferrà ya expresó su «perplejidad» por el hecho de que se estuviesen haciendo unas obras de semejante magnitud sin ningún tipo de licencia.
Ese noviembre de 2024, el Consistorio comunicó a la propiedad de las parcelas afectadas la obligación de frenar de forma inmediata las obras hasta que dispusiesen de las licencias correspondientes.
Burladeros de pega
Por las imágenes que trascendieron del interior de la finca, esas obras que se detectaron a finales del año pasado avanzaron de forma notable durante los meses siguientes, porque, por ejemplo, la plaza de toros aparecía aparentemente acabada, con sus burladeros pintados al detalle y unos toros de pega en unas dependencias auxiliares. También había una caseta anexa decorada con motivos taurinos.
Vecinos de la zona llegaron asegurar que se habían celebrado varios festejos en este coso. Igualmente, estos residentes informaron del tráfico de helicópteros. El pasado mes de agosto, la Agència de Defensa del Territori clausuró tanto la plaza de toros como el helipuerto.
La propiedad
La compañía que explota el agroturismo se llama Baleares Investment Group, domiciliada en Madrid. En un principio, la empresa alquiló la propiedad y posteriormente la compró a la familia Seguí, exdueños de sa Granja de Esporles, según informaron en su momento fuentes municipales.
El pasado verano, la Fundación Franz Weber (FFW) solicitó a las administraciones públicas que aclarasen si los presuntos eventos taurinos celebrados en esta finca privada se ajustaron a la normativa vigente.
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