Sucesos
Las pesadillas de la asesina, la cinta americana y las huellas, claves del crimen del Lago de Sanabria
La Audiencia considera probado que dos procesados medicaron a la víctima para anular sus posibilidades de defensa antes de meterla en una bolsa, taparle ojos y boca con cinta y arrojarla al río Tera para repartirse las pensiones

La imputada Ana Cristina se cubre las cara con las manos al conocer el veredicto del jurado; al fondo, el otro condenado, «Marineiro». / L.O.Z. (Archivo)
Las huellas que aparecieron en la cinta americana con la que los dos condenados por el asesinato del hombre que apareció en el río Tera, Jaime G., con la que taparon los ojos y la boca e impedir que pudiera respirar al ser arrojado al río Tera son esenciales en la decisión del jurado y, por ende, en la sentencia dictada por la Audiencia de Zamora que impone 22 años para la imputada y 17 para el otro procesado por el crimen ocurrido entre el 23 y el 27 de diciembre de 2019.
La magistrada que presidió el juicio con jurado, Ana Isabel Morata Escalona, alude en la sentencia a los testimonios de los dos peritos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil que afirmaron sin lugar a dudas que "los acusados han tocado la cinta", aunque sí apuntaron una tercera huella que no lograron identificar. Con esa afirmación zanjaron las dudas sembradas por la abogada y el abogado de la pareja condenada, de Ana Cristina P.A.S., y de Antonio C.G.C., alias "Marineiro", lo que convenció al jurado de la vaidez de la prueba principal.
Esta conclusión fue avala por el testimonio de los agentes que intervinieron al inicio de las diligencias y que investigaron el caso, subraya la sentencia que alude a las dos vueltas de cinta sobre la cabeza de la víctima que confirmaron estos guardias civiles, quienes apuntaron que en el lugar donde aparece el cadáver no existen restos de más cinta. Estas circunstancias confirman que Ana Cristina y "Marineiro" fueron los autores del asesinato.
La jueza fija en 120.000 euros la indemnización a pagar a la hija de Jaime en "una sentencia muy satisfactoria" para el abogado de la acusación, Miguel Ángel Martín Anero, a pesar de que "nada puede reparar el dolor de la pérdida de un padre".
"Todavía oigo gritar al hombre"
Para reafirmar la culpabilidad y condena a la imputada y al coautor del crimen, la magistrada apunta a las "las conversaciones grabadas" como otra prueba clave, en las que se puede escuchar a Ana Cristina confesando a su última pareja que "todavía oye gritar al hombre", a lo que se suman otros audios en las que habla de que han podido "sacar fotos del coche en la autopista hacia Puebla de Sanabria, no tardarán en saber que es mío", de su Renault Laguna, el mismo que vende el 31 de diciembre y del que llega a decir más adelante que en él "se han sentado muchos culos" y que será difícil que los agentes encuentren huellas.
Afixia por sumersión vital
El resultado de la autopsia que indica como causa de la muerte de Jaime G. "asfixia por sumersión", lo que implica que el fallecido estaba inconsciente cuando le arrojan al agua, puesto que "el agua se habría introducido en el aparato respiratorio de la víctima impidiendo la llegada o el aporte de oxígeno a los pulmones y la salida o expulsión de dióxido de carbono". La conclusión de los forenses de que esa sumersión fue vital se refuerza con el hallazgo de más de 750 milímetros de agua en el estómago y en el duodeno.
Agravantes que definen el asesinato
Todas esas pruebas llevan a la audiencia a imponer un total de 39 años de prisión para la pareja, una pena que es mayor para Ana Cristina, 22 años de cárcel, porque la magistrada añade a la agravante de alevosía, la del delito de "tomar las medidas para evitar que se identificara el cuerpo" al despojarle de documentación, y el móvil económico, quedarse con las pensiones de Reino Unido de Jaime, jubilado de 70 años, al que convenció para que le incluyera en sus cuentas bancarias. De hecho, ella llega a quedarse con 42.319 euros de la víctima al disponer del dinero que Jaime tenía en su banco de Chaves. "Marineiro" cumplirá 17 años de cárcel al no poder comprobar que el móvil económico estuviera detrás de su participación en el crimen. La sentencia sigue el hilo argumental del veredicto del jurado para condenar a quien era casera del muerto.
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