Drones irregulares en el Park Güell o la Sagrada Familia: la Guardia Civil interpone 261 denuncias por estos vuelos

El uso de drones cada vez está más extendido pese a que muchos pilotos desconocen las estrictas normas para hacer volar estos aparatos. Por eso, las fuerzas de seguridad levantan sanciones cada vez que se encuentran con un uso no autorizado o irregular, como en espacios urbanos o cerca de infraestructuras críticas como es el aeropuerto.

De este control se encarga la Guardia Civil, en concreto el Equipo Pegaso, que tiene la misión de alertar ante cualquier vuelo de dron irregular para sancionarlo, además de poder inutilizarlo con material especial. En 2024 los agentes interpusieron 261 denuncias en Barcelona por incumplimiento de la normativa de vuelo con drones y hasta mediados de este año se habían abierto más de un centenar de actas de infracción, según han explicado fuentes del Instituto Armado a EL PERIÓDICO.

Desde la Guardia Civil se señala que las zonas más comunes de la ciudad donde se realizan vuelos irregulares lugares turísticos como Sagrada Familia, Barceloneta, Parque Güell, Tibidabo y Montjuïc. En declaraciones a este medio, el guardia Lorenzo, del Equipo Pegaso, explica que prácticamente cada día que salen de patrulla por los lugares de Barcelona más atractivos para los visitantes levantan acta por algún vuelo no autorizado. Habitualmente son turistas que los usan para hacer la foto o vídeo del monumento al que acuden a conocer, como la Sagrada Familia.

En este sentido, el año pasado se denunció a un piloto que fue identificado tras realizar vuelos a más de un kilómetro de distancia y fuera de su control para grabar el monumento de la Sagrada Familia. Otra actuación tuvo lugar cerca del aeropuerto de Barcelona cuando se detectó a un operador que hacía volar un dron a 500 metros de altura cerca de este equipamiento, lo que representaba un grave peligro para la seguridad aérea.

Vuelos no comunicados

La Guardia Civil señala que los motivos de las sanciones son la falta de registro del operador que usa el dron, la carencia de coordinaciones necesarias con ENAIRE, encargada de la gestión de la navegación aérea en España, y la omisión de comunicación del vuelo al Ministerio del Interior.

Los agentes recuerdan que el uso de drones está regulado y que volar en determinadas zonas requiere una autorización expresa. Para verificar si un espacio está restringido, se recomienda a los operadores consultar las plataformas oficiales de navegación aérea, a través de ENAIRE y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), organismo encargado de estos permisos.

El Equipo Pegaso de la Guardia Civil tiene una base en el aeropuerto de Barcelona y supervisa el espacio aéreo en la provincia. Su actuación se centra en asegurar la protección de personas e instalaciones críticas, como evitar intrusiones en el espacio aéreo del aeropuerto de Barcelona. Además, inspeccionan aeródromos y campos de aeromodelismo. Esta unidad también se ha desplegado ante grandes eventos como el Gran Premio de Motociclismo en Montmeló o la Copa América de Vela.

Los agentes detectan, identifican y denuncian infracciones relacionadas con vuelos no autorizados, garantizando el cumplimiento de la normativa aérea mediante el análisis de datos técnicos almacenados en los sistemas de detección, como la identificación del dron, su marca, modelo y número de serie, lo que permite identificar a los pilotos y proponer sanciones.

La unidad también dispone de medios técnicos para la neutralización e inhibición de drones cuyos vuelos no están autorizados y puedan suponer una amenaza inminente a personas e infraestructuras.

Multas de hasta 250.000 euros

El guardia Lorenzo ha explicado que patrullan por toda la provincia con un vehículo que lleva un radar que detecta a los drones desde una distancia de cinco kilómetros. Además, les ofrece todo tipo de información como marca, modelo, su posición y la del piloto, la trayectoria, la altura o el recorrido de vuelta programado en caso de emergencia. Con todos estos datos acuden a ver al piloto y le piden la documentación para saber si se trata de un vuelo autorizado.

En 2019 hubo un 'boom' de compra de drones, ya que había precios asequibles con buena tecnología, y por eso se usaban para captar imágenes y vídeos pero de forma irregular, señala el guardia quien recuerda que estos aparatos son "aeronaves y no juguetes". Desde entonces nota que hay más "concienciación" de la población por su uso, aunque todavía se detecta alguno cerca de algún aeródromo o helipuerto de hospital que puede poner en riesgo otra aeronave tripulada si se aproxima.

Para interceptarlos, la Guardia Civil tiene inhibidores que emiten una señal que funciona como barrera, ya sea entre el mando de control del piloto y el dron o en el sistema de GPS del aparato. El piloto deja de ver la cámara del dron y de poder gobernarlo, mientras que la aeronave hace un aterrizaje de emergencia al no detectar señal.

El guardia Lorenzo explica que la normativa diferencia entre pilotos profesionales y aficionados en el momento de sancionar. A los primeros la cuantía de la multa mínima es de 4.500 euros mientras que para los segundos es de 60. Luego, lo máximo para los dos tipos de pilotos es de 250.000 euros, según la infracción cometida y dependiendo del daño provocado con el vuelo de un dron.

Suscríbete para seguir leyendo