Un agricultor español, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención

La mayor parte de procesos concursales que se tramitan son de personas particulares, que no han podido hacer frente a sus obligaciones de pago por razones muy distintas. Desde hace años, existe el mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad, que permite la exoneración de este dinero en casos que pueden considerarse como justificados. Un ejemplo de ello está protagonizado por un agricultor de Castellón, que se vio en la ruina al querer acceder a una ayuda para el campo.

En el marco del Plan de Desarrollo Rural de la Unión Europea, este agricultor había obtenido la aprobación de subvenciones por valor de 55.000 euros. Confiado en la palabra institucional, adelantó una inversión de 25.000 euros. Pero cuando todo estaba hecho, el Gobierno cambió los requisitos y denegó la ayuda.

Deudas y exclusión financiera

La consecuencia fue una cadena de deudas que se agravó con la llegada de la pandemia. Sin ingresos suficientes para afrontar alquileres y gastos, se instaló en una dinámica insostenible. La puntilla llegó con la exclusión financiera: estar en un listado de morosos se convirtió en una condena social, cerrándole las puertas a cualquier empresa que pudiera contratarlo. De trabajador con proyectos pasó a invisible económico.

Esto le supuso más de 91.000 euros en deudas acumuladas con entidades privadas y públicas. Una cifra que diferentes organismos, entre ellos el propio Estado.

Reconocimiento judicial

Fue necesario un proceso judicial para revertir la situación. El juez reconoció que no había mala fe, sino un ciudadano arruinado por confiar en unas instituciones que cambiaron las reglas cuando ya había invertido. La exoneración llegó y, con ella, el alivio de poder empezar de nuevo.

José Domínguez Sánchez, portavoz de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, lo expresó con contundencia: "Cuando el propio Gobierno provoca el agujero económico de un ciudadano y después le exige pagar hasta el último céntimo, lo que está haciendo no es justicia ni economía: es traición a la confianza del pueblo".

Pero este caso no es solo una victoria personal. "Es una radiografía incómoda de nuestro sistema: el Gobierno pide confianza al ciudadano, pero cuando la confianza se rompe, lo único que defiende son los números de su recaudación. El valor de una deuda no es el papel timbrado que la contiene, sino la legitimidad que la sostiene. Y en este caso, esa legitimidad estaba rota desde el momento en que el Estado incumplió lo prometido", remarcan desde la asociación.