Un doble agresor sexual sale de la cárcel de Tarragona tras cumplir 20 años de condena "con alto riesgo de reincidencia"

Entre el 20 de julio y el 18 de agosto de 2005, Jamal Anin, vecino de El Prat de Llobregat, violó a dos mujeres, una en Gavà y otra en Castelldefels. La Audiencia de Barcelona lo condenó en 2007 por dos delitos de agresión sexual, más un tercero por robo con intimidación, a una pena de 31 años y medio de prisión. El tribunal también dictó que el condenado debía indemnizarlas con 20.000 euros por los daños físicos y morales causados con estas dos agresiones sexuales a punta de navaja.

Tras cumplir cerca de 20 años en la cárcel, el máximo permitido por la legislación penitenciaria, Anin, de 39 años, saldrá de la prisión de Mas d'Enric (Tarragona) este jueves. Lo hace sin estar rehabilitado y con un alto riesgo de reincidencia, según han explicado a EL PERIÓDICO fuentes policiales. Esta situación ha activado las alertas, por lo que el preso podría ser objeto de una discreta vigilancia policial.

Protocolo

Desde 2009 existe un protocolo entre el Departament de Justícia y la Fiscalía Superior de Catalunya para presos por delitos violentos que acceden a la libertad y acusan un elevado riesgo de reincidencia, según los servicios de tratamiento penitenciario que lo han evaluado durante el tiempo en el que ha cumplido condena. En estos casos, se alerta a la fiscalía provincial para que, si lo considera necesario, inste a los Mossos d'Esquadra a que adopten medidas respecto al exconvicto, tales como que deba comunicar su domicilio o pasar controles periódicos.

Además, también se contacta con las víctimas para que tengan conocimiento de que su agresor ha salido de la cárcel tras cumplir la condena establecida. La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima trabaja, a través de las oficinas de atención de la zona en la que residen las afectadas, para conseguir mecanismos extraordinarios de protección si son necesarios.

En un caso similar ocurrido en los últimos años en Catalunya, como un agresor de Lleida que fue excarcelado tras acogerse una rebaja de pena por la ley del 'solo sí es sí', la fiscalía instó a los Mossos a hacer un seguimiento no invasivo del interno, quien tenía en vigor una orden de alejamiento de sus víctimas.

Sentencia

La sentencia de la Audiencia de Barcelona establecía que Jamal Anin, marroquí y de entonces 20 años, circulaba en bicicleta el 20 de julio de 2005 por el paseo Marítimo de Gavà cuando abordó a una turista holandesa que se encontraba de vacaciones. Tras amenazarla con una navaja, la arrastró hasta una zona de arbustos y allí la agredió sexualmente, con el agravante de que le retiró el anillo anticonceptivo.

El tribunal consideró que esta acción es "especialmente vejatoria y evidencia más perversidad", porque la "puso deliberadamente en riesgo de embarazo". La sentencia indicaba que, "en esas circunstancias", el ataque "supone una afrenta más allá de la ocasionada a la libertad sexual de la mujer" y por eso determinaba que el condenado debía cumplir la pena más alta de cárcel estipulada para el delito de agresión sexual.

Casi un mes después, el 18 de agosto del mismo año, el agresor, con la cara tapada, abordó a dos mujeres que habían salido a pasear por el Canal Olímpico de Castelldefels. Golpeó a una, las amenazó con una navaja y ordenó que una de ellas permaneciera quieta y estirada en el suelo. A la segunda mujer la agredió sexualmente y la hirió. Antes de escapar, le robó el bolso. A consecuencia de la violación, la mujer sufrió estrés postraumático, del que tuvo que ser tratada por especialistas médicos y psicológicos.

En su resolución, la Audiencia de Barcelona consideró que Anin era el responsable de las dos agresiones sexuales cometidas en Gavà y Castelldefels, con un mes de diferencia, porque su ADN coincidía con el detectado en las pruebas practicadas a las dos víctimas.

Debate abierto

Ahora, veinte años más tarde de entrar en prisión el condenado saldrá de prisión sin haberse arrepentido de los hechos y con riesgo de reincidir, según los responsables del tratamiento penitenciario.

El caso reabre con fuerza el debate sobre cómo acompañar y abordar a este tipo de agresores para que el derecho a la reinserción –teniendo en cuenta el elevado riesgo de reincidencia acreditado– no colisione contra el derecho a la seguridad y protección de terceras personas.

De hecho, en la cárcel, los condenados por agresión sexual no están obligados a seguir programas de intervención específicos, sino que estos son voluntarios, extremo que cuestionan las especialistas en violencia sexual.

Cuando se accede a estas intervenciones, educadores y psicólogos sociales trabajan desde aspectos motivacionales hasta autocontrol y estereotipos y creencias sobre las mujeres. A la vez, existen programas con terapeutas especializados en centros abiertos que atienden a los exconvictos una vez fuera de la cárcel. Un estudio del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) de 2023 apunta a que los excarcelados por delitos relacionados con la libertad sexual registran una de las tasas de reincidencia más bajas (el 5,3%). Las preguntas que arroja este caso es cómo trabajar la prevención de los posibles reincidentes, más cuando la rehabilitación no está acreditada.

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