Sucesos
Cae una banda internacional que traficaba con unos 30 animales de especies protegidas
La Guardia Civil a cinco personas e investiga a otras 18 en Cáceres, Madrid, Málaga, Lugo, Ciudad Real, Almería y Badajoz
La Guardia Civil rescata varios animales protegidos y abre una investigación para localizar a sus propietarios

Imagen de una especie encontrada / Guardia Civil


Germán González
Germán GonzálezPeriodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
La Guardia Civil ha desarticulado una banda dedicada al comercio internacional de especies exóticas en varias comunidades españolas. La organización tenía su epicentro en Cáceres, pese a que se han realizado actuaciones en Madrid, Málaga, Lugo, Ciudad Real, Almería y Badajoz.
En inspecciones en múltiples establecimientos de venta de especies exóticas, almacenes e incluso domicilios particulares, los agentes han inmovilizado en torno a una treintena de ejemplares de fauna protegida, en su mayoría aves exóticas de la familia de los psitácidos-guacamayos, loros yacos africanos de cola roja, cotorras del sol, amazonas aestivas, también reptiles, como tortugas de espolones africanos y tortugas leopardo, así como otras especies invasoras, entre las que destaca una suricata, un mamífero carnívoro originario del extremo sur de África.
Hay cinco detenidos y otros 18 investigados por tráfico y tenencia ilegal de especies protegidas. Presuntamente, formaban parte de una organización criminal que operaba a nivel nacional e internacional, ya que numerosas de las especies detectadas procedían de Portugal. Esta red se dedicaba al transporte, comercialización y tenencia ilegal de especies animales cuyo comercio está estrictamente prohibido o fuertemente regulado.

Imagen de una especie encontrada / Guardia Civil
Durante algo más de un año que ha durado la operación, los investigadores han contado con el apoyo técnico de personal dependiente de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, autoridad administrativa y órgano de gestión principal del convenio sobre el comercio de especies protegidas.
Los detenidos podrían enfrentarse a penas de prisión de entre seis meses y dos años por delitos contra el medio ambiente y la protección de la flora y la fauna. Además, se enfrentan a multas económicas importantes y, en todo caso, a la inhabilitación especial para actividades relacionadas con la tenencia o comercio de animales. La Guardia Civil remarca que este tipo de delitos no solo atentan contra la biodiversidad y el equilibrio ecológico, sino que también contribuyen al deterioro de ecosistemas frágiles y a la extinción de especies de alto valor ecológico, científico y cultural.
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