Claves para entender por qué la Fiscalía del Supremo quiere reabrir el caso de Miguel Ángel Blanco

La mayoría de la Junta de Fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo -- 13 de los 16 integrantes -- se mostró este martes favorable a los recursos presentados por la Asociación Dignidad y Justicia y el PP contra la decisión tomada por la Audiencia Nacional (AN) con relación al asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco. La decisión final, no obstante, corresponderá a la número dos del fiscal general del Estado, María Ángeles Sánchez Conde, debido a la disparidad de posturas entre los dos jefes de sección de lo Penal.

Este órgano jurisdiccional consideró prescrito el crimen cometido en 1997, archivando la causa contra tres integrantes de la cúpula de ETA. La sección cuarta de lo Penal de la AN estimó que el procedimiento abierto en 2022 incumplía con el plazo de prescripción de veinte años estipulado por la ley.

¿Por qué los fiscales del Supremo quieren reabrir el caso Miguel Ángel Blanco?

Este martes la Junta ha discutido si el delito debía prescribir, tal y como indicó la Audiencia Nacional. Las dos reaperturas de la causa en la última década y la emisión de una comisión rogatoria empujan a los fiscales a sostener que el caso debe ser considerado.

Además, los fiscales han votado a favor de considerar nulo el auto de la AN que apoyó esta prescripción, al estar dictado por un órgano incompetente y exceder el tema del recurso, que debía haberse ceñido a la decisión de procesar o no a los dirigentes etarras.

Debe ser durante la fase del juicio oral, tras un pronunciamiento previo, cuando la Sala de lo Penal decida sobre una posible prescripción. Los recursos presentados por las víctimas y el PP señalan que mediante este procedimiento se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la igualdad de armas y a un proceso judicial con todas las garantías.

Los exdirigentes de ETA que podrían ser procesados por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Los recursos buscan la reapertura del procesamiento dictado por el juez Manuel García Castellón en el año 2022 contra los exintegrantes de la cúpula de la banda terrorista Miguel Albisu Iriarte 'Mikel Antza' e Ignacio Miguel Gracia, conocido con el alias de 'Iñaki de Rentería', por su implicación en el asesinato del concejal de Ermua.

Las víctimas se agarran a una reforma del Código Penal del año 2010 que declara imprescriptibles los asesinatos. La Audiencia Nacional, no obstante, consideró que la medida no es aplicable, tal y como el fiscal del caso Carlos García Berro explicó en septiembre. "Cualquier norma procesal que suponga la restricción de derechos jamás puede tener efecto retroactivo", señaló entonces.