Fiscalía exime a Almeida de los ruidos por conciertos en el Bernabéu y apunta a que es la Comunidad quien los autoriza

La Fiscalía de Madrid ha informado en contra del recurso presentado por la asociación de vecinos perjudicados por los ruidos de conciertos en el Bernabéu, que siguen pleiteando pese al aplazamiento temporal de los espectáculos y buscan que la querella por delito medioambiental por la que una jueza Mónica Aguirre investiga ya al Real Madrid incluya al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, y al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Esta petición será analizada por la Audiencia Provincial de Madrid el próximo martes, 1 de octubre, según informan a este diario fuentes de la acusación que ejerce Perjudicados por el Bernabéu. Sobre la mesa, los magistrados cuentan con un informe que firma el fiscal Guillermo de Ávila que, lejos de ver alguna tacha en la actuación del Ayuntamiento, apunta a la responsabilidad de autorizar la celebración de los conciertos que tiene la Comunidad de Madrid.

Señala concretamente, según el informe al que ha tenido acceso esta redacción, que las copias de las autorizaciones para la celebración de los conciertos que se aportan a la querella, y que constatan el carácter extraordinario de este tipo de actividades en el estadio, "no es ya que no las resolviesen los querellados Martínez Almeida y Carabante, es que ni siquiera las otorgó el Ayuntamiento de Madrid, por ser resoluciones otorgadas por la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad Autónoma de Madrid".

La Comunidad echa balones fuera y señala a Almeida

Consultado a este respecto, el Gobierno regional ha devuelto la pelota al tejado de Almeida y Carabante. Desde la Consejería de Medio Ambiente explican que su labor se limita a analizar los informes presentados por el Ayuntamiento y darles el visto bueno. “Lo que hacemos es comprobar que se cumplen o no los requisitos” y, en caso afirmativo, “autorizamos”, traslada un portavoz del área.

“Nosotros no decidimos nada”, subraya esta misma fuente, que insiste en que todas las autorizaciones concedidas en estos meses “venían avaladas por un informe del Ayuntamiento”. En este sentido, la ley de espectáculos públicos que regula estas licencias “no marca ningún límite” al número de actividades extraordinarias que se pueden llevar a cabo en un espacio habilitado para un uso distinto, matizan desde la Consejería, que deja en manos de los tribunales dirimir si se ha hecho un uso incorrecto de esta figura.

Sobre la actividad del Ayuntamiento en concreto, la Fiscalía defiende, por su parte, que de la propia querella --recientemente ampliada-- y de la documentación que la acompaña se desprende, al contrario de lo que pretenden los querellantes, una actividad diligente por parte de los responsables municipales.

Multas de 20.000 euros

Así, apunta a que los agentes del Ayuntamiento que recibieron las primeras quejas de los vecinos por el ruido en el exterior del estadio "no hicieron caso omiso de tales denuncias, sino que ejercieron actividad inspectora, mediciones de ruido y dieron curso a las correspondientes denuncias". También se ejerció la potestad sancionadora por parte de las autoridades municipales mediante la imposición de multas de 20.000 euros a los promotores de los conciertos, según revela el fiscal en su informe.

Concluye, por lo tanto, que "lo arbitrario" habría sido no actuar tras las denuncias por ruido pese a que los vecinos califiquen de "ridículas" dichas multas, que según la normativa aplicable podrían llegar a los 300.000 euros. El debate sobre la cuantía de las sanciones sería, en todo caso, objeto de la jurisdicción contencioso-administrativa, no de la Penal.

Fuentes de la acusación responden a la posición de la Fiscalía que no debe confundirse a quién corresponde dar las autorizaciones con la responsabilidad por ruido, que es algo de competencia exclusivamente municipal. Agregan que la acción del Ayuntamiento no debe entenderse como una actividad meramente sancionadora tras producirse el daño, sino también preventiva, en cumplimiento de las ordenanzas vigentes en materia medioambiental.

Los ensayos también superan los límites

En la ampliación de su querella, en la que los vecinos están representados por el abogado Luis Jordana de Pozas, se aportan informes periciales firmados por ingenieros para demostrar que todos los conciertos, y también los ensayos celebrados en el Bernabéu hasta la fecha, han superado el límite de decibelios permitidos. Los excesos, según las mediciones analizadas por los peritos, en más de un caso han superado en varios miles las fuentes de sonido permitidas.

En este sentido, los afectados argumentan que es responsabilidad del Gobierno municipal, “como responsable de la política en materia de contaminación acústica, impedir el funcionamiento de instalaciones que atenten contra el medio ambiente por razones de contaminación de esta clase”. Y señalan que tanto el alcalde como el delegado son perfectos conocedores de "la situación que se genera con los conciertos que se vienen celebrando", tal y como prueban sus declaraciones públicas al respecto.

La titular del Juzgado de Instrucción número 53, que admitió a trámite la querella de los vecinos ha citado el próximo 29 de octubre al administrador único del Real Madrid Estadio, José Ángel Sánchez Periañez, y al representante legal de la entidad, para tomarles declaración como querellados.

La juez también ha solicitado al Ayuntamiento las actas de mediciones realizadas en las inmediaciones del estadio, pero ha dejado pendientes otras diligencias de prueba que los vecinos consideran fundamentales. Entre ellas procede requerir a Real Madrid Estadio sus medidas de vigilancia y control para prevenir hechos como los denunciados, o al Ayuntamiento la Licencia de funcionamiento que definen las condiciones de la actividad del estadio.