LOS 'MAILS' SECRETOS DEL CASO DEL DESPACHO DE MONTORO (X)
Un letrado del Constitucional filtró información a Hacienda en época de Montoro: "No revelemos la fuente"
"Este es el recurso de inconstitucionalidad presentado por Podemos contra la Ley de Contratos del Sector Público", especifica un email dirigido a un alto cargo del Ministerio

Un letrado del Constitucional filtró información a Hacienda en época de Montoro: "No revelemos la fuente" / Nacho García


Tono Calleja Flórez
Tono Calleja FlórezRedactor
(Gijón, 1974). Licenciado en Ciencias de la Información-Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (1992-1997). Comencé mi periplo haciendo prácticas en La Voz de Asturias (Grupo Zeta), para después pasar a la sección de Internacional de El País. Mi primer trabajo fue en El Faro de Melilla, diario en el que llegué a desempeñar la labor de director. En la Región de Murcia me encargué de la sección de Política en La Opinión de Murcia, periódico de la Editorial Prensa Ibérica (EPI). Ya en Madrid fui redactor en El País en la sección de Local hasta pasar a Tribunales en infoLibre.
También trabajé en la misma sección en Vozpópuli y La Razón antes de incorporarme como periodista a EL PERIÓDICO a las áreas de Tribunales e Investigación.
Especialista en Tribunales, Política, Internacional
Escribe desde España


Cristina Gallardo
Cristina GallardoRedactora de Tribunales
Seguimiento de información jurídica y casos de corrupción e investigación en el Tribunal Supremo, Fiscalía, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia. Analista de temas jurídicos. 25 años como redactora de Tribunales y quince de ellos como responsable de equipo de Tribunales en Europa Press. Jefa de Tribunales de El Periódico de España desde su fundación, en octubre de 2021, y ahora también en Tribunales en El Periódico.


Ángeles Vázquez
Ángeles VázquezPeriodista
Periodista especializada en tribunales desde 1996. Primero en Europa Press, donde fui jefa de la sección de tribunales hasta que me incorporé a 'Público'. El cierre de su edición en papel me llevó a pasar al 'otro lado' e incorporarme a prensa del Ministerio de Justicia. Acabada esa etapa colaboré con el 'Ara' hasta que me incorporé a la redacción de 'El Mundo'. Llegué a 'El Periódico' en 2016 y desde entonces vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.


J. G. Albalat
J. G. AlbalatRedactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Premio del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona a la Trayectoria en el Periodismo del Sector Legal 2023. Colaborador de publicaciones jurídicas. Ha ejercido de profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Una cadena de correos electrónicos de altos cargos del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria revela que un letrado del Tribunal Constitucional filtró información al Ministerio de Cristóbal Montoro. Esta es la conclusión que se desprende de los emails que han podido ser consultados por este diario, de 15 de marzo de 2018, que tiene en su poder el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que analiza en secreto las presuntas irregularidades que podrían haber cometido los directivos del bufete creado por Cristóbal Montoro en 2006, Equipo Económico, del que aseguró haberse desvinculado en 2008.
En concreto, el aludido letrado del Constitucional envía el 15 de marco de 2018 un mensaje al subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, en el que adjunta el "escrito de demanda RI LCSP.pdf.html". Y en el cuerpo del mensaje, explica el motivo del email: "Hola Óscar. El texto no es público, solo se notifica a las partes, pero antes o después os lo enviará la Abogacía del Estado (que ya lo tiene o lo tendrá en breve) para que informéis sobre la contestación a dar, así que te lo adelanto. Un abrazo".
Tan solo un día antes, el Pleno del Tribunal Constitucional había admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos del Congreso de los Diputados contra varios preceptos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por las que se transponía dos directivas europeas.
No revelar la fuente
En la cadena de mensajes de 15 de marco de 2018, el subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, reenvía el documento a varios inspectores de Hacienda, a los que comunica el contenido del mismo: "Este es el recurso de inconstitucionalidad presentado por Podemos contra la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en lo referente a la Prestación Patrimonial Pública No Tributaria (PPPNT). Me han pedido que no revelemos la fuente. Óscar", dice el email, que ha podido ser consultado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Y en otro de los mensajes de la cadena el letrado del Constitucional define de nuevo el asunto de la comunicación con la cúpula de Hacienda: "En todo caso, sobra decir que es mejor omitir la fuente, un abrazo". Y después, el mismo funcionario se vuelve a dirigir a Del Amo, que reenvía el correo a varios inspectores de Hacienda, a los que les especifica: "Me decís qué posibilidades le veis cuando lo leáis. Gracias".
Tal y como adelantó este periódico entre los correos que investiga el juez Rus Vela figura uno enviado por el jefe de gabinete de Cristóbal Montoro en Hacienda, Felipe Martínez Rico, el 10 de febrero de 2015 al "ministro" en el que incluía información fiscal del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. El correo dice textualmente: "Ministro, para tu información. Te he marcado en amarillo lo relevante. He pedido información adicional para aclarar. De momento, van a elaborar una ficha, y te la mandamos antes de dar traslado a MEYSS [Ministerio de Empleo y Seguridad Social]". Monedero ha anunciado su intención de personarse en la causa.
Un expediente contra la fiscal
Los emails, que evidencian las maniobras de la cúpula de Hacienda con Montoro de ministro, están en poder del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que investiga en secreto si los miembros del despacho Equipo Económico (EE), que fundó en 2006 Montoro y del que se desvinculó dos años después, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, según especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, adelantado por esta redacción.
El juez dispone también de un informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria que analiza el contenido de los correos electrónicos que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha ordenado a la fiscal Carmen García Cerdá que no investigue por no considerarlos relevantes desde un punto de vista penal, criterio que fue refrendado por la Junta de Fiscales. El 21 de enero de 2002 el jefe de Anticorrupción conminó a la fiscal, "ante las discrepancias ya surgidas en relación con la dirección de esta causa", que se sometiera "al previo visado de esta jefatura y de su teniente fiscal, Antonio Romeral, todos los escritos" sobre el procedimiento.
Además, Luzón ha promovido la apertura de un expediente por falta muy grave contra la fiscal García Cerdá, a la que acusa de haber desobedecido su orden de no investigar un posible delito de revelación de secretos por el contenido de los emails que ha adelantado esta redacción. Finalmente, el promotor de la acción disciplinaria del Ministerio Fiscal, Manuel Moix, ha finalizado su pliego de cargos contra la fiscal Carmen García Cerdá, en el que propone una sanción de 1.000 euros por desobedecer a su jefe. Sin embargo, el que tiene la última palabra es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tendrá que refrendar o no la decisión de Moix.
De hecho, Romeral fue nombrado responsable de esta parte concreta de la causa. De confirmarse la acusación, la fiscal podría ser sancionada con una falta grave o muy grave. Esta última acarrearía su expulsión de Anticorrupción, y por tanto del procedimiento.
El ex jefe de gabinete de Montoro Felipe Martínez Rico, uno de los autores de los correos electrónicos, es hermano de Ricardo Martínez Rico, que está imputado en la causa de Tarragona, y que también fue hombre de confianza del exministro. En este procedimiento también están investigados de forma indiciaria los socios directores de Equipo Económico Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud. Este último dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Una cuarta investigada es una empleada del despacho que fundó Montoro en 2006.
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