El Supremo vuelve a revisar la política de nombramientos del fiscal general a cuenta de la designación de Delgado para Memoria Democrática

La política de nombramientos del fiscal general del Estado vuelve a estar sobre la mesa del Tribunal Supremo. La misma Sala que el pasado mes de noviembre anuló el ascenso a la cúpula fiscal de su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, llegando decir que con esta decisión Álvaro García Ortiz incurría en "desviación de poder", deberá decidir ahora sobre el nombramiento de ésta como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

El próximo martes, 7 de mayo, los magistrados de la Sala de lo Contencioso administrativo del alto tribunal deliberarán sobre los tres recursos presentados contra este nombramiento, cuando está a punto de cumplirse un año desde que Delgado ostenta el cargo. Lo impugnaron tanto la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la Carrera, como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y también el fiscal antidroga Luis Ibáñez a título particular, al considerarse perjudicado por la decisión del fiscal general.

Fue el 13 de junio de 2023 cuando el Consejo de Ministros designó a la que había sido ministra de Justicia en el primer equipo de Pedro Sánchez, e inmediatamente después fiscal general, como responsable de un departamento de nueva creación y clave en las políticas del Ejecutivo, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Desde el Gobierno se defendió entonces que la designación había sido transparente, pero las asociaciones mencionadas ya se avisaron en esa misma jornada que lo impugnarían ante el Supremo.

El acuerdo también lo recurrió Ibáñez, uno de los tres candidatos a ocupar una plaza "golosa" dentro de la Carrera a la que también aspiraban Juan Calparsoro, de la Fiscalía de Guipúzcoa, y Carlos Castresana, que ejerce en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y que fue el candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional en 2021.

Polémica en el Consejo Fiscal

Los recursos se centran en la elección de Delgado tras un Consejo Fiscal -el máximo órgano consultivo de la Fiscalía- celebrado el 8 de junio de 2023- y que fue especialmente polémico. Una vez iniciada la reunión, los vocales de la Asociación de Fiscales y la organización minoritaria, un total de siete, insistieron en la necesidad de suspender la deliberación y votación de la plaza a la que optaba Delgado para aclarar antes si la candidata incurría en incompatibilidad por su relación sentimental con el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación destinada a los Derechos Humanos. Estas pretensiones cayeron en saco roto y García Ortiz siguió adelante con las votaciones, por lo que la mayoría de los vocales se abstuvieron de participar.

En su recurso, la Asociación de Fiscales defiende ante el Supremo que la elección de Delgado para el puesto afecta a la" imparcialidad y al buen crédito de la carrera fiscal". Se apunta también a la premura para la designación, que obligó a adelantar el Consejo Fiscal para que los nombramientos pudieran materializarse antes del adelanto electoral del 23 de julio. Tras el debate, Delgado únicamente recibió el apoyo de un vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que pertenecieron tanto en su día tanto ella como García Ortiz - y de las dos vocales natas, que son cargos nombrados por el fiscal general.

Por ello solicitan la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros, al igual que hace el resto de recursos que valoran esta semana los magistrados del Supremo. De atenderse sus peticiones, García Ortiz recibiría un nuevo varapalo en el Supremo -ya los sufrió Delgado también por su política de nombramientos- que vendría a sumarse a las controversias internas de los últimos meses a cuenta del informe frente a la investigación abierta a Puigdemont o por la querella contra miembros de la carrera presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso.