Anticorrupción remitió a la Fiscalía Europea contratos de la 'trama Koldo' con Canarias y Baleares

Con el tiempo se suelen hacer las cosas de manera diferente y mientras que con el contrato firmado por la Comunidad de Madrid con el hermano de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, también para la adquisición de mascarillas, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Europea abrieron diligencias de investigación independientes, en la 'trama Koldo' la española ha remitido a su equivalente en Europa los contratos que entiende que podrían afectar a fondos europeos, que son de su competencia.

Se trata de los firmados con el Servicio Canario de Salud y con el de Illes Balears que se sufragaron con dinero procedente de la Unión Europea. El pasado 8 de junio, la Fiscalía cuya jefatura ostenta Alejandro Luzón remitió a sus homólogos europeos por medio de un decreto las actuaciones de la trama de corrupción que afecta a Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos, que podrían ser constitutivas de un fraude en los fondos europeos. Se trata de una actitud muy diferente a la que se siguió con los contratos firmados por el hermano de Ayuso, en los que las dos fiscalías pugnaron por la investigación y acabaron abriendo diligencias de forma independiente, aunque las dos terminaron siendo archivadas.

Contratos concretos

Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas firmó varios contratos con el Servicio Canario de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad canaria, el 22 de abril de 2020. Uno ascendía a 2.095.018 euros para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 del tipo FFP2, en el que se cobraba 447.061 en concepto de servicio de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte, y otro de 4.775.500 también para la adquisición de mascarillas FFP2.

El 4 de mayo de ese mismo año las autoridades canarias adjudicaron otro contrato por un importe de 5.000.000 para el suministro de 2.000.000 de mascarillas KN95. Todos ellos suman algo más de 12 millones de euros. Por su parte, el contrato con el Servicio de salud de Illes Balear, adscrito a la Consejería balear de Salud y Consumo, se firmó el 8 de mayo de 2020 por 3.701.500 para el suministro de mascarillas FFP2.

Tras estudiar durante 15 meses la denuncia presentada por el diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Serrano y después de haber practicado las diligencias que consideró necesarias para investigar los contratos sospechosos, Anticorrupción procedió a remitir a la Fiscalía Europea los contratos que considera son de su competencia "al afectar a fondos de la Unión Europea". 20 días más tarde formalizó una querella contra el exasesor de Ábalos y los empresarios al frente de Soluciones de Gestión respecto al resto.

De esta forma la querella admitida a trámite por el juez Ismael Moreno se centra fundamentalmente en los contratos firmados por la empresa que considera "instrumental" para el cobro de comisiones con Puertos del Estado por 20 millones, Adif, por 12,5, y con la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, por 3,4. Estas adjudicaciones supusieron para los querellados unos beneficios de 16,5 millones de euros. La querella calcula que el beneficio que obtuvieron se sitúa en torno al 32% de los fondos obtenidos.

Como la compra de mascarillas se sufragó en gran medida con fondos europeos, la Delegación de Ciudadanos en la Eurocámara se ha dirigido a la Fiscalía Europea a través de una carta para advirtirle de que podría haber fondos europeos en juego. “Sería un escándalo de gran magnitud que fondos estructurales terminaran financiando presuntas actividades ilícitas vinculadas a una organización criminal, liderada por un asesor del Gobierno”, denuncian los eurodiputados en una nota.

Con independencia del caso Koldo, la Fiscalía Europea ya abrió el pasado verano una investigación porque parte del megacontrato que efectuó el Ministerio de Sanidad para la compra de material sanitario en pandemia podría afectar a fondos de la Unión Europea, recuerda Cs. Estos contratos, exponen los eurodiputados en la misiva, “fueron otorgados mediante el procedimiento de urgencia, sin publicidad ni licitación”.