Las maniobras de Villarejo en Costa Rica: "Quiere que presionemos más para conseguir la extradición"

Las agendas de José Manuel Villarejo incluyen alusiones recurrentes durante varios años a las supuestas maniobras que el clan policial que dirigía el comisario jubilado habría realizado para lograr la extradición a España del empresario navarro Pedro Urrutia, acusado de haber provocado un desfalco de 19 millones de euros en la empresa vasca Indaux, cuya matriz se denomina Asedir.

Estas anotaciones, que están en poder del juez que instruye el caso Tándem, han sido utilizadas como prueba en varias piezas separadas de la causa, pues en numerosas ocasiones resumen las conversaciones que llegó a grabar Villarejo.

Precisamente, este jueves declaran como testigos el propio Urrutia, que acabó condenado a 13 años y seis meses de cárcel; el empresario Ramón A. y un policía que participó en las pesquisas que llevaron a cabo agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), entonces dirigida por el comisario José Luis Olivera, considerado uno de las personas de la máxima confianza de Villarejo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a los tres testigos después de que Urrutia comunicara a la Audiencia Nacional las supuestas maniobras desplegadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo y por el abogado Ernesto Díaz Bastién para que el propio Urrutia entregado a España tras reclamarlo el Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia (Guipúzcoa).

Agendas del comisario

Los personajes que habrían participado en las gestiones sobre este proyecto que Villarejo denominó "IBAN", según escribió Villarejo en sus agendas, fueron el abogado Ernesto Díaz Bastién (Hernes); el ex inspector jefe de la Policía Antonio Giménez Raso (Tony); el comisario jubilado Enrique García Castaño (Big); el socio de Villarejo en la empresa Cenyt Rafael Redondo; y el entonces responsable de la UDEF, José Luis Olivera. También se alude a los clientes que habrían contratado los servicios del clan, a los que el comisario identifica con el apodo de "los marineros".

Los presuntos integrantes de la organización liderada por el polémico comisario jubilado también pretendían mantener contactos con autoridades judiciales de Costa Rica, país en el que vivía Pedro Urrutia, que había contraído matrimonio con una mujer natural de este país centroamericano. En concreto, querían relacionarse con el entonces fiscal de fraudes Celso Gamboa, encargado del caso, y con el bufete de abogados "Matamoros".

Y lo hizo, prosiguen las anotaciones, para conseguir la entrega de este empresario navarro al Juzgado de Instrucción número dos de Azpeitia (Guipúzcoa), tal y como le dijo el letrado Díaz Bastién al propioa agente, que plasmó el 9 de diciembre de 2009 en sus agendas las conclusiones a las que llegó tras conversar con su abogado: "Se trata del tema C. R. Quiere que presionemos más para conseguir la extradición".

Precisamente, ese 9 de diciembre llegó Urrutia extraditado a España. Había sido detenido en Costa Rica el 21 de octubre de 2008. Tan solo un día antes, el 20 de octubre, Villarejo redacta que "Tony" le asegura que "todo estaba en marcha en Costa Rica". Y el mismo día del arresto, Díaz Bastién le informa de "la operación IBAN", por la que este letrado estaba "muy contento". Y el 27 de mayo de 2009, hablan de una "orden internacional de detención".

El 24 de noviembre de 2009, Díaz Bastién ya había asegurado a Villarejo, siempre según las anotaciones del comisario, que "un responsable de Interior" iría a Costa Rica. Y el 3 de diciembre de 2009, el comisario informa al letrado que el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía y el jefe de la UDEF, José Luis Olivera, conocían "las gestiones en Costa Rica". Y el 15 de septiembre de 2014, Díaz Bastién comunica a Villarejo los "preparativos para recuperar los bienes del tema vasco".

En la denuncia que presentó el abogado del empresario navarro se advierte de que "no ha habido manera de conocer qué ha pasado con los bienes" de su cliente en Costa Rica, "de valor sensiblemente superior al importe por el que, junto a otros, fue condenado en cuanto que responsabilidad civil, lo que enfila a la existencia de un enriquecimiento injusto, a favor de la acusación particular, gestionada por Ernesto Díaz Bastién".