La Fiscalía Europea persigue a un grupo criminal que blanqueó en España 8,3 millones con empresas búlgaras y eslovacas

La Fiscalía Europea investiga por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, fraude del IVA, pertenencia a una organización criminal y falsedad a los integrantes de un grupo empresarial afincado en España que tenía ramificaciones en Bélgica, Bulgaria y Eslovaquia, según especifica un auto de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La trama movió de forma irregular 8,3 millones de euros.

El tipo de fraude descubierto por el Ministerio Fiscal se denomina "carrusel", pues los investigados utilizaron varias empresas radicadas en países de la Unión Europea, llamadas instrumentales o 'conduits', que entregaban supuestos bienes a otras empresas de Bulgaria y Eslovaquia (denominadas 'truchas'), que los adquirían exentos de IVA. Estas sociedades no abonaban finalmente el impuesto en estos países.

El Ministerio Fiscal, en base a la documentación suministrada por la Agencia Tributaria, concluyó que el director de la sociedad instrumental BKS Retails BV, un ciudadano de nacionalidad belga, también actuaba como abogado de la red de blanqueo. Siempre según la Fiscalía Europea, se encargaba de "reclutar testaferros para los presuntos miembros de una organización criminal afincada en España".

"Un papel esencial"

BKS Retails cumplía "un papel esencial", no sólo como empresa instrumental (conduit) sino "ocultando el movimiento real del dinero", pues de forma fraudulenta declaró hacer entregas a las sociedades búlgaras Environik Eood y Gitoris Eood y a las eslovacas Genter Trade y Vallerie SRO: "Todas ellas con características propias de truchas remotas", concluye la Fiscalía Europea, que se refiere con esa denominación a empresas que acaban 'desapareciendo, sin abonar el IVA.

Esta empresa declara formalmente haber comprado entre 2018 y 2020 bienes por un importe total de de 8.342.086 euros a una de las empresas vinculadas al grupo.

Una fianza de 500.000 euros

El pasado 19 de enero, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión de la Fiscalía Europea de decretar prisión provisional al imputado fiduciario belga eludible con una fianza de 500.000 euros. Los fiscales justificaron su decisión porque el investigado es de nacionalidad belga, vive en Bruselas y no tiene ningún vínculo con España, ni familiares ni ningún lugar en el que pudiera permanecer en caso de quedar en libertad.

"A ello debe añadirse que no se le pudo encontrar en su momento, por lo que tuvo que recurrirse a la emisión de Orden Europea de Detención para poder ser encontrado y conducido ante la justicia española. La gravedad de los hechos que son objeto de investigación, permiten valorar un riesgo notorio de evadirse de la acción de la justicia", destacaba la Fiscalía.

"Indicios racionales"

Esta explicación del Ministerio Fiscal de Bruselas convenció a los jueces de la Audiencia Nacional, que consideraron que existen "indicios racionales suficientes" que permiten inferir que el investigado belga había estado eludiendo, durante toda la tramitación de la causa, la posibilidad de ser localizado. A diferencia del fiduciario belga, el resto de imputados ya habían declarado.

"Se ha sustraído a la acción de la justicia conociendo la existencia del procedimiento judicial, ya que tenía pleno conocimiento de la entrada y registro judicial practicada en la empresa BKS Retails que él mismo administraba, tal y como reconoció en su comparecencia ante el juez de garantías" de la Audiencia Nacional, finaliza la Sala de lo Penal.