El juicio a los Miami se salda con penas de hasta cinco años y medio y multas de 85 millones

La Audiencia Nacional ha impuesto penas de entre 5 años y medio y 10 meses de cárcel en el juicio contra la banda de narcotráfico y blanqueo de los Miami, en el que 66 de los 81 acusados confesaron los hechos, entre ellos Ana María Cameno, conocida como la Reina de la Coca

, a quien ha impuesto 5 años de prisión.

El juicio a esta "descomunal" y "laberíntica" red, en términos de la Fiscalía, se ha saldado con la aplicación de la atenuante simple de dilación indebida extraordinaria y otra muy cualificada de confesión y colaboración con la Justicia, esta última para los acusados que admitieron los hechos.

La sentencia, de 271 páginas, considera a Cameno, alias Pollito y actualmente en prisión por otra causa de narcotráfico, responsable de delitos contra la salud pública, con pertenencia y jefatura organización, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

La sentencia no aclara la cantidad de cocaína introducida

La Fiscalía atribuía a esta organización la introducción en España de al menos 7,5 toneladas de cocaína, si bien el tribunal afirma en su sentencia que el juicio no ha permitido conocer "la cantidad de cocaína introducida, cómo y cuándo se introdujo, cómo y quién la distribuyó, cuantos viajes se realizaron ni, en definitiva, cómo se llevó a cabo esa importación".

El tribunal cree que hay evidencias constatadas esa importación masiva de cocaína procedente de Sudamérica, si bien no ve prueba suficiente para considerar autor de la misma a uno de los principales acusados, Artemio López Tardón, a quien absuelve del delito contra la salud pública que siempre negó y de pertenencia a organización en grado de jefatura.

Sí le considera responsable, no obstante, de los delitos de blanqueo proveniente del

tráfico de drogas

, contra Hacienda y falsedad, por los que es finalmente condenado a 3 años de prisión y multas de cerca de 85 millones de euros.

Él es uno de los acusados que reconoció los hechos tras llegar a un acuerdo con el fiscal, si bien nunca admitió haber participado en actividades de

narcotráfico

. A su hermano Álvaro, que cumple 150 años de prisión en Estados Unidos por estos hechos y no fue juzgado en España, se le atribuye la dirección de la banda de los Miami.

La sentencia considera probado que entre 2000 y 2010 una organización criminal radicada en Sudamérica y destinada a la introducción de cocaína en Europa, a través de España, se puso en contacto con individuos asentados en el país, si bien se desconoce "la identidad de los proveedores de la cocaína ni la de sus destinatarios".

Sí se ha conseguido acreditar, según el tribunal, que algunos acusados realizaron operaciones de comercio que permitieron la introducción de los beneficios obtenidos por la venta y distribución de la cocaína importada.

Pese a que se desconoce la identidad de los suministradores e importadores de la droga, los magistrados afirman que la investigación dio con quienes, al menos en la segunda mitad de esa década, mantenían desde España continuos contactos con los productores o suministradores de cocaína.

Son, según la sentencia, Ana María Cameno, incondicionalmente apoyada por su entonces pareja, David Vela, y tres colombianos, Raúl y Victor Juárez y Laurentino Sánchez, sentenciados a entre 3 y 5 años de cárcel.

Todos ellos, argumenta el tribunal, estaban al tanto de los pormenores de las negociaciones en cada momento, al igual que sucedía con respecto a los también hermanos Néstor Mario y Carlos Mauricio Gutierrez que, aunque no llegaran a liderar la organización mantenían contactos con los proveedores y coadyuvaban con los anteriores en el buen fin del negocio ilícito.

El macrojuicio a la banda comenzó con la confesión de más de sesenta acusados tras pactar con la Fiscalía a cambio de penas menores, y finalizó con notorias rebajas en las peticiones de condenas por parte de Antidroga para todos los acusados al aplicarles la circunstancia atenuante de dilación indebida del procedimiento.

Esas conformidades, valoró entonces la Fiscalía, permitieron asegurar condenas y recuperar 26 millones de euros en efectivo, además de edificios, vehículos y otros efectos que pueden ascender a 40 millones de euros, todo lo cual irá destinado al plan nacional antidroga.