Crisis migratoria
Los migrantes de la patera aérea de Palma intentan frenar su expulsión de España
La mayoría alegará que tienen familiares en la península para no ser devueltos a Marruecos
Los
migrantes acusados por la patera aérea de Son Sant Joan intentan frenar su expulsión de España tras ser puestos en libertad por petición de la Fiscalía tras quedar derogado el delito de sedición. Los planes del Ministerio Público y de la
Policía
pasan por cumplir ya la orden de repatriación y devolverlos en breve a
Marruecos
sin ser juzgados, trámite al que la Audiencia Provincial todavía debe dar luz verde. Pero los abogados defensores están preparando ya recursos y alegaciones para que se puedan quedar en España. De los 22 encausados, 20 marroquíes están ya en un centro de internamiento de Barcelona
y otros dos han quedado en libertad en Palma. Uno es el joven que fingió el coma diabético para provocar el aterrizaje de emergencia del avión, que al estar acusado de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal no puede ser expulsado sin ser juzgado; el otro es de Palestina, territorio con el que no hay acuerdos bilaterales de devolución.
La derogación del delito de sedición, por el que la Fiscalía reclamaba sendas penas de cinco años de prisión, ha dejado muy tocada la acusación contra los migrantes. El ministerio público, que como alternativa planteó un posible delito de coacciones con penas de tres años de cárcel, optó por reclamar el lunes a la Audiencia la puesta en libertad de las 22 personas que llevaban más de un año en prisión provisional.
Antes incluso de que el tribunal accediera a esta petición el martes, la Fiscalía trazó un plan para que no acabaran realmente libres en España. La inminente excarcelación de los migrantes fue comunicada ese mismo día a la
Policía Nacional
para que volviera a detenerlos en cuanto salieran de la cárcel para cumplir las órdenes de expulsión abiertas contra ellos por la vía administrativa desde su llegada irregular a España y que estaban en suspenso por el procedimiento judicial. Su expulsión sin necesidad de juicio está contemplada en la Ley de Extranjería aunque debe ser autorizada judicialmente, señalaron las fuentes. Fuera de esta vía quedan el pasajero que fingió la dolencia y otras personas residentes en la isla que habrían dado cobijo a los fugados. Los tres están procesados por favorecimiento de la inmigración ilegal, delito que imposibilita su expulsión sin juicio. Tampoco el joven palestino encausado puede ser devuelto a ese territorio.
La vía administrativa permitió sin embargo que 19 de ellos fueran arrestados por la Brigada de Extranjería a las puertas de la prisión de Palma y otro al salir del centro penitenciario de La Roca del Vallés (Barcelona), donde estaba recluido. Estos 20 acusados fueron puestos de inmediato a disposición de los juzgados de guardia, que autorizaron su trasladado a un CIE de Barcelona. Los 19 migrantes que estaban en Mallorca fueron trasladados en varios furgones a primera hora de la tarde de ayer desde la Jefatura Superior de Policía para viajar bajo custodia a la capital catalana. En el CIE pueden permanecer recluidos durante un máximo de 60 días antes de ser entregados a Marruecos.
La Policía Nacional remitió ayer un oficio a la Audiencia Provincial de Palma para que autorice la repatriación a Marruecos de estos 20 acusados. El tribunal ha dado ya traslado a la Fiscalía y a las defensas para que se pronuncien.
Los abogados defensores consultados, que representan a la mayoría de los migrantes, explicaron que recurrirán la decisión de internarlos en el CIE y se opondrán a su devolución a Marruecos. Muchos alegarán que tienen cierto arraigo en España porque hablan castellano, tienen familiares en la península o contratos de alquiler sellados para instalarse en el país.
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