Condenado a 17 años de prisión por la muerte de Janet Jumillas

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 17 años de prisión al hombre acusado de la muerte violenta de Janet Jumillas en

Cornellà de Llobregat

en marzo de 2019, cuyo cadáver apareció dos meses después en un solar de la vecina localidad de El Prat, frente a los 19 años de cárcel que pedía la Fiscalía.

El tribunal del jurado, en virtud del veredicto popular que consideró

culpable por unanimidad al acusado

de los hechos, ha condenado a este hombre -Aitor G.P.- a 17 años de prisión por el delito de asesinato, a una indemnización total de 488.000 euros a la familia de la víctima y a 5 años de libertad vigilada. Asimismo, y a tenor de la gravedad de los hechos, el tribunal impone al acusado la pena accesoria de prohibición de aproximación a menos de 1000 metros a los hijos de la víctima, a sus padres y a sus hermanos, ya sea en su domicilio, lugar de estudio o de trabajo en su caso por un tiempo de 27 años.

En su veredicto, el jurado consideró probado que Aitor G.P. citó a Jumillas -que en el momento del asesinato tenía 39 años- en su propio domicilio, en Cornellà (Barcelona), la mañana del día 13 de marzo de 2019 con la intención de matarla de forma sorpresiva valiéndose de una o varias armas blancas.

De esta manera, el jurado popular avaló que el acusado de este

crimen

era el responsable de la muerte con alevosía de Jumillas en virtud de varios informes periciales y testificales, y rechazó la versión del acusado, que culpaba a dos supuestos desconocidos de la desaparición y el asesinato de la víctima. Además, el tribunal popular alegó que el autor del asesinato atacó a la víctima de forma sorpresiva por la espalda, de forma que Jumillas "no podía prever el ataque", basándose en las pocas heridas defensivas que tenía en las manos.

El cadáver de la joven fue hallado dos meses después en un descampado de El Prat mientras un operario de la limpieza realizaba trabajos de limpieza, que no estaba enterrado, sino "cubierto con maleza y en lonas de plástico".

El jurado popular desestimó además el atenuante por drogadicción que pedía la defensa en caso de ser condenado, al entender que Aitor G.P. no tenía sus capacidades volitivas e intelectivas afectadas pese a ser consumidor de cannabis, a partir de los informes psiquiátricos y médico-forenses.